Una amenaza de muerte contra la registradora especial de Yopal (Casanare), Piedad Ríos Saavedra, por la no apertura de dos puestos de votación en las veredas Mata Limón y Quebradaseca, y la quema de material electoral en Arjona (Bolívar). Estos fueron los hechos más graves en materia de seguridad registrados durante las votaciones del Pacto Histórico, del pasado 26 de octubre.
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En paralelo, en la consulta que terminó con el triunfo del candidato Iván Cepeda para las elecciones presidenciales de 2026, la Defensoría del Pueblo alertó 113 casos en 70 municipios de 26 departamentos, y en cuatro localidades de Bogotá, que tuvieron relación con eventualidades en las votaciones.
De estos reportes, 14 fueron problemas de orden público que, de acuerdo con la entidad, se trataron de factores de violencia, enfrentamientos, amenazas o presencia de actores armados. Este panorama es la antesala para las próximas elecciones legislativas, el 8 de marzo que viene, y las presidenciales, cuya primera vuelta será el 31 de mayo. Un primer semestre atravesado por las movidas que definirán el mapa político del país.
Mientras que la Defensoría entregó estas cifras, en las que también incluyó dificultades en logística que llevaron a aglomeraciones por falta de puestos de votación, la fuerza pública hizo lo propio en un balance a través del Puesto de Mando Unificado.
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Más allá de las cifras y resultados, El Espectador consultó a dos expertos para entender la importancia de que lo sucedido este fin de semana no ocurra en marzo y mayo del próximo año y para poner el foco sobre las alertas. Jorge Mantilla, investigador y experto en seguridad, señaló que, a pesar de estos incidentes, en la jornada, “el balance es positivo en general, teniendo en cuenta que no hubo atentados contra la fuerza pública o tomas a poblaciones”.
No obstante, el experto advirtió que “el contexto de polarización del país sigue siendo uno de los riesgos electorales más importantes para el proceso electoral. Eso ya lo demostró el asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay”.
El analista agregó: “También va a ser muy importante el tema de la instrumentalización de la población civil en algunas zonas o el inconformismo que se registró el día de ayer frente a problemas de logísticos, demoras, ausencia de mesas, y actos de violencia asociados más a la movilización social, que propiamente a los grupos armados”.
Mantilla señaló que actualmente las autoridades enfrentan, principalmente, dos retos en materia de seguridad electoral: “En primer lugar el control territorial que ejercen determinados grupos en varias zonas del país y, que en últimas, se va a traducir en una dificultad para algunos candidatos para hacer campaña política en esas regiones”.
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El segundo punto, y para el experto el más preocupante, es el “creciente interés de estos grupos de incidir en estas elecciones a través del constreñimiento electoral y amenazas a candidatos de algunos partidos políticos. Esto podría generar que los resultados electorales sean alterados o poco confiables, especialmente allí donde los grupos armados ejercen control social y territorial”.
En esa misma línea, Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que es urgente definir una ruta clara sobre cómo actuar ante las alteraciones del orden público. “Es clave el rol de la Registraduría para llegar a acuerdos sobre los planes o alternativas para responder ante estas emergencias”.
Arias enfatizó en la probabilidad de que grupos ilegales impongan paros armados. “Aquí lo crítico es cómo aprender de este proceso en donde es necesario desplegar en un mayor número de mesas de votación, sobre todo en áreas rurales, y garantizar esquemas de protección por parte de la fuerza pública”, agregó el experto.
Sobre los dos hechos de orden público más críticos de la jornada de este fin de semana, en el primero las autoridades confirmaron que la registradora Piedad Ríos fue amenazada el pasado 24 de octubre mediante una llamada en la que desconocidos, que se identificaron como integrantes de las Farc, la declararon “objetivo militar” por no habilitar dos puestos de votación en las veredas.
De acuerdo con el informe oficial, el cierre de esas mesas respondió a una decisión de la Comisión Nacional Electoral (CNE) ante la falta de garantías en la zona. Por la amenaza, la funcionaria tuvo que salir de la región y se encuentra bajo la protección del Estado. En el segundo, según el secretario de Seguridad de Bolívar, 40 personas del corregimiento de Rocha quemaron el material electoral e impidieron la realización de la jornada de consulta.
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Frente al plan para garantizar las futuras votaciones, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó a este diario que se han reunido con “el ministerio de Defensa revisando el Plan Democracia, es decir, el número de puestos que se van a instalar en las elecciones de Congreso donde serán 125.000 mesas aproximadamente”.
Penagos agregó que la Registraduría “no puede enviar mesas de votación a lugares donde no hay garantías de seguridad o no hay despliegue de la fuerza pública. En el caso del domingo pasado, había 20.000 mesas en 13.000 puestos de votación. Esos puntos se definieron, según la información que nos entregó el Ministerio de Defensa”.
El reto ahora, agregaron los expertos, será convertir las alertas en acciones concretas. El reto no es menor. Con la polarización política y el avance de grupos armados, las autoridades deberán garantizar la seguridad, la logística y la confianza ciudadana de cara a las elecciones de 2026. El proceso democrático dependerá, una vez más, de su capacidad para prevenir la violencia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
