Los detalles y discusiones del informe que sacudió a la Universidad de Antioquia

Cuando Angielly Paola Martínez Ruiz empezó a asistir a las sesiones del Consejo Superior (CSU) de la Universidad de Antioquia como inspectora in situ, hablaba poco y se la veía llenar casillas en un gran archivo de Excel. Con una persona más como apoyo, su informe “preliminar”, de unas 85 páginas, sacudió a la institución al recomendar al Ministerio de Educación el reemplazo del rector John Jairo Arboleda y de otros tres altos funcionarios. El Ministerio, encabezado por Daniel Rojas, acogió esa recomendación y el 30 de diciembre anunció la salida de Arboleda.

Desde entonces, los distintos estamentos han emitido comunicados y el debate se ha trasladado al plano político. El diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Peláez, cuestionó tanto el momento de la decisión (anunciada el 30 de diciembre, en plena vacancia judicial) como lo que considera una extralimitación de funciones por parte de la inspectora. “Ella se desubica de sus funciones: no es procuradora, ni fiscal, ni mucho menos contralora para hacer lo que hizo”, afirmó, consultado por El Espectador, y anunció que pedirá la nulidad de las medidas ante un juez.

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No vale la pena extenderse de nuevo en la grave situación financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia (un tema que ya hemos abordado muchas veces en otros artículos), pero Pablo Patiño, investigador y decano de la Facultad de Medicina de la institución y exvicerrector, cree que sí es necesario recordar que la crisis no responde a sospechas de desfalco ni a “robos monumentales”, sino a una decisión institucional de crecer en cobertura, planta académica y compromisos misionales sin contar con una financiación suficiente y sostenida en el tiempo.

“Nosotros crecimos comiéndonos por dentro, endeudándonos, gastándonos la plata que no nos podíamos gastar”, resume María Isabel Duque Roldán, representante de los profesores ante el CSU. En ese contexto, varios de los puntos que la inspectora Martínez plantea en su informe no han pasado desapercibidos al momento de evaluar la forma en la que la administración de Arboleda gestionó la crisis financiera. Algunos actores también se preguntan si el Ministerio de Educación tuvo fundamentos suficientes para intervenir o si, por el contrario, la decisión responde a una disputa política y de poder alrededor de la autonomía universitaria.

¿Hubo “obstrucción” de la información?

“Lo primero que hizo ruido es que nunca conocimos ese documento. En principio, uno pensaría que, por derecho natural, quien está siendo evaluado debería conocer su caso, pero eso no pasó”, nos dijo una alta directiva de la Universidad, que pidió reserva para no generar más tensiones con el Mineducación. Hasta el cierre de esta edición, la Universidad seguía sin recibir oficialmente ese informe.

La remoción del rector tampoco ha cumplido todo el proceso de notificación formal, que debe ir en dos direcciones: una institucional y una individual, dirigida al rector John Jairo Arboleda, quien se encuentra de vacaciones y fuera del país. Quien hoy está al frente de la institución es Marcela Ochoa Galeano, vicerrectora general y cuya salida, de hecho, recomienda la inspectora en su informe.

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Lo segundo que sorprendió a esa directiva, que estuvo muy cerca del proceso de entrega de información a la inspectora, fueron las acusaciones de “bloqueo” y “obstrucción” que la inspectora Martínez incluyó en su informe. Allí habla de una “obstrucción sistemática y deliberada”, que se habría evidenciado, entre otras cosas, en restricciones al acceso a información digital, como carpetas de OneDrive que aparecían con mensajes de “acceso denegado”. Desde la Universidad no niegan que esos problemas ocurrieran, pero rechazan que respondieran a una estrategia institucional para limitar la inspección. Los atribuyen a fallas técnicas involuntarias (errores de permisos en enlaces compartidos) que, según dicen, fueron corregidas después, algo que la propia inspectora reconoce en su informe.

También le llamó la atención a esa directiva de la Universidad el relato sobre la asignación de su espacio de trabajo. Martínez sostiene que no se le garantizó una oficina adecuada y confidencial, mientras que un directivo de la institución asegura que desde el inicio se le ofrecieron varias opciones, una de las cuales ella aceptó, y que las inconformidades surgieron días después. “Me dijo que había mucho ruido y que ahí iba a tener reuniones de alto nivel. Yo me fui un fin de semana y cuando regresé ya tenía una queja formal”, señala. El directivo asegura que intentó resolver la situación de manera directa y cordial. “Le escribí y le dije: yo le resuelvo el problema”, afirma. No obstante, sostiene que fue en ese momento cuando apareció la acusación de obstrucción. “Ahí me di cuenta de que, o había una hipersensibilidad, o eso hacía parte del constructo que se estaba armando”.

Aunque pueda parecer anecdótica, la discusión sobre si hubo o no una obstrucción sistemática es clave, porque esa fue la razón por la que la inspectora pidió el reemplazo del rector y de la vicerrectora, a quien acusa de haber dirigido el proceso de obstrucción. (Puede ver: Ranking de los mejores preicfes en Colombia 2026)

Dejando de lado esa discusión, harían falta varios artículos más para abordar, una por una, las cifras del informe de inspección que describen la situación financiera de la institución. Martínez retrata a una universidad que, para el cierre de 2025, tenía un déficit de caja superior a los COP 134.000 millones. A ello se suma lo que denomina una “pérdida de rastro” de recursos en el Programa de Salud (donde reporta una brecha de COP 5.816 millones entre los registros y el dinero en las cuentas de la Universidad), así como un “faltante no justificado” de unos COP 455 millones en los ahorros destinados a préstamos para empleados y jubilados del Fondo de Bienestar Universitario (FBU). Sobre este último punto, el informe sugiere que dichos recursos habrían sido utilizados para cubrir gastos generales de funcionamiento, como respuesta a la crisis de liquidez de la Universidad.

Dos entidades concentraron la atención de la inspectora. La Fundación Universidad de Antioquia (FUA) y la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS).

La inspección denuncia la existencia de una “zona de total oscuridad” alrededor de la FUA. Según Martínez, la Fundación se negó de manera sistemática a entregar información, escudándose en su condición de entidad de derecho privado. De hecho, la inspección recomienda la salida del rector Arboleda, señalándolo de impedir el acceso a la información contractual de la FUA, “entidad que preside estatutariamente y sobre la cual mantiene un conflicto de intereses estructural”.

No todos están de acuerdo con esa acusación. “Al ser otra entidad, y de carácter privado, si él entrega esa información, termina yéndose a la cárcel”, dice Peláez.

Formalmente, la Fundación Universidad de Antioquia no hace parte de la estructura administrativa de la Universidad. Tiene personería jurídica propia, patrimonio independiente y un régimen de contratación privado. El informe de la inspección sostiene que la Universidad utiliza a la FUA como una especie de “caja externa” o administradora delegada para ejecutar los proyectos de mayor cuantía y complejidad (como los de extensión o los financiados con regalías), lo que permitiría operar bajo reglas de derecho privado.

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Pero en una respuesta a la inspección, la Universidad señala que su relación con la Fundación se basa en contratos de mandato sin representación, mediante los cuales le encarga la administración y ejecución de ciertos contratos, principalmente interadministrativos, sin que la FUA actúe en su nombre ante terceros. La Universidad mantiene la titularidad y responsabilidad sobre los recursos, pero delega la operación diaria de los proyectos. Según cuatro docentes e investigadores que conocen este modelo, este esquema facilita la ejecución de contratos de extensión e investigación que aportan al sostenimiento del servicio educativo, generan ingresos, fortalecen grupos y programas académicos y permiten mantener capacidades técnicas que no podrían financiarse solo con el presupuesto base.

Para quienes defienden el modelo, la FUA es una ventaja porque, al regirse por derecho privado, puede operar con mayor agilidad y cumplir plazos que la estructura universitaria dificultaría. Para la inspección, en cambio, esa flexibilidad implica algunos riesgos: salida de recursos de la caja directa, menor trazabilidad sobre excedentes y costos, ejecución de grandes proyectos por fuera de controles y topes salariales, y restricciones al acceso a la información, en tensión con las obligaciones de transparencia de una universidad pública.

Pero son mucho más graves los señalamientos que recaen sobre la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS).

Sugerencia de una “nómina paralela”

Bajo el denominado “hallazgo 1”, la inspectora sugiere en su informe la existencia de una “nómina paralela” al interior de la Universidad, sustentada en el uso de lo que denomina como una “tercerización administrativa”, a través de la CIS, una entidad cuya historia comienza en 1995, cuando cinco universidades de Antioquia se unieron para fundarla como un proveedor de servicios y personal.

La Universidad rechaza de forma tajante cualquier acusación o sugerencia de la existencia una “nómina paralela”. Sostiene que su nómina es una sola y que el concepto usado por la inspectora no se ajusta a la definición jurídica de instancias como la Corte Constitucional, pues solo existe nómina paralela cuando se encubren relaciones laborales para evadir el empleo público. En el caso de la CIS, afirma que no hay tal encubrimiento, ya que el personal tiene contratos laborales formales con esa entidad, con salarios y prestaciones, y no con la Universidad.

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En un documento que la UdeA envió al Ministerio de Educación fechado eel 15 de diciembre, la institución diferencia dos conceptos: tercerización laboral e intermediación laboral. Según la rectoría, la UdeA solo terceriza servicios que no hacen parte de su misión institucional, específicamente, aseo y vigilancia. La relación con la CIS, en cambio, es presentada en esa respuesta oficial como un esquema de intermediación laboral. Bajo esta figura, la CIS suministra “trabajadores en misión” que prestan servicios personales directos a la Universidad, en labores de apoyo administrativo y misional (con excepción de la docencia) y de carácter transitorio.

Para la Universidad, este esquema es legal y responde a la necesidad de cubrir picos de trabajo ligados a proyectos de investigación y extensión. “Nosotros tenemos en todas las unidades académicas unos profesionales de apoyo para los asuntos misionales. Estos son contratos a término fijo, normalmente por 11 meses”, dice Edwin González, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública (FNSP) y parte del Consejo Académico de la Institución. “Llamar a eso ‘nómina paralela’ me parece profundamente impreciso”, agrega González.

Con estas salvedades, las cifras de la inspectora plantean el siguiente panorama: en 2020, la Universidad pagaba COP 100.219 millones a la CIS y COP 94.837 millones a su propia planta administrativa. Para el año 2023, el gasto en la CIS ascendió a COP 167.441 millones, mientras la planta propia se redujo a COP 87.838 millones. Para ese año, la Universidad pagó COP 1,9 pesos a la CIS por cada COP 1 peso invertido en su planta.

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Con esas cifras sobre la mesa, Duque, representante de los profesores ante el CSU, considera posible que la contratación a través de la CIS haya terminado funcionando como un “camino fácil” para expandir la estructura administrativa más allá de lo que habría sido posible por la vía de la planta oficial y los concursos públicos, restringidos por la ley.

La propia Universidad reconoce que el modelo con la CIS podría tener oportunidades de mejora. Un estudio interno de 2025 había identificado lineamientos para evitar posibles ineficiencias como duplicidades de funciones, niveles jerárquicos innecesarios y procesos obsoletos. De hecho, ante la crisis de flujo de caja, se lee en el informe de inspección, la Universidad redujo el contrato con la CIS de COP 167.441 millones (2023) a 122.802 millones (2024). Con este panorama, ¿qué escenarios le quedan a la segunda universidad pública más importante del país? En nuestra edición del próximo martes, le contamos.

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