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La comunidad educativa de la Universidad de Antioquia (UdeA) esperaba expectante este miércoles 10 de junio una decisión que podía definir los próximos años. Los nueve integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la segunda universidad pública más importante del país estaban citados desde las 2:00 p.m. con un único punto en la agenda: designar para el período 2026-2029 a un nuevo rector para el plantel, que vive uno de sus períodos más difíciles tras la compleja situación financiera por la que atraviesa y que llevó al Ministerio de Educación a ordenar una serie de medidas preventivas y de vigilancia especial.
Aunque ya estaba todo listo para llevarse a cabo la votación, el CSU detectó un vicio de procedimiento que obligó a aplazar esta decisión hasta el 24 de junio, tres días después de la segunda vuelta presidencial. Ese vicio, revela uno de los integrantes del Consejo, que prefiere no ser citado, es de tiempos: la norma indica que deben pasar 20 días hábiles entre el aval que reciben los candidatos a la rectoría y la designación oficial. En este caso, sin embargo, eso no ha sucedido, pues el aval apenas se dio el pasado 22 de mayo, es decir, hace 12 días hábiles.
En todo caso, esta designación será atípica, a los ojos de Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA, porque la persona que llegue al cargo asumirá en medio de un contexto difícil. La institución cerró 2025 con un déficit de COP 450.000 millones y serios cuestionamientos del Ministerio de Educación a la gestión del entonces rector, Jhon Jairo Arboleda, a quien ordenó apartar del cargo (aunque terminó renunciando antes). En su lugar llegó en febrero de este año Héctor Iván García, nombrado por el Ministerio de Educación, quien ha dicho que, pese a los aportes anunciados por el Gobierno, el dinero no alcanzaría para finalizar este año.
A pesar de este complejo panorama con el que la UdeA empezó 2026, Gil dice que este primer semestre ha sido relativamente tranquilo. “Este año la universidad está mejor que el pasado; un ambiente calmado económicamente y también desde el punto de vista de los conflictos internos”, opina en esa misma línea David Álvarez, egresado y docente de la UdeA. Este contexto, como era de esperarse, ha cambiado en las últimas dos semanas precisamente por la designación de rector que, anota María Isabel Duque, representante del profesorado en el Consejo Superior Universitario (CSU), fue exprés. “Mientras generalmente se demoraba cuatro meses, esta vez se está sacando adelante en dos”, agrega.
En esta discusión, Duque, profesora de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, pide que no se pierda de vista un elemento: todavía no se conoce si el Ministerio de Educación va a levantar las medidas de vigilancia, interpuestas en julio de 2025 y que pierden vigencia en julio próximo, si no terminan extendiéndose. “No sabemos qué ha encontrado hasta ahora la cartera en la institución”, comenta.
Un sector del profesorado y del movimiento estudiantil, como recuerda Gil, sociólogo y egresado de la UdeA, tampoco ve con buenos ojos esta nueva contienda, pues “consideraban que era importante realizar primero una reforma estatutaria para cambiar el período y el rol de la consulta a la comunidad educativa”. Entre sus propuestas estaba que fuera una consulta vinculante, pues, como lo hemos contado en estas páginas, en la actualidad se emplea como un indicador de opinión. En ella participan estudiantes, profesores (divididos por vinculados, ocasionales y de cátedra), personal no docente, egresados y jubilados. Para este año, votaron 9.991 personas.
Aunque no es vinculante, la historia muestra que el CSU de la UdeA se ha caracterizado por respetar los resultados de la consulta. La única vez que no lo hizo, anota Gil, fue en 2015, cuando fue designado Mauricio Alviar como rector. “En ese momento se leyó como una situación compleja de gobernabilidad y como un desconocimiento flagrante de la consulta”, añade. Ahora, en esta contienda, Luquegi Gil Neira fue el ganador en todos los estamentos con 4.206 votos, excepto entre los jubilados.
Un camino a la rectoría lleno de controversias
Esta carrera por la rectoría, a juicio de Duque, del CSU, ha polarizado aún más la universidad y, de hecho, añade que como representante profesoral ha recibido una serie de hostigamientos. También denuncia una campaña “sucia” en las redes sociales, donde varios integrantes del Consejo han sido acusados de recibir sobornos de hasta COP 1.000 millones para cambiar su voto. “No es cierto”, anota.
En el caso de los profesores, el 9 de junio convocaron a una asamblea con el objetivo de establecer una postura clara. Tenían dos opciones: abstenerse de votar o acogerse a los resultados de la consulta y renunciar a esa silla en el CSU una vez finalizara la votación. Durante la reunión, asegura Duque, debatieron argumentos a favor y en contra e incluso se leyó un concepto de Rodrigo Uprimny sobre la situación de la rectoría de la Universidad Nacional de 2024, donde el abogado defiende que el proceso “no es una elección, sino una designación de nueve personas. La consulta es un insumo, pero no es vinculante”.
Aunque no se llevó a cabo una votación, en la asamblea los profesores decidieron respetar la consulta y, una vez terminara la designación, renunciar al CSU. La razón, comenta Duque, es “porque no estamos de acuerdo con el ganador de la consulta, Luquegi Gil Neira”. Entre los asuntos que inquietan a la representación profesoral, añade, se incluye que “fue Secretario General de la administración que llevó a la universidad a esta crisis” e hizo parte de la terna que el Ministerio de Educación consideró tras la renuncia de Arboleda. De hecho, cuando Héctor Iván García fue designado como rector encargado, nombró como vicerrector general a Gil Neira.
Duque cuenta además un detalle que no cayó bien entre los profesores. Después de todos los cambios en la rectoría, le pidieron a los integrantes del nuevo equipo de trabajo que no se postularan a la rectoría. “Entendíamos que no iba a ser un ejercicio equilibrado con las otras candidaturas, pues quienes estaban en ese grupo tenían acceso a toda la información e iban a contar con una ventaja sobre el resto”, comenta. Sus exigencias no fueron escuchadas y Gil Neira renunció a su cargo y se inscribió el 15 de mayo, cuando se cerraban las postulaciones.
Otra de las presuntas irregularidades que Duque dice que se encontraron durante la campaña son las charlas que Gil Neira sostuvo con estudiantes de Turbo. “Hizo política con el proyecto de Ciencias de la Vida”, advierte. Esta iniciativa, con la que la UdeA pretende construir una sede con 18 programas, incluido Medicina, en el Urabá antioqueño, está en pausa y, de hecho, es vigilada por la Procuraduría. Hasta ahora, el CSU no la ha aprobado porque no cuentan todavía con un estudio de costos sobre el valor total del sostenimiento de estos programas.
A las dudas en torno a su visita a la sede de Tumaco se les suman una serie de afiches y de mensajes que se enviaron antes de la consulta a la comunidad educativa. Como parte de un ejercicio electoral, la representación estudiantil compartió un instructivo para explicar paso a paso cómo se debía votar por el o la candidata de su preferencia. Sin embargo, hubo un punto que llamó la atención de varios docentes: en el ejemplo solo salía señalado Gil Neira, abogado y profesor de la UdeA desde 2005.
Cuando ese mensaje comenzó a circular de forma masiva, sostiene Duque, la representación estudiantil ofreció disculpas. Sin embargo, asegura que “el día de las votaciones había miniteca y, encima de los equipos de cómputo, estaba la publicidad de él. Todo eso ocurrió en la facultad más grande, que es Ingeniería”. Frente a estos cuestionamientos, el candidato Gil Neira dijo a El Espectador que respeta la posición de la representación profesoral y las dudas expresadas sobre su campaña, pero insiste en que “deberán presentar las pruebas o hacer las denuncias en los lugares pertinentes”.
Las críticas a su aspiración no se limitan a la campaña. El Comité de Género de la UdeA tampoco ve con muy buenos ojos su candidatura y recuerda que cuando fue decano de la Facultad de Derecho hubo cuestionamientos por presunta violencia institucional y por el manejo de casos de violencia basada en género. Por eso, en un comunicado enviado el pasado 27 de mayo, le pidió al CSU que se abstuviera de “designar como rector a quien no ofrezca garantías éticas, políticas e institucionales suficientes en materia de justicia de género”.
A juicio del comité, la persona que ocupe el mayor cargo en la UdeA debe contar con una trayectoria que “no esté comprometida ni gravemente cuestionada por denuncias, señalamientos o actuaciones asociadas a presuntas violencias basadas en género, ni por presuntos hechos de abuso de poder, hostigamiento, revictimización o encubrimiento”.
Gil Neira responde a esos cuestionamientos y en conversación con El Espectador cuenta que no ha sido notificado de ninguna investigación disciplinaria relacionada con los casos mencionados por el comité. “Lo que hice como decano fue llevar los casos a los organismos disciplinarios y tomar las medidas de protección frente a las víctimas que denunciaron estas conductas”, puntualiza.
Si todo avanza según el nuevo cronograma, la designación se realizará el próximo 24 de junio, apenas tres días después de la elección presidencial. Esa coincidencia en el calendario ha alimentado algunas especulaciones dentro de la universidad. Algunas fuentes consultadas consideran que, dependiendo de quién resulte elegido presidente, sectores con representación en el CSU, entre ellos la Gobernación de Antioquia, podrían impulsar un nuevo aplazamiento de la decisión hasta el 7 de agosto, fecha en la que debe renovarse el CSU. Sin embargo, y por ahora, el futuro de la segunda universidad pública del país sigue en la incertidumbre.
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