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Este jueves 5 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a cinco antiguos comandantes del Bloque Caribe de las antiguas Farc para que reconozcan en público su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla.
La Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad se realizará los días 21 y 24 de abril y abordará especialmente dos subregiones donde se concentraron los hechos: la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, así como Montes de María y La Mojana.
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Los máximos responsables llamados por la JEP e imputados por los secuestros cometidos en esta región del país son: Abelardo Caicedo, alias “Solís Almeida”; Osmany Landero, conocido como “Hernando González”; Gilberto de Jesús Giraldo, alias “Aldemar Altamiranda”; Luis Cuadras, quien fue conocido como “Leonardo Guerra” o “Leonardo Muñoz”; y Uriel Oviedo, alias “Manuel Ortiz” o “Mañe”.
De estos exfarc, solo alias “Mañe” había sido procesado previamente por la justicia ordinaria por estos crímenes. Los hombres fueron imputados por la JEP por el crimen de guerra de toma de rehenes y otros delitos cometidos contra las personas cautivas, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, así como violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos. Por la gravedad de los hechos, estos crímenes no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
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Dentro del Caso 01 de la JEP, relacionado a los secuestros de las antiguas Farc, hay 4.439 víctimas acreditadas. De ellas, un total de 827 señalan a este bloque como presunto responsable de su secuestro y otros crímenes cometidos en medio del cautiverio. De estas personas, 432 son víctimas directas, 364 son familiares y allegados, y 19 son familiares de personas asesinadas o desaparecidas tras haber sido secuestradas.
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La investigación, realizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, incluyó el análisis de informes de la Fiscalía General de la Nación, de las víctimas y de organizaciones civiles, así como la revisión de las versiones escritas y orales de 72 comparecientes de esta estructura. De igual manera, la JEP examinó las observaciones de 56 víctimas sobre las versiones de los excombatientes.
“Fue así como la sala determinó que el extinto Bloque Caribe actuó conforme a las políticas ordenadas por el Secretariado y ejecutó los secuestros siguiendo tres patrones criminales: secuestraron para financiar su organización armada, para promover el intercambio por guerrilleros presos y para buscar el control social y territorial en la región”, señaló la JEP.
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Los cinco exfarc ya aceptaron su responsabilidad por escrito por estos crímenes. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, todos ellos tenían “mando para ejecutar los planes del Secretariado, conocer lo que ocurría en la región e imponer disciplina a sus subalternos”.
En su investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad también encontró que el Bloque Caribe fue una de las estructuras de las antiguas Farc que más secuestros perpetró. “Es responsable del 15 % de los casos cometidos por la antigua guerrilla en todo el país”, seguido por el Bloque Oriental, responsable del 34 % de los casos, y el Bloque Noroccidental, responsable del 27 %.
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La Sala señaló que la mayoría de los secuestros realizados por el Bloque Caribe tuvieron fines económicos: “Privaron de la libertad en casas, fincas, en ataques a municipios, pero sobre todo en retenes ilegales o ‘pescas milagrosas’ en las vías del Caribe colombiano”, indicando que el sector más afectado por los secuestros extorsivos fue el ganadero.
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