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La regulación del uso adulto de la marihuana está en discusión. El cannabis es una industria que promete generar empresas, empleos y tributos. Estoy de acuerdo. Pero siento que en ese querer ir al futuro estamos olvidando a la bonanza marimbera, como un capítulo de nuestra historia al que hemos visto más desde la criminalidad, corrupción y violencia, que desde sus potencialidades económicas. No voy a afirmar que la bonanza fue una época de desarrollo feliz, pero sí que fue un modelo productivo que funcionó porque hubo inversiones, asistencia técnica a los productores, y la generación de ingresos extraordinarios en una región que a duras penas vivía del contrabando. Y eso es un aspecto que podemos aprender en medio de las propuestas actuales de regulación. (Le recomendamos este especial multimedia: El pesebre de marihuana que crece en el norte del Cauca)
La historia del cannabis en Colombia no es tan reciente como parece. En el país hay cultivos de marihuana desde el siglo XVII en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Macizo Colombiano, cuando se instaló la industria del cáñamo para la fabricación textil. El cáñamo, una variedad de cannabis con baja concentración de THC, se terminó adoptando a los climas colombianos y dio origen a las variedades con efecto relajante y de viaje suave.
Ya en el siglo XX, el Estado prohibió la marihuana y comenzó a perseguir a las personas que la usaban, o a quienes cultivaban. Hubo una guerra contra la marihuana porque se encargó a la Policía y al Ejército para hacer frente a una planta por tierra y aire. Esta aplicación de la prohibición, impulsada por Estados Unidos e implementada con entusiasmo por Colombia, no pudo evitar que el negocio de la marihuana, o marimba como se le conocía en el Caribe, “pelechara” durante las décadas del setenta y ochenta, al amparo de una regulación criminal que generó violencia y corrupción. (Puede leer: Las puertas que se quieren abrir a la marihuana en el Congreso)
La bonanza marimbera fue una estrategia que actores criminales y poblaciones rurales utilizaron para impulsar una versión mafiosa del desarrollo agropecuario al que el Estado le dio la espalda, justamente por la prohibición y el abandono de la región. Fue la inauguración de una forma de insertar territorios y comunidades empobrecidas en el mercado internacional a través de productos agrícolas ilegales. Inserción que se mantiene hoy con la cocaína y que nunca se ha caracterizado por una distribución equitativa de cargas y ganancias en el negocio.
La bonanza duró una década. De acuerdo con Lina Britto, la cosa creció entre 1972 y 1978, con un salto cualitativo en la producción y la transformación local. El cóctel de contrabando, rebusque y marginación económica fue una oportunidad de oro para que los inversionistas estadounidenses incrementaran los cultivos, dando facilidades a los agricultores para mejorar los terrenos y cuidar las siembras, lo que nunca hizo el gobierno colombiano. De acuerdo con Betancourt y García, varios delegados de la mafia estadounidense acordaron crear redes de financiación y apoyo para fortalecer la producción, incluso se dio asistencia técnica con agrónomos y biólogos. (Puede ver: La marihuana que ilumina las montañas del norte del Cauca)
De manera que la marihuana despegó gracias a la inversión y asistencia técnica otorgadas a las comunidades rurales de la costa caribe colombiana por la mafia estadounidense. Aspectos que junto con el establecimiento de redes de comercialización terminaron transformando la economía de la región en una década. En su momento, el cannabis siguió los pasos de una economía que quería exportar productos agrícolas, como el café. De hecho, la bonanza marimbera y la cafetera fueron contemporáneas.
Para 1974, el 80% de los agricultores en La Guajira ya cultivaban marihuana y los jornales de los trabajadores se multiplicaron por seis. Jorge Pinzón afirma que el área sembrada de marihuana alcanzó en 1977 las 60 mil hectáreas, más de 100 mil personas vivían del negocio y 100 kilogramos de marihuana costaban cerca de 110 mil dólares. (Le puede interesar: El “falso boom” de cannabis medicinal que se prometió en el norte del Cauca)
El negocio dejó de ser una bonanza entre 1978 y 1985 por gracia de la prohibición, la Operación Fulminante y el auge de la cocaína. De manera que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos desplegaron una estrategia de represión al cultivo y tráfico de marihuana, que tuvo como consecuencia el aumento de los costos de producción y transporte. En 1978 el Gobierno colombiano dio el primer golpe con la Operación Fulminante, movilizando a más de 10 mil soldados de la Segunda Brigada del Ejército con el fin de acabar con la producción y el tráfico de marihuana en la costa caribe colombiana. Luego comenzaron las presiones de Estados Unidos para asperjar glifosato desde avionetas, decisión que tomó el presidente Belisario Betancur en 1984 y las hectáreas de marihuana se redujeron a 8 mil para 1985. Pero el “éxito” de la estrategia no duró mucho, en cuestión de años la producción de cocaína ya era un problema muy serio que terminó opacando a la bonanza marimbera.
De la bonanza quedaron cosas ambiguas, de un lado la violencia y el preludio del narcotráfico, por el otro, la lección de que al final fue una economía de desarrollo agropecuario que el Estado no supo aprovechar. Si queremos que la regulación del cannabis (y de la coca) funcione, tal vez deberíamos fomentar que el Estado y las empresas que hagan parte de un mercado legal financien las inversiones, asistencia técnica y las vías de comercialización para que las comunidades del caribe, que hoy padecen de la desigualdad económica, mejoren sus ingresos y medios de vida.
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