Juliana Guerrero, excandidata a viceministra de Juventudes, renunció a su cargo como delegada del Presidente de la República en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar. Así lo dio a conocer Alzate Hernández Abogados, que ahora asumió su representación.
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En la carta, Guerrero aseguró que será una renuncia irrevocable y que es una decisión que “obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”.
Guerrero además dijo que estos señalamientos no deben “proyectarse sobre la Universidad o sobre el Gobierno Nacional, ni deben interferir en el cumplimiento de mis funciones públicas”. También le agradeció al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Educación, a la universidad y al CSU y les deseó éxitos en la “labor que continúan desempeñando en función de la educación pública”.
Sobre las investigaciones, aseguró que las enfrentará ante las autoridades competentes y agregó que comparecerá de manera personal y atenderá cada citación que se le formule. “Aportaré todo en cuanto esté a mi alcance para el esclarecimiento de los hechos”.
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Cabe recordar que en la mañana del 27 de julio, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación con la que busca verificar las posibles irregularidades en las que estarían implicadas Guerrero y su hermana, Verónica.
De acuerdo con la Fiscalía, se dispuso el inicio de labores de policía judicial y el caso será trasladado a la Dirección Especializada contra la Corrupción. La investigación fue abierta tras una denuncia realizada y publicada por Revista Semana el pasado 26 de julio, en la que señala a las hermanas Guerrero de, supuestamente, haber gestionado contratos públicos a empresarios a cambio de millonarios pagos.
Juliana Guerrero, de acuerdo con la investigación, habría sostenido reuniones con altos funcionarios para impulsar esos procesos mientras presuntamente recibía cerca de COP 200 millones y, además, un pago equivalente al 10 % del valor de cada uno de los que fuera adjudicado. Verónica, por su parte, sería la encargada de relacionarse con los contratistas.
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En un primer comunicado publicado en la mañana de este 27 de julio, Juliana Guerrero rechazó los señalamientos y aseguró que no había dado declaraciones por respeto a los procesos judiciales que cursan en su contra y recalcó que “ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”.
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