El proyecto de ley de “modernización de las TIC” se radicó en septiembre pasado en medio de un ambiente de renovación de Gobierno. Se hizo con la esperanza de que prospere, a diferencia de lo que ocurrió con la iniciativa legislativa impulsada por el anterior Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), que fue retirada días antes de que el Congreso de la República dejara de sesionar en junio.
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Sin embargo, el camino se ha venido complicando cada vez más para el nuevo articulado. Al igual que en el intento pasado, el tema delicado es la televisión pública. El riesgo para su financiación fue el factor que, en últimas, llevó al Gobierno anterior a retirar la propuesta. Pero en esta ocasión, el Mintic se muestra confiado no solo en que el nuevo proyecto debe pasar, sino que, por sus beneficios, debe hacerlo con urgencia.
El regulador único
A grandes rasgos, la propuesta es crear un “regulador único” para el sector de las comunicaciones, incluida la televisión, un punto en el que hay relativo consenso: puede no tener mucho sentido seguir regulando para televisión, telefonía e internet por aparte en tiempos en que una misma empresa puede prestar todo ese conjunto de servicios y en que, por poner un ejemplo, el consumo audiovisual de los usuarios puede ocurrir en línea.
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Hoy existe la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que se encarga de regular temas como la telefonía móvil y fija, y, por otro lado, está la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). El proyecto de ley en discusión propone precisamente suprimir la ANTV.
Como ha explicado la ministra TIC, Sylvia Constaín, toda la regulación quedaría en la CRC y la política, en el Ministerio TIC. De hecho, eso es lo que para el Gobierno justifica que los comisionados tengan perfiles técnicos: ingenieros o economistas. La gran pregunta que desde diferentes sectores se ha hecho es dónde quedarían los expertos en contenidos: comunicadores y realizadores, entre otros.
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La autonomía del nuevo regulador
El otro gran interrogante tiene que ver con la autonomía en la generación de la política relacionada con los contenidos si esta queda en manos del Gobierno de turno. La ministra Constaín expresó que “absolutamente nada” en el proyecto de ley afecta garantías constitucionales como la libertad de expresión. “La independencia de contenidos se mantiene”, afirmó.
Pero la conformación misma de la CRC también genera dudas sobre la independencia del regulador que han recomendado entidades como la OCDE. Si bien los cinco comisionados ya no son elegidos de una u otra forma por el presidente de la República, como en la versión inicial, el ministro o ministra TIC vuelve a tener uno de esos asientos. Otro es para un designado por el presidente, otro es para los canales regionales y dos se eligirían por convocatoria pública a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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El fondo único
La otra gran propuesta es la creación de un fondo único, a diferencia de los dos que existen hoy, que son: uno para el desarrollo tecnológico del país y el otro para la televisión pública. Dicha unidad estaría adscrita al Mintic y las contraprestaciones que las empresas depositarían allí para financiar, entre otras, la TV pública se reglamentarían en los próximos seis meses después de expedida la ley.
Para Omar Rincón, crítico de televisión y profesor del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, en principio es correcto que todos los que están obligados “paguen” lo mismo a ese fondo, incluso plataformas como Netflix y Amazon. Sin embargo, el proyecto de ley no involucra esos servicios, conocidos como OTT, y por eso, según Rincón, este proyecto de ley, realmente no es de “convergencia”.
La ministra explicó que la propuesta no involucra las OTT, pues la intención es impulsar la conectividad. Para ella, el tema de los servicios que funcionan sobre esa conectividad sería un asunto para la regulación, no para la legislación.
La comunicación comunitaria
Desde la sociedad civil, por otro lado, señalan que en el proyecto de articulado no se tienen en cuenta elementos como las redes comunitarias de comunicación, que son más que televisión. Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, organización que vela por los derechos humanos en entornos digitales, el papel de estas redes en zonas apartadas es muy importante para cerrar brechas digitales.
Según Botero, es un error pensar que la conectividad en esos lugares se logrará solo con la acción de las grandes empresas. La razón es que existe la posibilidad de que haya población que, a pesar de todo, quede por fuera del mercado porque es muy poca o porque no tiene la capacidad de pago de un servicio. "La comunidad se puede organizar para hacer sus propias redes de comunicación, como una intranet, que luego se puede volver un nodo para internet", dijo. "El modelo debería ser la cooperación (entre grandes y pequeños)".
El espectro
Una diferencia entre la versión inicial de este proyecto y la actual es el tiempo de licencia del espectro radioeléctrico, esa especie de autopista invisible por donde viajan las telecomunicaciones. Antes se hablaba de 30 años; ahora, de 20. Actualmente el límite está en 10, algo que para los privados es un tiempo corto que no genera “seguridad jurídica” para sus inversiones.
Gremios como Asomóvil (Claro, Tigo y Movistar), entre otros, han manifestado estar de acuerdo con el proyecto de ley. Sin embargo, las mayores críticas han venido de organizaciones de la sociedad civil y trabajadores de la televisión pública, como Santiago Rivas, presentador de “Los Puros Criollos”, quien participó en un episodio de La Pulla —canal de opinión de este diario— que criticaba el proyecto de ley TIC. Rivas manifestó que consideraba que esa posición en contra fue la razón para que RTVC sacara su programa de la parrilla de televisión, lo que negó el gerente del sistema de medios públicos, Juan Pablo Bieri, explicando que era un decisión de gerencia para no seguir repitiendo temporadas anteriores.
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El ritmo del debate
Desde el Congreso hay quienes han solicitado un debate más amplio y pausado de esta iniciativa. El senador Antanas Mockus pidió dejar la discusión para 2019, en vista de lo delicado del tema. El senador liberal Luis Fernando Velasco, por su parte, afirmó que pediría a su bancada no estudiar el proyecto mientras no se aclare el asunto de “Los Puros Criollos” y la aparente censura.
La propuesta pasó el debate en comisiones y, con mensaje de urgencia, irá a la discusión en plenarias. La ministra TIC ha explicado que considera urgente aprobar el proyecto teniendo en cuenta que la convergencia regulatoria se viene discutiendo desde 2014; que el Gobierno anterior adelantó diversas mesas de trabajo sobre el tema, cuyos resultados se han tenido en cuenta, y que cerrar la brecha digital en el país no da espera. Rincón, sin embargo, cuestionó: “¿Por qué tanta urgencia? ¿Van a cerrar la brecha digital de aquí a marzo?”.
*El Espectador forma parte del mismo grupo de medios al que pertenece Caracol Televisión.