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En una jornada con la presencia de la cúpula militar y policial, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicaron ante el Congreso un paquete de cuatro proyectos de ley que buscan modernizar la legislación en materia de seguridad nacional, justicia penal, control de armas y desarrollo científico.
Las iniciativas fueron presentadas con el objetivo de enfrentar problemas como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y la trata de personas, al tiempo que se proyecta a Colombia hacia un escenario de innovación tecnológica con la creación de una agencia espacial estatal.
Durante la radicación de las iniciativas, el ministro Sánchez aseguró que los proyectos buscan dar a la fuerza pública mejores herramientas jurídicas y operacionales para que el Estado pueda enfrentar con mayor contundencia este tipo de crímenes.
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Funciones de policía judicial para la Armada
Uno de los proyectos más importantes busca crear el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (Peimar), compuesto por diez artículos que facultarían al cuerpo de guardacostas de la Armada de Colombia para adelantar actos urgentes de policía judicial cuando se detecten delitos en altamar.
Con ello, operaciones de interdicción relacionadas con narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, pesca ilegal o trata de personas podrían judicializarse directamente en el mar, en flagrancia, mediante el uso de medios tecnológicos, garantizando la cadena de custodia y el debido proceso.
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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó que esta propuesta es una novedad para el ordenamiento jurídico colombiano, ya que, por regla general, las Fuerzas Militares no pueden ejercer funciones de policía judicial frente a delitos cometidos por civiles. Precisó que la iniciativa mantiene la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional al limitar dichas funciones a hipótesis de flagrancia y casos específicos en altamar.
“Esto significa que la función de policía judicial se circunscribe a mirar si existen o no evidencias que comprometan a los tripulantes con narcotráfico, lavado de activos, trata de blancas, tráfico de armas u otros delitos cometidos en altamar. Una vez que se perciben este tipo de casos, se faculta a la Armada Colombiana para que pueda recoger evidencias e, inmediatamente, comunicar a la Fiscalía las evidencias que recoja durante este tipo de operativos” los cuales, aseguró el ministro Montealegre, “tendrán plena validez dentro del proceso penal”.
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Control de armas, municiones y explosivos
El segundo proyecto busca actualizar la normativa que existe desde 1993 sobre armas de fuego, municiones y explosivos. Según cifras oficiales, entre 2018 y abril de 2025 las autoridades han incautado más de 108.000 armas de fuego y traumáticas en todo el país, lo que revela la magnitud del mercado ilegal.
El ministro Sánchez advirtió que el marco legal actual presenta vacíos y debilidades que dificultan la trazabilidad balística, la investigación judicial y el control preventivo. La iniciativa plantea la definición técnica de nuevas tecnologías armamentísticas, regula la comercialización de armas traumáticas y fortalece los procedimientos de registro y marcación. “Este proyecto es para salvar vidas”, enfatizó el jefe de la cartera de Defensa.
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Colombia en la carrera espacial
El tercer proyecto legislativo apunta a la creación de la Agencia Espacial de la República de Colombia (Aescol), que sería adscrita a la Presidencia de la República. Se trata de un organismo autónomo que articulará y coordinará los recursos e iniciativas espaciales del país. El ministro Sánchez recordó que en el mundo existen al menos 77 agencias espaciales gubernamentales y que en América Latina países como Argentina, Brasil, México, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela ya cuentan con programas de gran alcance.
Para el comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Luis Carlos Córdoba Avendaño, la propuesta representa una “revolución científica y tecnológica” que permitirá aprovechar el dominio espacial en beneficio de la seguridad, la economía y el desarrollo social.
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Un nuevo Código Disciplinario Militar
Finalmente, el Gobierno radicó una iniciativa de 268 artículos que busca reemplazar la Ley 1862 de 2017 y expedir un nuevo Código Disciplinario Militar. El objetivo es subsanar vacíos normativos y armonizar el régimen disciplinario de las Fuerzas Militares con la jurisprudencia nacional e internacional. El proyecto también pretende garantizar que los integrantes de las Fuerzas Militares cuenten con las mismas garantías y derechos que otros servidores públicos en materia disciplinaria.
Con este paquete de proyectos, el Ejecutivo pretende blindar el marco normativo en seguridad y justicia, otorgar nuevas facultades a la Fuerza pública para enfrentar la criminalidad organizada y, al mismo tiempo, dar un salto hacia la consolidación de capacidades tecnológicas propias con un programa espacial nacional. Los proyectos ahora deberán surtir su trámite en el Congreso de la República, donde se anticipan debates por el alcance de las nuevas funciones otorgadas a la Armada y la pertinencia de la inversión en el sector espacial.
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