
Dos niños pueden nacer el mismo día en municipios distintos de Colombia y tener reconocidos exactamente los mismos derechos culturales, aunque las condiciones para ejercerlos sean muy diferentes. Ninguno eligió el lugar en el que comenzará su vida y, sin embargo, esa circunstancia influirá en la manera como cada uno conocerá su historia, descubrirá los saberes de su comunidad y encontrará espacios para expresar lo que piensa, recuerda y crea. Uno puede crecer donde la biblioteca permanece abierta, existen procesos que continúan más allá de una administración y hay instituciones que acompañan la transmisión de los saberes de su comunidad; el otro, donde depende en mayor medida del esfuerzo de su comunidad o de iniciativas que aparecen por algunos meses y desaparecen con el siguiente cambio administrativo. Las asimetrías institucionales terminarán afectando las posibilidades concretas de conocer, practicar y transmitir aquello que cada comunidad considera valioso.
Pasar del reconocimiento jurídico al ejercicio efectivo de los derechos culturales exige mirar lo que encuentra cada persona en el lugar donde vive. La Constitución y la Ley 397 de 1997 reconocen derechos y responsabilidades culturales que deben hacerse efectivos en municipios con capacidades muy diferentes para mantener instituciones y sostener procesos. Por eso, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo debería incorporar, junto con la cobertura y la ejecución presupuestal, un tercer tipo de resultado que mida aquello que permanece en los territorios después de la intervención nacional.
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Las tipologías territoriales que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) aplica a los 1.103 municipios y distritos muestran que el Estado ya distingue entre territorios según sus capacidades fiscales y administrativas, junto con sus características geográficas y poblacionales. Si esa clasificación sirve para orientar políticas públicas y asistencia técnica diferenciada, también debería tener consecuencias sobre la manera como se diseña y evalúa la política cultural nacional.
El DNP inició la formulación del nuevo Plan el 17 de septiembre, desarrollará en octubre los diálogos regionales participativos y prevé entregar sus bases al Consejo Nacional de Planeación el 15 de noviembre, un proceso en el que corresponde revisar cómo se distribuyen las responsabilidades entre la Nación y los territorios. La Ley Orgánica del Plan exige coordinar ambos niveles bajo criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, de manera que, en cultura, esa discusión debe traducirse en decisiones sobre qué programas requieren continuidad, qué apoyo nacional necesitan los municipios con mayores limitaciones institucionales y qué debe dejar ese acompañamiento para que puedan sostener su propia gestión cultural.
El balance del cuatrienio anterior impide reducir el problema a una supuesta ausencia institucional, ya que el Ministerio de Culturas reportó más de 26.000 apoyos culturales en 963 municipios y 1,4 millones de cupos de formación artística en más de 800 municipios. Los datos permiten afirmar que los programas nacionales alcanzaron una cobertura territorial amplia, pero no establecen cuánto aumentó la capacidad de los municipios para sostener los procesos cuando termina la financiación nacional. Llegar al territorio y dejar mejores condiciones para gestionar la vida cultural deberían tratarse como resultados distintos.
La posibilidad de dejar capacidad en los territorios depende también de que la Nación pueda sostener los programas con los que llega a ellos, en un escenario en el que el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2026-2029 ya proyectaba para el sector Cultura una reducción del 33,6 % entre 2026 y 2029, al pasar de COP 1,146 billones a COP 761.000 millones. A ese margen más estrecho se suma una ejecución nacional con una distancia considerable entre los recursos comprometidos y los que llegan a convertirse en obligaciones; según cálculos propios con información del Portal de Transparencia Económica, el sector comprometió entre el 96,9 % y el 99,7 % de su presupuesto en cada año cerrado desde 2019, mientras la diferencia entre compromiso y obligación pasó de 4,4 puntos porcentuales en 2019 a 33,9 en 2024 y 33,2 en 2025, con una brecha de 44,6 puntos en inversión en 2025.
En 2026, las restricciones de caja hicieron visible otro tramo del problema cuando MinCulturas informó, el 15 de septiembre, que a agosto tenía COP 185.482 millones pendientes de pago asociados al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de los cuales COP 75.436 millones correspondían a Estímulos y Concertación Cultural, con 4.162 beneficiarios de convocatorias afectados. Después de gestionar un PAC adicional de COP 40.000 millones, el Ministerio informó el 30 de septiembre que había pagado COP 37.839 millones correspondientes a 2.096 obligaciones, sin que esos dos cortes permitan establecer si se resolvió la totalidad de lo pendiente.
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Las restricciones alcanzaron además dos de los principales instrumentos con los que la Nación financia proyectos culturales en los territorios cuando, en septiembre, el Ministerio informó que las condiciones presupuestales y de disponibilidad de PAC impedían continuar las etapas previstas para las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos y, el 30 de septiembre, anunció que la nueva edición de Concertación Cultural se proyecta para el primer bimestre de 2027. Estas decisiones no demuestran por sí mismas una pérdida de capacidad cultural municipal, pero muestran la fragilidad de hacer depender la continuidad de los procesos territoriales de programas nacionales cuya financiación, obligación o pago pueden interrumpirse.
El nuevo Plan debe revisar qué resultados pretende medir, porque contar personas atendidas muestra la cobertura y seguir la ejecución permite conocer cuánto avanzó el gasto, aunque ninguno de esos indicadores dice qué ocurrió después en el territorio ni en qué medida el apoyo recibido ayudó a municipios y departamentos a asumir mejor sus propias responsabilidades. La concurrencia debería orientarse a dejar mejores condiciones para sostener los procesos cuando termina el apoyo nacional; para saber si esto ocurre, el PND tiene que incorporar ese tercer tipo de resultado y observar si las iniciativas continúan o si los servicios culturales apoyados logran mantenerse con recursos y gestión territorial.
Cuando aquellos dos niños lleguen a la vida adulta, sus trayectorias culturales mostrarán algo que ningún porcentaje de ejecución explica por sí solo, porque uno puede haber crecido en un territorio donde las instituciones sostuvieron espacios para conocer y transmitir aquello que su comunidad considera valioso; el otro puede haber dependido de oportunidades que aparecieron de manera ocasional y desaparecieron con el siguiente cambio administrativo. El PND no va a cerrar esa distancia en cuatro años, pero sí puede dejar de considerar suficiente que un programa llegue a un municipio; la presencia de la Nación debe medirse también por las condiciones que deja en cada territorio para sostener su propia vida cultural.
*Gestor cultural, investigador y artista. Realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Gerencia y Gestión Cultural y magíster en Gestión Cultural de la Universidad del Rosario, Colombia, con estudios de Posgrado en Políticas Culturales de Base Comunitaria de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, Argentina, y doctorando en Gestión Pública de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
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