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Los días de clase que perdieron los estudiantes por los paros de maestros en Bogotá

Un estudio de investigadores de la Universidad Nacional revela que un estudiante bogotano de colegio público perdió, en promedio, 182 días hábiles de clase durante 2012 y 2024 por los paros realizados por maestros. Además del tiempo, los investigadores advierten que puede generar una serie de repercusiones negativas en el aprendizaje, los costos económicos inmediatos en las familias y el futuro laboral de los estudiantes.

Paula Casas Mogollón

20 de enero de 2026 - 08:11 p. m.
La suma de los paros docentes entre 2012 y 2024 equivale a la pérdida de un año escolar completo para los estudiantes de colegios públicos en Bogotá.
Foto: Pexels
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¿Cuántos días de clase pierde un estudiante de un colegio público de Bogotá por los paros convocados por los maestros? Esa fue la pregunta que trataron de responder Hernando Bayona, Tatiana Rodríguez y Andrea García, investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, tras analizar datos recopilados entre 2012 y 2024, un período que representa la trayectoria escolar de un niño o niña, desde preescolar hasta 11. El resultado es inquietante: las constantes interrupciones equivalen a perder 1,01 años escolares completos.

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Bayona, exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media en el Gobierno Petro, cuenta que una primera revisión les arrojó que durante ese tiempo se habían registrado 128 eventos de paro. Sin embargo, añade, buscaban “enfocarse particularmente en los paros que eran promovidos, gestionados y liderados por el magisterio y que hubiesen afectado a toda la ciudad”. Al final, durante ese tiempo, encontraron que se habían presentado 70 paros docentes con suspensión efectiva de clases.

Identificaron que aquellos colegios que están ubicados en localidades con mayor vulnerabilidad socioeconómica tienden a sufrir más los efectos de los paros y que los años con la mayor cantidad de días perdidos son previos a las elecciones del Congreso y Presidencia. Por ejemplo, en 2013 hubo 23 días, en 2017 se reportaron 27 y en 2021 fueron 38. Esto, anotan los investigadores, sugiere “un uso estratégico del paro como herramienta de presión para influir en la agenda del gobierno saliente y en el debate electoral”.

Estos paros, al final, se traducen en 229 días calendario de cese de actividades, y a una suspensión efectiva de 182 días hábiles de clase, lo que al final equivale a perder 1,01 años escolares completos. Las consecuencias de estas interrupciones, a los ojos de Bayona, no solo afectarían el aprendizaje de los niños y niñas, “sino también los ingresos futuros de los estudiantes y las condiciones económicas de sus familias”, pues los efectos se concentran principalmente en estudiantes de entornos socioeconómicos vulnerables, lo que incrementa la desigualdad.

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Los efectos de los paros

La literatura científica que se ha recopilado hasta el momento es contundente al documentar los efectos negativos de las huelgas sobre el rendimiento académico de los niños y las niñas. Por ejemplo, dicen los autores de la investigación, este es un fenómeno multidimensional y podría acarrear diversas consecuencias. “Al cerrar los colegios, no solo se detiene el aprendizaje, sino que se retira a los estudiantes de sus entornos protectores, lo que limita su socialización y pone en riesgo su seguridad alimentaria”, anotan en los resultados.

En el aprendizaje también hay repercusiones. Michael Baker, investigador de la Universidad de Toronto, encontró que en Canadá las huelgas de más de diez días podían tener un impacto negativo y, en un estudio publicado en 2013 en el Canadian Journal of Economics, detalló que habían provocado una reducción en los puntajes de matemáticas en un 29 %.

En Suecia, Per Engzell, del University College of London, junto a su equipo, se dio a la tarea de analizar las consecuencias de la huelga docente de 1989, que obligó a los colegios a cerrar durante cinco semanas. En un artículo publicado en Economics Observatory, de Reino Unido, asegura que las bases de datos robustas de Suecia les permitieron hacer un seguimiento a los alumnos afectados, incluso tres décadas después. Los resultados mostraron que esta cohorte de alumnos “afectados por la huelga experimentó una caída inmediata en su rendimiento escolar de dos puntos porcentuales. Esto sugiere que es mucho más difícil recuperar el aprendizaje perdido que prevenirlo”.

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Este punto lo comparte Bayona, máster en Matemáticas Aplicadas, y lo explica con un ejemplo: imagínese que usted tiene dos días a la semana clase de matemáticas y que, entre clase y clase, hay unos días de descanso. En ese tiempo puede comprender los problemas, hacer ejercicios adicionales que refuercen el aprendizaje o pedir una explicación adicional si la necesita. Pero, si pierde esas clases y le proponen reponer cinco o seis horas seguidas un sábado, no va a tener la misma capacidad de aprendizaje.

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Otra de las afectaciones que ha reportado la literatura es en la vida laboral. En Argentina, David Jaume y Alexander Willén hicieron una investigación pionera sobre el impacto de los paros educativos durante la vida escolar de los estudiantes y las consecuencias en sus ingresos laborales y encontraron que “cada 180 días de paro durante la primaria reduce los ingresos laborales en un 3,2 % para los hombres y en un 1,9 % para las mujeres durante sus años de mayor productividad, que son entre los treinta y los cuarenta años”.

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Así lo detallaron en los resultados publicados en 2021 en The University Of Chicago Press Journals, donde indicaron que, además de los efectos en el aprendizaje y la vida laboral, estos paros generan unos costos económicos inmediatos en las familias, pues, de acuerdo con los datos recopilados, “las madres responden a los paros docentes reduciendo su participación en la fuerza laboral, lo que se traduce en pérdidas significativas de ingresos: diez días de cierres escolares inducidos por paros durante el año reducen los ingresos mensuales laborales de las madres en casi un 3 %”.

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¿Y Colombia?

Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, junto con Silvia Gómez Soler y Juanita Cifuentes González, de este mismo departamento, se centraron en entender estos efectos en Colombia y, para ello, analizaron los efectos que pueden tener en los resultados de las pruebas Saber 11. Para el estudio, las investigadoras tomaron los paros de maestros ocurridos en Colombia a nivel nacional, departamental, municipal e incluso en algunas escuelas, sucedidos entre 2000 y 2016.

Durante este tiempo, añade Abadía, encontraron “que un estudiante del sector público pierde, en promedio, el 35 % del tiempo escolar en un año y que esa pérdida tiene un efecto significativo en el desempeño de las Pruebas Saber 11”. La principal razón de esta afectación, a juicio de Abadía, docente, doctora y máster en Economía, es porque, entre menos clases se dicten, los estudiantes contarán con menos tiempo de instrucción directo y aprendizaje.

Estos resultados, entonces, visibilizan un tema de fondo en el que el debate no se ha logrado zanjar: ¿debe prevalecer, en este caso, el derecho a la educación de los niños y niñas, o el derecho a la protesta de los maestros que quieren manifestarse? En esta discusión no existe una respuesta absoluta y hay varios matices que deben ser considerados. El de la protesta, por ejemplo, explicaba hace un tiempo a este diario Iván Otero Suárez, PhD en derecho público y profesor de la Universidad Externado, se desprende de la libertad de expresión y cuenta con protección como derecho fundamental, tanto en la Constitución como en convenios internacionales. La regla general, agrega, indica que cualquier trabajador podría salir a manifestarse, incluso durante su jornada, sin recibir descuentos en su salario.

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Sin embargo, Fabio Pulido, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, agregaba en ese entonces que, si no existe una causa específica que justifique la ausencia de una persona en su trabajo (los profesores), el empleador (la Secretaría de Educación) sí estaría facultado para descontar el tiempo no laborado. En su opinión, este es un tema que se debe agarrar con pinzas, pues, como señala Abadía, en Colombia todavía hay un vacío legal al respecto. “La Constitución dice que está prohibido suspender actividades cuando se afecta un derecho público fundamental, pero nunca se reglamentó qué significa un derecho público fundamental”, anota.

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