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A Everth Julio Hawkins Sjogreen, exgobernador de San Andrés, le apareció un nuevo problema con la justicia. El político elegido en las votaciones regionales de 2019 por el Movimiento Amplio por el Progreso del Archipiélago ahora es investigado porque, según la Fiscalía, habría aprovechado su poder para aliarse con una banda de extorsionadores de Cartagena para exigirles millonarias sumas de dinero a contratistas de su propia administración. El caso se suma a un juicio que enfrentará ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el caso de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca). Y pone de frente la relación entre bandas como “Las Salsas Mexicanas”, que desde Cartagena estarían controlando las islas.
El Espectador accedió a la audiencia de imputación en contra del exgobernador Everth Hawkins por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de extorsión agravada y secuestro extorsivo agravado, que se realizó el pasado 21 de octubre ante un juez de control de garantías de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lo que sostiene la Fiscalía es que el exmandatario intentó obligar a dos contratistas a pagar una extorsión de COP 3.000 millones, con el único objetivo de que pudieran contratar sin problema con la gobernación. En uno de los casos, incluso, habría ordenado el secuestro durante algunas horas de una persona cercana a uno de los contratistas presuntamente extorsionados.
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El político de 50 años se conectó de forma virtual a la audiencia de imputación desde la estación de Policía de Galapa (Atlántico), a donde fue llevado después de su captura el 19 de octubre, en Barranquilla. Durante la diligencia, la fiscal detalló que el origen del caso está en las denuncias hechas por los comerciantes Larkin Luis Castro Bowie y Alfredo Enrique Coronel Miranda, en marzo de 2026. Y que además esas versiones estaban relacionadas con la posible expansión en San Andrés de una banda criminal llamada “Las Salsas Mexicanas”, cuyo centro de operaciones estaría en Cartagena (Bolívar). Desde esa ciudad, al parecer, ese grupo ordena la entrega de panfletos, extorsiones a comerciantes y quemas de negocios en la isla.
“El caso por el cual usted se encuentra aquí vinculado no se trata de un hecho aislado, sino que es un fenómeno criminal en el cual, presuntamente, usted habría ubicado a uno de los integrantes (de la banda criminal) en la ciudad de Cartagena, con la finalidad de realizar unos cobros extorsivos a estos dos comerciantes”, señaló la fiscal del caso durante la audiencia. La funcionaria del búnker expuso que Everth Hawkins se habría contactado de forma puntual con Jhon Jairo Atencio Jiménez, alias “Pichi”, para que extorsionara, por medio de “Las Salsas Mexicanas”, a los dos denunciantes. Los hostigamientos habrían iniciado en diciembre de 2023 y se habrían prolongado durante casi tres años, hasta enero de 2026.
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Los dos denunciantes, según la Fiscalía, son propietarios de empresas que prestan servicios de seguridad y de aseo a entidades públicas de San Andrés. Para la fecha en la que empezaron las presuntas extorsiones, ya tenían contratos con la gobernación de Everth Hawkins, que estaba retrasada en los pagos a los contratistas. La fiscal expuso que los comerciantes hicieron en agosto de 2023 denuncias en redes sociales sobre “pagos represados” por parte de la administración departamental y que por esa vía lograron que les desembolsaran su dinero. Cuatro meses después, en diciembre, alias “Pichi” habría abordado a Alfredo Enrique Coronel Miranda en Cartagena para exigirle un pago de COP 3.000 millones.
Según la funcionaria del búnker, esa extorsión habría sido ordenada por Everth Hawkins, para pagar “una deuda” que el comerciante supuestamente tenía con el exgobernador. En octubre de 2024 habría ocurrido un segundo episodio de extorsión en el que dos presuntos integrantes de “Las Salsas Mexicanas” habrían abordado en un restaurante a los dos contratistas y los habrían comunicado por videollamada con un tercero llamado Marlon Gómez Hudgson, alias “Marlito”. Esta persona, que se identificó como integrante de la banda criminal, les habría dicho que “ahora él estaría al frente también de la deuda” que supuestamente tenían con el gobernador. Los contratistas, una vez más, se negaron a pagar la extorsión.
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Casi un año después, en noviembre de 2024, los hombres supuestamente instruidos por Everth Hawkins habrían interceptado y secuestrado a una sobrina del contratista Alfredo Enrique Coronel Miranda en Cartagena. “La suben a bordo de un vehículo y, con armas de fuego, es obligada a hacerle una llamada a su tío. Esta persona dura retenida alrededor de dos horas, deambulando por la ciudad de Cartagena en el vehículo, mientras estas personas se comunicaban con su familiar”, expuso la fiscal en la imputación. Alias “Pichi” y el exgobernador se habrían conectado a la videollamada extorsiva que, al parecer, hicieron los captores de la sobrina del contratista. Y fue ella quien, según la Fiscalía, pudo identificar al exmandatario.
El último hecho extorsivo habría ocurrido en enero de este año. Según la investigación, los comerciantes al parecer fueron abordados, cerca del aeropuerto de San Andrés, por hombres en una motocicleta que les entregaron un panfleto en el que les avisaban que habían sido declarados “objetivo militar” de “Las Salsas Mexicanas”. La amenaza incluía otra advertencia: tenían dos horas para comunicarse a un número de teléfono o, de lo contrario, debían irse de la isla junto a sus familias y empleados. Para la Fiscalía, el exgobernador Hawkins habría aprovechado la incidencia de la estructura criminal en San Andrés para pedirles ejecutar las presuntas extorsiones a los contratistas y la orden de secuestrar a la sobrina de uno de ellos.
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Everth Hawkins no aceptó los delitos de tentativa de extorsión agravada y secuestro extorsivo agravado imputados. El juez le dictó una medida no privativa de la libertad, por lo que no irá a la cárcel mientras avanza la investigación en su contra. La defensa del exmandatario dijo durante la audiencia que no tenía observación sobre la imputación, pero sí se dirigió a la fiscal. “Ella tiene una historia y le tocará acreditarla más adelante”, expresó el abogado. Y así lo ratificó el propio exgobernador: “No acepto los cargos”. La investigación avanzará al tiempo que los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia preparan su juicio por presunta corrupción por el caso Aremca, que merece capítulo aparte.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)•28 de octubre de 2026 – 08:50Cómo lo dejan libre con ese prontuario, Dios, qué pasa en este país?
