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A tres días de las elecciones legislativas, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia realizó una reunión con el objetivo de analizar las condiciones de seguridad y transparencia en las votaciones. En el encuentro participaron el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz; y el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
En la reunión, los funcionarios destacaron que la organización de las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes es clave para la democracia y que su legitimidad no solo depende de los resultados, sino también “en la confianza en los procedimientos que las estructuran y en quienes los supervisan”.
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El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, aseguró que el objetivo de las instituciones es garantizar unas elecciones transparentes: “Que el Estado brinde las garantías para que todos los ciudadanos puedan votar el próximo domingo con libertad y sin ninguna restricción”.
Asimismo, indicó que con estas elecciones se busca que los candidatos puedan postularse libremente a los cargos de elección popular y que se respeten los resultados. El magistrado Lenis Gómez también destacó que los ciudadanos tienen el deber de informarse a través de fuentes confiables, para ejercer con tranquilidad su derecho al voto.
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El togado instó a que todas las autoridades atiendan y reaccionen con “celeridad” frente a las denuncias de los ciudadanos sobre posibles delitos electorales o presiones a los votantes. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta de X sobre los avances de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para “proteger la vida y la democracia”.
El jefe de cartera señaló que, en 2026, se han realizado 14 incautaciones de dinero y 20 capturas en distintos departamentos, asociadas con dineros destinados a la compra de votos para las elecciones del 8 de marzo, por un total de COP 1.760 millones.
Aunque queden en libertad, la investigación penal continúa.
— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 5, 2026
Adelante @PoliciaColombia y @FuerzasMilCol para proteger la vida y la democracia. Eso es lo que dice la constitución y la ley. Ese es el correcto actuar.
Dinero incautado y que podría llegar a tener relaciones con… pic.twitter.com/pj8jfcOhWm
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Entre estas incautaciones se encuentra la de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hace parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. El hombre, identificado como Luis Alfredo Acuña, fue capturado el pasado 3 de marzo en La Guajira con propaganda política y más de COP 140 millones en efectivo en el vehículo en el que viajaba.
Este dinero, supuestamente, serían para comprar votos en esa zona. Sin embargo, un día después quedó en libertad y se le devolvió el dinero. Una jueza de control de garantías encontró que la captura del escolta fue ilegal.
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La Fiscalía, que apeló la determinación, ya tiene listo un equipo interdisciplinario de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y de la Dirección Especializada contra la Corrupción que, pese a la decisión de la jueza de control de garantías, no detendrán la investigación del caso.
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