¿Fuerza pública en las universidades públicas? Hablan los rectores

Este debate, explica Óscar Domínguez González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), no es nuevo y siempre que aparece en la agenda pública “genera la tensión entre autonomía universitaria y validación de la violencia”. De hecho, en 2019, el expresidente Iván Duque había señalado que cuando se presentaran delitos dentro de los campus universitarios, como el uso de explosivos, armas o agresiones directas, la Fuerza Pública tenía la facultad constitucional de intervenir de inmediato, sin requerir la autorización del rector. Unas declaraciones que fueron rechazadas en ese entonces por varios actores del sector, como la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles.

En medio de este momento de tensión, para Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, “el ingreso de la Fuerza Pública puede llegar a ser contraproducente (…) No hemos tenido muy buenas lecciones que se puedan recoger de esas experiencias pasadas”. Una opinión similar comparte Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), y recuerda que la historia ha mostrado que “cuando la Fuerza Pública ha violentado esa autonomía tratando de repeler o controlar vías de hecho o actos violentos, ha sido desproporcionado y ha causado más daño”.  

El caso más recordado sucedió en la Universidad Nacional el 16 de mayo de 1984. En medio de un acto de rechazo por el asesinato y tortura de Jesús “Chucho” León, estudiante de odontología y quien era el presidente de Cooperación Estudiantil, se registró un ingreso violento de la Fuerza Pública. En un informe entregado a la Comisión de la Verdad en 2021, Carolina Gómez, una de las investigadoras, reseñó que 46 personas resultaron heridas, algunas con armas de fuego, y 81 fueron detenidas, independientemente de si participaron o no en las protestas. Hasta el momento, no hay cifras exactas de asesinatos y desaparecidos. 

Aunque este es uno de los eventos más emblemáticos, la Comisión de la Verdad, en el caso "Universidades y conflicto armado en Colombia", publicado en 2022, detalló que abundan las denuncias en las que “la acción colectiva universitaria recibió como respuesta la utilización de armas de fuego en contra de los manifestantes por parte de la fuerza pública”. Según los datos publicados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre 1962 y 2011, se documentaron 588 crímenes contra integrantes de comunidades universitarias. 

Durante ese período, señaló el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica, en un comunicado, “estudiantes, docentes, egresados y trabajadores fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y procesos de estigmatización que han dejado profundas afectaciones en la vida académica y democrática del país”. Andrés Mora, quien fue rector encargado de la Universidad Nacional a finales de 2025, opina que el problema no es el conflicto que se expresa a veces mediante protestas, sino cómo llegamos a regular esos conflictos con justicia sin violencia. 

La mayoría de estos actos violentos que se han registrado en los campus, asegura Domínguez, de ASCUN, casi siempre han sido protagonizados por actores externos a la universidad. En la Universidad Nacional, por ejemplo, varios de los disturbios violentos que se han presentado dentro del campus son provocados por personas que no pertenecen a la institución, de acuerdo con el rector Peña. “Hemos identificado en algunas ocasiones que son personas que están ocasionando un disturbio en la calle y se esconden dentro de una masa de estudiantes o gente que está en la entrada de la institución”, agrega. 

Un escenario similar se replica en la Universidad del Valle. El rector Guillermo Murillo Vargas cuenta que, después de las protestas, han indicado en varios comunicados del Consejo Académico, del Consejo Superior y de la Rectoría que cuando se presentan estos hechos, la institución “termina siendo víctima de estos actores violentos”. Para Peña, la discusión no debería centrarse en que entre o no la Policía, sino en cuándo debería hacerlo. 

Autonomía universitaria, en el centro del debate 

A juicio de Torres, del SUE, en estas discusiones el respeto de la autonomía muchas veces termina malinterpretándose. Por eso, el primer paso, para él, es aclarar a qué se refiere ese concepto que hace parte de la columna vertebral de las universidades: es la facultad, dice, que le permite a las universidades “pensarnos a nosotros mismos a partir de nuestras responsabilidades misionales, de docencia, investigación, extensión, procesos financieros, procesos administrativos”. Es decir, es un derecho que tienen las universidades para gobernarse a sí mismas con total libertad, sin que el Gobierno u otras organizaciones externas les digan cómo actuar.

El origen del concepto de autonomía universitaria, como explicó en este artículo Sergio Lancheros, integrante del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior (GIPPES), se remonta al movimiento de reforma universitaria que se dio en 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Los estudiantes, en ese entonces, protestaron en contra de “toda forma de autoridad y poderes externos de cualquier índole: político, económico y social, para así primar su producción académica”, contó y agregó que este proceso sirvió como referente en varias partes de América Latina. 

Si bien el concepto recorrió los pasillos de las universidades colombianas durante varios años, solo hasta la Constitución Política de 1991 se reconoció y garantizó. En el artículo 69, la Constitución reza que “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Luego, en la Ley 30 de 1992, se reconoció a las universidades el derecho a definir sus programas, seleccionar a sus profesores y admitir a sus estudiantes, entre otras facultades.

Todos estos elementos, a juicio de Peña, hacen que la autonomía universitaria sea un elemento importante “para el desarrollo académico de cualquier universidad”. Por esta razón, cree Domínguez, de ASCUN, en esta discusión la autonomía no se debería vulnerar y tendría que estar en el centro del debate. La preocupación para Mora, profesor de la U. Nacional, es que en medio del debate se “vulnere la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la libertad académica”.

Teniendo en cuenta esas apreciaciones, la pregunta clave de la discusión que desencadenó De la Espriella es: ¿cuándo debería ingresar la fuerza pública al campus? 

Peña reitera que no hay una respuesta definitiva y que tiene, de hecho, varios matices. Cuenta, a modo de ejemplo, que hace un par de semanas, un estudiante de la universidad fue víctima de un intento de asesinato. Tras el hecho, la Policía entró al campus sin pedir permiso, porque hubo, precisamente, un intento de asesinato. “Es obligación de ellos tratar de esclarecer un crimen. No se nos debe olvidar que las autoridades tienen un margen de competencia que les permite cumplir con su deber”, anota. 

Torres, del SUE, agrega una pregunta más al debate: “Si esa afectación del orden público se genera desde el interior de las universidades, ¿la fuerza pública puede entrar y violentar esa autonomía, o el mecanismo de ingreso para contrarrestar a los sujetos que están generando esa afectación del orden público tiene que hacerse a través de una serie de protocolos?” 

El problema, opina, es que en la práctica terminan desnaturalizando a las universidades y construyendo una narrativa de estigmatización y señalamiento. Esta estigmatización, se lee en el caso "Universidades y conflicto armado en Colombia" de la Comisión de la Verdad, “ha ocurrido a partir de concepciones que presentan al conjunto de la acción colectiva como una mera extensión de iniciativas subversivas”. 

Frente a estos casos de estigmatización, Peña aclara que “los estudiantes no son personas violentas” y que tratará de que la Policía no ingrese al campus en un disturbio regular, donde los estudiantes están protestando. “Entrarían sí y solo sí, por supuesto, se está cometiendo un delito. De lo contrario, jamás aceptaríamos eso”, señala. Recuerda, además, que la petición que han realizado en varias oportunidades es que, como las personas que participan en actos vandálicos, en la mayoría de oportunidades son externas, debería haber un fuerte trabajo de inteligencia para identificarlas. 

Protocolos en universidades públicas sí, pero no así 

En medio de la alocución, el presidente De la Espriella anunció la creación de un protocolo nacional que, hasta el momento, no se conoce. La noticia tomó por sorpresa a las universidades. Según Torres, del SUE, se enteraron después de las declaraciones del mandatario, por lo que le piden ser parte de la construcción de ese documento. “Tratamos permanentemente de preservar en nuestras comunidades la seguridad y la integridad de nuestros integrantes y debe permanecer así”, comenta. 

Desde la Nacional, agrega Peña, también están dispuestos a ser parte de este proceso; mientras que en ASCUN sugieren que se debe delimitar “muy activamente cuando esa violencia transforma la autonomía en una actuación que no está justificada por la misma”.

Entre las formas que propone Torres para enfrentar la violencia en el campus está emplear estrategias educativas, pedagógicas, pero, añade, “no se puede perder de vista que desde la responsabilidad de los organismos de inteligencia del Estado se debe garantizar esa seguridad y un mecanismo para evitar el choque, la fuerza y la violencia”. 

La inquietud de Mora, de la Nacional,  es que esa idea de definir qué protestas son válidas o cuáles no, a su juicio, “puede llegar incluso a ser muy problemática en términos de la libertad de cátedra. Hay una discusión también profunda y es qué se va a entender por protesta pacífica”.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han ofrecido más detalles sobre el protocolo que se creará. Tampoco se han pronunciado sobre cómo será su elaboración o quiénes participarán. Por lo pronto, desde el SUE piden que en la conversación se tengan presentes otras inquietudes que surgen de la propuesta. Por ejemplo, ¿cuál será la forma de participación de las directivas universitarias en la elaboración de este documento? ¿Habrá sanciones ejemplarizantes? ¿Se judicializará a los responsables que están afectando la vida de las comunidades universitarias? 

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚