Nuevo informe Línea Salvavidas: salud mental y garantías LGBT ante nuevos debates políticos

La iniciativa surgió para acompañar situaciones relacionadas con el acoso escolar, la discriminación, la violencia intrafamiliar, la violencia basada en género y la ideación suicida. El pasado 28 de septiembre se presentó el informe anual de resultados, titulado ¿El silencio como refugio, la escuela como salvavidas? El documento recoge 4.166 atenciones realizadas entre julio de 2025 y julio de 2026 y señala que, desde su puesta en marcha hace siete años, la Línea ha atendido a 18.529 personas.

En el último reporte, la ideación suicida fue el principal motivo de contacto, con el 22,13 % de los casos, seguida por síntomas y signos de ansiedad (15,62 %) y depresión (13,14 %). En conjunto, el 63,9 % de quienes recibieron atención presentó algún nivel de riesgo suicida activo, entre moderado, alto o extremo.

Entre la población atendida hubo personas cisgénero, no binarias, transfemeninas y transmasculinas. En cuanto a la orientación sexual, 134 registros correspondieron a quienes reportaron orientaciones no heterosexuales, principalmente gais, lesbianas y bisexuales. Aunque la Línea tiene un énfasis particular en niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+ que enfrentan situaciones de discriminación en entornos escolares, el servicio está abierto a cualquier persona, sin importar su edad, orientación sexual o identidad de género.

La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años vive con alguna condición de salud mental. La OMS y UNICEF señalan, además, que alrededor de un tercio de estas condiciones aparece antes de los 14 años y la mitad antes de los 18.

Desde el caso Urrego, así ha cambiado la protección de infancias y adolescencias

El caso Sergio Urrego derivó en una decisión que amplió las obligaciones del sistema educativo frente a la discriminación. En 2015, la Corte Constitucional se pronunció sobre los hechos a través de la sentencia T-478 y advirtió un déficit de protección en el sistema educativo frente al acoso escolar y a la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entre otras medidas, ordenó una revisión integral de los manuales de convivencia para garantizar que respetaran a estudiantes LGBTIQ+, así como fortalecer las herramientas previstas para la convivencia escolar y la protección de sus derechos.

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Desde entonces, el país ha sumado otras herramientas. En 2025 entró en vigencia la Ley 2518, que fortaleció la Política Nacional de Salud Mental con enfoque de género y derechos humanos, y la Ley 2503, que creó la Cátedra de Educación Emocional en instituciones de preescolar, básica y media. A estas se suman el Código Dorado, creado mediante la Resolución 347 de 2026 para articular la respuesta frente a la conducta suicida, y el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, creado mediante el Decreto 1311 de 2025.

Para Alba Lucía Reyes, directora de la Fundación y madre de Sergio, el problema está en la distancia entre lo que existe en el papel y su aplicación efectiva. “Hemos avanzado en normas y herramientas; ahora necesitamos que esas herramientas se conviertan, en cada colegio y en cada territorio, en experiencias reales de protección”, afirma en entrevista con El Espectador.

También insiste en incorporar la salud mental de manera transversal. “Una orientación en medio de una crisis puede salvar una vida, pero no siempre es suficiente: necesitamos continuidad, seguimiento y una articulación institucional que permita acompañar a cada joven más allá del momento crítico”. Y agrega que docentes y familias necesitan herramientas para acompañar a niñas, niños y jóvenes.

En paralelo, la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia marcó un nuevo giro político. Ante eso, el informe plantea la necesidad de preservar los mecanismos ya existentes y las garantías para poblaciones históricamente discriminadas.

Un nuevo pulso político sobre los derechos LGBTIQ+

En las últimas semanas, distintos debates y decisiones políticas han vuelto a poner sobre la mesa las garantías para la población LGBTIQ+. Para Alba Reyes, ese contexto también termina atravesando los espacios más cotidianos. “Hoy nos preocupa que las discusiones sobre familia, diversidad sexual y enfoque de género estén ocurriendo en un contexto de alta polarización, miedo y discursos cada vez más violentos, porque lo que sucede en el debate público también llega a las redes sociales, las familias y las escuelas”, afirma.

La directora asegura que, en las conversaciones atendidas por la Línea durante los últimos meses, han observado un aumento de referencias a la desesperanza, el miedo y la discriminación, así como con otras situaciones que afectan la salud emocional de adolescentes y jóvenes. “No podemos afirmar que cada crisis tenga una causa política, pero sí sabemos que la salud mental no depende únicamente de la voluntad individual: está profundamente relacionada con las condiciones sociales, familiares y comunitarias en las que vivimos”, agrega.

Una de las recientes discusiones políticas, por ejemplo, giró alrededor de cómo nombrar los hogares. El 22 de septiembre, durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, cuestionó el uso del plural “familias” en el nombre de algunos programas de la entidad y sostuvo que “la familia es una”. La frase abrió un cruce de opiniones con el senador Duvalier Sánchez y generó reparos entre organizaciones defensoras de derechos LGBTIQ+, que han insistido en reconocer la diversidad de los hogares.

Días después, Restrepo amplió su postura en X y aclaró que ese planteamiento no supone una única composición. “Puede ser papá y mamá, puede ser una mamá, puede ser un papá, pueden ser dos mamás o dos papás, pueden ser los abuelos, los tíos o alguien que un día decidió asumir la responsabilidad de cuidar a otro ser humano”, escribió. Restrepo sostuvo, además, que la obligación del Estado es protegerlas a todas.

El episodio del ICBF no ha sido el único. El 17 de septiembre, el Gobierno retiró a Colombia de la Equal Rights Coalition, una alianza internacional dedicada a la promoción y protección de los derechos de la población LGBTIQ+, justo cuando el país ejercía la copresidencia con España. La Cancillería sostuvo que la participación en ese mecanismo dejó de ser prioritaria y afirmó que el retiro no afecta los derechos de las personas LGBTIQ+ reconocidos en el ordenamiento colombiano. Desde entonces, más de 300 organizaciones, colectivos y personas suscribieron un pronunciamiento de rechazo publicado por Caribe Afirmativo.

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El debate también pasó por el Legislativo. A finales de agosto, la autodenominada bancada Provida radicó el proyecto de “Ley Laura”, que busca prohibir intervenciones de afirmación de género en menores de edad, entre ellas los bloqueadores de pubertad, los tratamientos hormonales y otros servicios relacionados. La iniciativa ha generado cuestionamientos por los efectos que una prohibición general podría tener sobre derechos fundamentales como la salud, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género. Vale aclarar que el proyecto apenas inició su trámite en el Senado y, por tanto, las prohibiciones que propone no están vigentes.

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Para la directora de la Fundación Sergio Urrego, una de las preocupaciones frente al actual escenario es que estas discusiones profundicen el temor de jóvenes que no encuentran espacios seguros para expresarse. “Lo que más nos preocupa es que el miedo termine convirtiéndose en una herramienta para silenciar, especialmente a quienes ya sienten que son diferentes o que no tienen un lugar seguro para expresarse. En los colegios todavía encontramos jóvenes que tienen miedo de hablar, de pedir ayuda o incluso de expresar libremente quiénes son”, dice.

Ese vínculo entre clima político y salud mental ha sido documentado en otros países. En mayo de 2026, The Trevor Project publicó los resultados de su encuesta nacional de 2025, realizada con más de 16.000 jóvenes LGBTIQ+ de entre 13 y 24 años en Estados Unidos. Allí, el 90 % señaló que las leyes, políticas y debates recientes contra esta población les generaron estrés o ansiedad. Aunque estos datos corresponden al contexto estadounidense y no pueden extrapolarse directamente a Colombia, muestran cómo el debate público puede afectar el bienestar emocional de poblaciones históricamente discriminadas.

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