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La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro volvió al centro de la discusión en la Corte Constitucional. La magistrada Paola Meneses presentó ante la Sala Plena un nuevo proyecto de fallo sobre la demanda que busca tumbar toda la Ley 2381 de 2024, con una propuesta que podría devolver la iniciativa al Congreso por tercera vez.
La decisión todavía no está tomada. La Sala Plena deberá discutir la ponencia y determinar si la reforma puede continuar su curso, si debe regresar al Legislativo para corregir nuevamente su trámite o si, por el contrario, debe quedar definitivamente fuera del ordenamiento jurídico.
El expediente lleva dos años en la Corte. En agosto de 2024, la senadora Paloma Valencia demandó la Ley 2381 alegando errores en el procedimiento mediante el cual fue aprobada. El caso quedó inicialmente en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien presentó tres ponencias que planteaban tumbar la reforma.
Pero el proceso cambió de manos hace cinco meses. Ibáñez salió del expediente después de que la Corte considerara que sus declaraciones públicas sobre el caso habían comprometido su imparcialidad. La nueva ponente es Meneses, quien acaba de presentar su primera propuesta de decisión.
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Según conoció El Espectador, la magistrada mantiene uno de los puntos centrales que ya había planteado Ibáñez: el Congreso no habría corregido adecuadamente los errores de trámite que la propia Corte había identificado.
La historia se remonta a junio de 2025. En ese momento, la Corte no tumbó la reforma, pero encontró problemas en su trámite y ordenó que regresara a la Cámara de Representantes para corregirlos. La decisión permitió que el proyecto continuara, pero bajo unas condiciones específicas.
El Gobierno de Petro convocó sesiones extraordinarias para el 27 y 28 de junio de ese año y la reforma fue aprobada nuevamente. El problema, según la nueva ponencia, es que ese trámite se hizo antes de que los congresistas conocieran completamente los parámetros establecidos por la Corte.
Después, mediante el auto 841 de 2025, el alto tribunal precisó que la Cámara no podía limitarse a votar nuevamente si acogía el texto aprobado por el Senado. Tenía que volver a discutir el proyecto.
Eso tampoco ocurrió como esperaba la Corte. La plenaria de la Cámara decidió no reabrir el debate sobre todo el articulado y se concentró en votar una proposición de la representante María del Mar Pizarro para acoger el texto del Senado.
Es precisamente ese procedimiento el que vuelve a estar bajo revisión.
¿Qué pasaría si vuelve al Congreso?
Si la Corte acoge la nueva ponencia, la reforma regresaría al Congreso para que la Cámara de Representantes vuelva a discutirla. Sería la tercera vez que el Legislativo recibe la iniciativa para intentar corregir su trámite.
Pero el Congreso ya no es el mismo que aprobó la reforma durante el gobierno de Petro. Tampoco lo es el Ejecutivo que tendría que asumir ese proceso: hoy la Presidencia está en manos de Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su desacuerdo con la reforma y ha planteado una “contrarreforma” pensional.
El nuevo Legislativo tiene una composición distinta y el Pacto Histórico, aunque cuenta con 25 curules en el Senado y 42 en la Cámara, no tiene por sí solo las mayorías necesarias. Por eso, una eventual devolución al Congreso ocurriría en un escenario político muy diferente al de 2025.
Hay, además, asuntos económicos que quedaron pendientes durante la suspensión de la reforma. Uno de ellos es qué ocurrirá con las personas que utilizaron la llamada Ventana de Oportunidad de Traslado.
Como contó este diario en julio, el mecanismo permitió que más de 166.000 trabajadores cambiaran de régimen entre Colpensiones y los fondos privados durante los dos años en que estuvo habilitado. El plazo terminó el pasado 16 de julio.
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La ventana fue una de las pocas partes de la reforma que permanecieron vigentes después de que la Corte suspendiera la entrada en vigor de la mayor parte de la ley en junio de 2025. El otro componente que sobrevivió fue el relacionado con las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual.
El futuro de esos traslados también quedó atravesado por otra disputa judicial. En abril y mayo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente las órdenes del Gobierno para trasladar a Colpensiones los recursos de quienes habían utilizado la ventana y se habían cambiado desde los fondos privados.
En su momento, este diario explicó que estaban en discusión más de 27 billones de pesos correspondientes a 119.632 personas, según cifras con corte al 5 de febrero.
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La Corte Constitucional, sin embargo, todavía tiene en sus manos la pregunta principal: qué debe pasar con la reforma pensional en su conjunto.
Por ahora, la respuesta depende de la Sala Plena. Si los magistrados respaldan la nueva ponencia, la reforma no moriría en la Corte, pero tampoco quedaría vigente como fue aprobada por el Congreso de Petro. Volvería al Legislativo, esta vez frente a un Congreso distinto y a un Gobierno que ya anunció que quiere cambiarle el rumbo.
El viacrucis de la reforma pensional todavía no termina. Solo cambió nuevamente de escenario.
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