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Una nueva discusión sobre la regulación del trabajo sexual llegó al Concejo de Medellín luego de que una propuesta que buscaba restringir su ejercicio en el espacio público de la ciudad avanzara. Trabajadoras sexuales, colectivos feministas y organizaciones aliadas se unieron en contra de la iniciativa impulsada por el movimiento Creemos, del alcalde Federico Gutiérrez. Con carteles que exigían “fuera el artículo 328 del POT de Medellín” y tras un mes de acciones sociales, legales y digitales, las principales afectadas por la iniciativa lograron que la propuesta se cayera.
El pasado 5 de noviembre, después de más de 14 horas de debate, el Concejo aprobó el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que contempla la revisión y el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Ahora, el balón está en la cancha del alcalde Gutiérrez, quien deberá sancionar el documento que marcará el rumbo urbano de la capital antioqueña durante los próximos 12 años.
El meollo del asunto estuvo en una de las 119 enmiendas presentadas –de las cuales 60 recibieron luz verde–. Una de las discusiones más controvertidas giró en torno a sí se debía prohibir la oferta de servicios sexuales pagos en las calles y demás espacios públicos. La iniciativa fue presentada a principios de octubre por el concejal Andrés Felipe Tobón, quien ya había aspirado a la Alcaldía y cuyo nombre vuelve a sonar entre los posibles candidatos para suceder a Federico Gutiérrez. Además, Tobón llegó al escaño que ocupa en el Concejo con el movimiento político creado por el ahora alcalde.
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Detrás de la iniciativa había dos argumentos principales. Por un lado, Tobón sostenía que el POT debía regular las actividades legales que se desarrollan en la ciudad, incluido el trabajo sexual, para evitar vacíos normativos. Por el otro, aseguraba que su ejercicio en el espacio público estaba vinculado con estructuras criminales y casos de explotación sexual. “La intención era que no se permitiera en ninguna parte del espacio público el ofrecimiento de servicios sexuales, pero los límites constitucionales al final, fueron mucho más claros y, bueno, esta intención es regularizar y normatizar alrededor de lo que legalmente es posible”, dice Tobón a El Espectador.
La propuesta encontró resistencia y prendió las alarmas entre colectivos que decidieron unir fuerzas en la Coalición por la Dignidad del Trabajo Sexual. “Nosotras conformamos una coalición, nos juntamos organizaciones, putas, aliadas feministas y todo el que sentía un llamado político a ser parte de esta lucha”, cuenta Renata Reyes, transfeminista y activista de la ciudad. Más de 3.500 mujeres habrían quedado en situación de indefensión si la prohibición inicial hubiera prosperado, según estimaciones.
En medio de ese panorama, la Alcaldía terminó por introducir una enmienda que aclaró que el POT no prohibiría la libre circulación ni el ofrecimiento de servicios sexuales en el espacio público.
¿Qué cambió en el POT de Medellín y por qué dejó dudas sobre las sanciones a trabajadoras sexuales?
Aunque la modificación fue recibida como un avance por quienes ejercen actividades sexuales pagas, la celebración estuvo lejos de ser completa. Reyes advierte que el nuevo texto dejó una ambigüedad que podría dar lugar a sanciones y actuaciones policiales arbitrarias. “Dice que no prohíben ofrecer el servicio y que solo van a castigar los actos sexuales en la vía pública. Esa fue la narración verbal del representante de la dirección distrital. Pero hacer actos sexuales en la calle ya está prohibido por ley para cualquier persona, reciba pago o no reciba pago”, explica Reyes.
Dora Saldarriaga, exconcejala de Medellín del movimiento feminista Estamos Listas, profesora de derecho constitucional y defensora de derechos humanos, encuentra el problema en las zonas grises que quedaron entre las restricciones y las garantías. El nuevo articulado establece que las áreas y bienes del espacio público no son zonas autorizadas para la prestación presencial de servicios asociados con la prostitución, pero unas líneas más abajo aclara que tampoco se restringe su ofrecimiento ni la libre circulación de quienes ejercen esta actividad.
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Según la abogada, el problema es que la redacción no delimita con claridad qué conductas asociadas al trabajo sexual quedarían reguladas. “Además, se remite a la Ley 1801, que es la de convivencia, que efectivamente sanciona a cualquier persona que realice actos sexuales o exhibicionismo [así como por ejercer la “prostitución” fuera de las zonas u horarios autorizados]. Entonces, ahí ya nos están confundiendo dos cosas. Si la ley ya contempla esa prohibición, ¿qué necesidad hay de incluirla en un acuerdo?”, cuestiona.
Por otro lado, advierte que la disposición entra en tensión con al menos cuatro sentencias de la Corte Constitucional, que brindan garantías frente a la discriminación y la violencia institucional, además de proteger derechos como el mínimo vital, la dignidad humana y las condiciones laborales de quienes ejercen esta actividad.
Ese limbo jurídico podría traer graves consecuencias para quienes ejercen el trabajo sexual, advierte Reyes. Por ejemplo, permanecer en una esquina, conversar con alguien, acordar un precio o incluso vestir de determinada manera podrían ser interpretados por las autoridades como conductas sancionables, lo que aumentaría el riesgo de multas, persecución y abusos de autoridad. También añade que las restricciones podrían desplazarlas de sus lugares habituales hacia zonas más apartadas e inseguras, o llevarlas a depender de establecimientos privados. Para muchas, trabajar en la calle es una decisión autónoma que les permite construir redes de apoyo. “Porque en la calle podemos tejer comunidad, nos sentimos más protegidas por nuestras propias compañeras que por la fuerza policial”, explica.
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A esto se suma que, desde la Coalición reclaman que existió una falta de escucha por parte del gobierno local respecto a este tema. Aunque interpusieron varias acciones y solicitaron entablar una mesa de diálogo para llegar a acuerdos sobre las normativas del ejercicio de trabajo sexual en la ciudad -con la intención de que sean construirlas junto con las principales implicadas-, sus peticiones no fueron escuchadas.
“Queremos que se regule el trabajo sexual en el país para mejorar las condiciones en las que se prestan estos servicios, porque actualmente son indignas. También queremos que las alcaldías, las gobernaciones y hasta el mismo presidente se sienten con nosotras, las personas que ejercemos el trabajo sexual, para que conozcan de primera mano nuestras necesidades y problemáticas, pues desconocen los procesos que se vienen adelantando”, señala Fidelia Suárez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (SINTRASEXCO).
El trabajo sexual no es un delito, la explotación sexual sí
El argumento que se presentó en la capital antioqueña y que se replicó rápidamente en medios de comunicación fue la falsa equivalencia entre las actividades sexuales pagas y la explotación sexual. “En Medellín es casi que imposible lograr una diferenciación entre lo que se entiende como trabajo sexual libre y explotación sexual, debido al papel que juegan las estructuras criminales de cara a este negocio”, sostiene el concejal Tobón.
Esta asociación es precisamente la que cuestionan las fuentes consultadas. “La explotación sexual es un tipo penal, mientras que el trabajo sexual no es ilegal y cuenta con garantías reconocidas por la Corte Constitucional. Esa es la diferencia que hay que tener clara. Lo que deben hacer las autoridades es perseguir la explotación sexual”, insiste Saldarriaga.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia estableció que cuando una persona adulta obtiene acceso sexual a una niña, niño o adolescente a cambio de dinero, regalos u otros beneficios, se configura el delito de explotación sexual. En estos casos, las personas menores de edad son víctimas y quienes pagan por esos actos son explotadores sexuales, no clientes. Si bien el precedente se refiere exclusivamente a menores de edad y no puede extenderse al trabajo sexual voluntario de personas adultas, aún así, fue utilizado como argumento durante la discusión en el Concejo de Medellín.
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“Nosotras no estamos siendo explotadas. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están las estadísticas con las que se presenta esta propuesta de prohibir el trabajo sexual?”, reclama Pamela Roldán Villegas, presidenta de la Asociación de Trabajadorxs Sexuales de Colombia (Asocoltrasexa). Para la lideresa, la falta de diálogo con quienes ejercen esta labor y los señalamientos que las vinculan con el microtráfico, las bandas criminales y otros delitos alimentan la estigmatización y los discursos de odio en su contra, lo que las expone a mayores niveles de violencia.
“El trabajo sexual es trabajo. No le pertenecemos ni a la iglesia, ni al estado, ni al marido y mucho menos a la decisión de un concejal”, concluye Roldán.
La lucha por el trabajo sexual se sigue construyendo en la región
Lo ocurrido en Medellín es solo la muestra de un debate que se agita cada vez más en América Latina. “La arremetida contra las mujeres y las disidencias sexuales es un tema geopolítico. Quien considere que esto es un caso aislado de Medellín o de Colombia desconoce que hay una derecha reaccionaria”, sostiene Saldarriaga. A su juicio, detrás de estas discusiones existe una disputa política más amplia por la autonomía y los derechos de las mujeres.
El pasado 3 de noviembre, Argentina vivió el primer paro nacional del sector, convocado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) tras el asesinato de cuatro compañeras. Con consignas como “¡Ni una trabajadora sexual menos!” y “La clandestinidad mata”, las manifestantes se concentraron frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires. En otras provincias se realizaron movilizaciones y actividades para exigir justicia, reconocimiento laboral y protección frente a la violencia institucional.
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Una muestra de esa violencia ocurrió apenas un día antes del paro, cuando un grupo de jóvenes persiguió y atacó con palos y piedras a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. Las agresiones fueron grabadas y difundidas en redes sociales, en un episodio calificado como una “caza de mujeres trans”, que evidenció rápidamente como se ve la violencia y estigmatización contra esta población.
No obstante, el debate sobre la regulación del trabajo sexual es complejo y las posturas se chocan dentro de los feminismos. Mientras algunos sectores aseguran que debe ser prohibido, otros sostienen que la no diferenciación de lo que es un trabajo elegido y una explotación impuesta es lo que afecta a las personas que toman la decisión de ejercer este oficio. La organización Redtrasex, plantea que “los colectivos que dicen hablar en nombre de los derechos de las mujeres explotadas y representar sus intereses, dan rienda suelta a argumentos abolicionistas y hasta prohibicionistas acerca del trabajo sexual que no hacen más sino seguir invisibilizando nuestras elecciones y nuestra forma de vivir”.
“Es tiempo de que se empiece a comprender que el trabajo sexual no es trata, sino que es una actividad que realizamos mujeres mayores de edad que -por consentimiento propio- decidimos sobre nuestro cuerpo y nuestros medios de vida”, sostienen.
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pedrito(59003)•10 de noviembre de 2026 – 10:34Cuantas mujres de petro aca?, a eso fue a Medellin, a organizar su aharem, para que protestaran
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Berta Lucía(2263)•09 de noviembre de 2026 – 10:37Es posible que una ínfima minoría de prostitutas decida vender su cuerpo; no obstante, habría que ver las condiciones socioeconómicas que hay detrás para evaluar si de verdad hay autonomía. La prostitución no es un "trabajo"; es una de las peores explotaciones en contra de la mujer. Debe penalizarse al cliente; léase proxeneta, incluyendo a los políticos y presidentes que compran los cuerpos de las mujeres y de los trasvestis.
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Berta Lucía(2263)•09 de noviembre de 2026 – 05:22Es posible que una ínfima minoría de prostitutas decida vender su cuerpo; no obstante, habría que ver las condiciones socioeconómicas que hay detrás para evaluar si de verdad hay autonomía. La prostitución no es un "trabajo"; es una de las peores explotaciones en contra de la mujer. Debe penalizarse al cliente; léase proxeneta, incluyendo a los políticos que compran los cuerpos de las mujeres y de los trasvestis.
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Helga66(40077)•08 de noviembre de 2026 – 12:31Si las mujeres deciden transar su cuerpo pues es su propia decisión. Lo que se debe regular es los sitios y condiciones sanitarias y de seguridad en donde se ejerce la actividad. No en todo sitio pueden ejercer la prostitución. La atribución de las autoridades municipales se circuncribe a eso.