El aumento del salario mínimo para este año puso una nueva presión sobre las finanzas de las universidades públicas. En Colombia, este indicador sirve como referencia para una parte importante de la nómina administrativa, los contratos de prestación de servicios y algunos regímenes docentes, por lo que su impacto en los presupuestos de las instituciones es directo. El problema, según la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros del Sistema Universitario Estatal (SUE) es que ese mayor gasto no siempre viene acompañado de un incremento equivalente en las transferencias del Gobierno.
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Para este año, el salario mínimo aumentó un 23 %, mientras que el Ministerio de Educación plantea un incremento del 7,1 % en los recursos asociados a la política de gratuidad para 2026. La brecha, señala en un comunicado Fernando Noreña Jaramillo, coordinador de la Comisión, es significativa, porque “ese porcentaje (refiriéndose al 7,1 %) es insuficiente y desconoce el impacto real del aumento del salario mínimo”. A esto se suma, advierte Noreña, que los costos de funcionamiento podrían crecer hasta tres veces más rápido que los ingresos, lo que pondría en mayor riesgo la sostenibilidad financiera de las universidades públicas.
Esa diferencia de 16 puntos porcentuales, explica Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), deja “sobre las cuerdas” a muchas instituciones. Los presupuestos para 2026, dice, se elaboraron desde el último trimestre de 2025 con supuestos salariales muy distintos. “Las universidades proyectaron incrementos cercanos al 14 %. Un aumento del salario mínimo del 23 % modifica de manera sustancial esas previsiones y añade una presión que no estaba contemplada”, señala.
En medio del debate, los rectores agremiados en el SUE coinciden en que el problema no es el aumento del salario mínimo en sí, sino que no se haya dimensionado su impacto sobre las finanzas de las universidades públicas.
Helberth Augusto Choachí, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, reconoce, por ejemplo, los efectos positivos del incremento, pero insiste en que las alertas de las instituciones deben ser escuchadas, pues estas decisiones inciden directamente en su funcionamiento. “Ese es el gran problema”, resume Andrés Mora, quien se desempeñaba hasta este jueves como rector encargado de la Universidad Nacional.
Los puntos a tener en cuenta
Sergio Lancheros, politólogo y magíster en ciencias económicas de la Universidad, considera que en este tema “todavía hay más incertidumbres que certezas”, por lo que invita a no caer en el alarmismo. En varias universidades, dice, han empezado a circular rumores, como la pérdida de la gratuidad o aumentos desmedidos en las matrículas, que no necesariamente corresponden con la realidad. “No desconocemos que puede haber un efecto sobre la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior, pero es un asunto que se debe manejar con pinzas”, afirma.
La gratuidad en la matrícula es uno de los frentes que podría verse afectado, sobre todo en aquellas universidades que calculan el valor de la matrícula con base en el salario mínimo, como ocurre en la Universidad Nacional. Otras instituciones, en cambio, utilizan el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que ha amortiguado el impacto del aumento, a juicio de Lancheros.
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Mora pone como ejemplo el caso de la Universidad Nacional. Allí, el 60 % de los estudiantes cuenta con gratuidad; un 30 % no accede a este beneficio, pero recibe apoyos institucionales para pagar la matrícula; y el 10 % restante no tiene ayudas, aunque los incrementos que se les aplican son limitados. “No queremos que nadie termine desertando”, señala.
Los ajustes asociados a la matrícula impulsados por el aumento del mínimo representarían un incremento de cerca de COP 18.600 millones, según los cálculos de la institución. Si se suman otros gastos que también incrementan con el salario mínimo, como el pago a trabajadores, los servicios de aseo y vigilancia, o las becas y apoyos, el faltante podría ascender a COP 26.400 millones. Si bien Mora ha insistido en enviar un mensaje de tranquilidad, reconoce que el margen de maniobra es estrecho y que el reto es garantizar que ningún estudiante se vea afectado ni que se dispare la deserción.
Una situación similar se presenta en la Universidad Pedagógica. Choachí explica que las proyecciones presupuestales se hicieron con un incremento menor al finalmente decretado por el Gobierno, por lo que un aumento del 23 % del salario mínimo significaría un faltante cercano a los COP 19.000 millones solo en el programa de gratuidad. Otras universidades han optado por ajustar los valores con base en el 7,1 %. La Universidad de Caldas es una de ellas. Paula Andrea Chica, vicerrectora administrativa, indica que esta decisión respondió a un “análisis técnico y financiero”.
Si no se logran estrategias que compensen la diferencia entre el aumento del salario mínimo y los recursos transferidos, advierte Domínguez, podría generarse “una nueva presión sobre un sistema que ya venía haciendo esfuerzos por cerrar brechas históricas”. Aunque el debate se reactivó por un incremento que no estaba en los planes de las instituciones, recuerda que se trata de un problema estructural. “Los aumentos del salario mínimo han tenido un impacto directo y sostenido sobre los costos de operación de las universidades”, comenta y agrega que “es una tendencia de varios años que se ha traducido en mayores presiones financieras”.
El descalce no es nuevo. Para 2026, el incremento de los recursos para matrícula cero será del 7,1 %, comenta Mora, mientras que el salario mínimo de 2025 fue del 9,5 %. “Ese desfase ya existía”, dice. Para Omar Vanegas, economista y docente de la Universidad Externado, uno de los riesgos es que aumente la contratación de profesores por hora cátedra, una figura más flexible y con menores costos en prestaciones. “Eso tendría un impacto directo en la investigación”, opina.
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La propuesta de las universidades
Desde el SUE, donde están conglomeradas 34 universidades públicas, Choachí, que ha estado presente en las reuniones, aclara que el Ministerio de Educación ha escuchado las preocupaciones de los rectores. Tras una reunión de los vicerrectores administrativos y financieros, en la que se analizaron los efectos del aumento institución por institución, las universidades llevaron una propuesta concreta al Gobierno: que los recursos que se incorporen a la base presupuestal crezcan al ritmo del IPC más 8,9 puntos porcentuales, es decir, cerca de un 14 %.
“Así se podría absorber el desafío no solo en matrícula, sino en todos los gastos que se derivan”, detalla Mora. No obstante, Choachí aclara que un ajuste de este tipo también implicaría reorganizaciones internas y nuevos ejercicios de planeación para construir proyecciones sostenibles.
El esquema de financiamiento de la educación superior es otro de los puntos clave del debate. A juicio de Sergio Lancheros, integrante del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, no se está teniendo en cuenta el valor real de un estudiante. En universidades como la Nacional o la de Antioquia, formar a un estudiante puede costar entre COP 27 y 29 millones al año, mientras que el Estado transfiere alrededor de COP 11 millones por alumno.
Los efectos más visibles de estos ajustes, coinciden desde las universidades, se sentirán a partir de 2027, pues las matrículas de 2026 se determinan con base en el salario mínimo de 2025. En los próximos meses, las instituciones deberán pulir sus estrategias de planeación, teniendo en cuenta que desde enero ya están obligadas a pagar salarios, contratos y otros gastos con el incremento del 23 % decretado por el Gobierno.
En las universidades privadas, el panorama es aún más complejo. Domínguez, de ASCUN, advierte que, además del aumento de los costos operativos, se ha registrado una disminución en la matrícula. “Eso puede generar presiones adicionales sobre el equilibrio financiero institucional”, agrega. Lancheros coincide y plantea la necesidad de instrumentos que permitan ajustar los valores de matrícula sin comprometer el acceso ni la calidad académica.
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¿Qué dice el Ministerio de Educación?
El viceministro de Educación, Ricardo Moreno, explica que desde enero se han venido reuniendo con diferentes universidades e instituciones técnicas y tecnológicas con el objetivo de conocer a cuáles de ellas les podría estar generando el incremento del salario mínimo un efecto sobre la matrícula. En este punto, añade, es claro decir que el aumento del porcentaje “no afecta el total de los costos de la canasta educativa o de las operaciones que realizan las universidades y las instituciones de educación superior”. Agrega que el aumento de los recursos que gira el Gobierno no es una solicitud general de todas las IES públicas, sino unos casos muy puntuales.
Para esos casos de las IES que requieran un valor adicional, complementa José David Rivera, subdirector de Apoyo a la gestión de las Instituciones de Educación Superior y quien ha hecho parte de estas mesas, deberán justificar por qué requieren esos recursos y para qué serán destinados. Las otras, en cambio, tendrán que hacer un ajuste dentro de los presupuestos correspondientes frente a lo que proyectaron el año pasado en noviembre y diciembre, cuando aprobaron el presupuesto general para 2026.
Desde esa perspectiva, insiste Moreno, “las universidades son conscientes de que no se están desfinanciando; lo único que se les está señalando es que deben identificar cuáles son los valores y las variables que más afectan en conjunto su presupuesto”.
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Al final de la discusión, dice Mora, más allá del presupuesto, tanto las universidades como el Gobierno deben buscar las formas de que los derechos a la educación y al trabajo sean compatibles. “Si se mejora la calidad de vida de los trabajadores y se les da un salario vital, no podemos esperar que se disminuyan las conquistas alcanzadas en educación”, comenta.
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