“El caso de ‘Calarcá’ es muy grave como para seguir en mesa de negociación”: fiscal Camargo

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, acaba de cumplir dos años como jefa del búnker. Allí han llegado, entre marzo de 2024 y marzo de 2026, todos los casos que la justicia debe esclarecer. Entre ellos, el expediente sobre el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el caso de la Ungrd, considerado como el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, y crímenes como el envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá.

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La funcionaria habló con El Espectador sobre esos expedientes y, en especial, sobre las suspensiones de órdenes de captura contra jefes de estructuras criminales que intentan negociarvla paz con el Gobierno. Dijo que, aunque estén en mesas de negociación de paz, los procesos penales en su contra siguen adelante, pues son casos de mucha gravedad, que incluso han salpicado a exmilitares y funcionarios públicos.

En estos dos años al frente de la Fiscalía, ¿cuál ha sido el reto más importante de este tiempo, que tampoco ha estado exento de escándalos y polémicas?

Creo que son dos. Uno, el reto interno de pensar en cómo organizar la casa, la Fiscalía, para poder hacer la tarea. Ese ha sido el reto mayor, el que ha ocupado más al equipo, pues trabajamos colectivamente. Y dos, en cuanto a casos retadores, naturalmente el caso de Miguel Uribe. Es un expediente que nos impone deberes de diligencia reforzada con la ciudadanía para dar un resultado en un tiempo corto, pero que no sea cualquier resultado. Eso implicó conformar un equipo de trabajo bastante serio. Pero hay muchísimos otros casos; cada delegada tiene casos importantes. Por ejemplo, el caso del profesor del Externado, Neill Cubides, que para nosotros es muy retador porque teníamos muy poca información de arranque y se pudo identificar a las cuatro personas que participaron y que ya están capturadas. Son casos con mucho revuelo mediático que nos confrontan con la necesidad de mejorar los estándares de investigación. Debo también mencionar los casos de feminicidios, donde buscamos trabajar de manera ágil ante las quejas por vencimiento de términos o investigaciones muy dilatadas en el tiempo.

Y en estos dos años, ¿cuál ha sido el caso con el que quizás pensó que se había arrepentido de llegar a ser la fiscal general?

No he tenido ese arrepentimiento. Es un cargo difícil, pero maravilloso por la oportunidad. Pero de momentos difíciles, recuerdo el informe de Caracol Noticias sobre los hallazgos de alias “Calarcá” en dispositivos que nosotros no conocíamos. Fue un momento difícil porque lo confronta a uno con la capacidad investigativa de la entidad, con lo que se nos queda afuera y con ideas rápidas de buscar culpables. Lo que más hemos podido consolidar en nuestro equipo es un método para buscar soluciones y no culpables, porque es muy fácil hacer señalamientos. Por ejemplo, en ese caso se insistió en que la fiscal no había cumplido su labor, pero ella había hecho un gran trabajo con el caso del frente 36 de las disidencias, que era su objetivo como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y sigue siendo una fiscal muy eficiente. Si no compulso unas copias, eso no la vuelve la villana de esa historia. Esos momentos son muy difíciles porque el país demanda una respuesta que no siempre es la que se quiere. Es un momento en el que hay que hacer un pare, tomar aire y mirar bien qué está sucediendo.

La Fiscalía hizo esta semana un anuncio sobre la coordinación con el comisionado de paz respecto a las órdenes de captura de jefes que siguen delinquiendo en procesos de paz. ¿Cómo ha sido la relación con esa dependencia del Gobierno?

Tengo buena interlocución con la oficina del comisionado, aunque tenemos divergencias sobre la suspensión de órdenes de captura de personas que siguen delinquiendo. Para nosotros, esa es una forma de evidenciar que no hay una voluntad de paz. La historia aquí es que no ha sido fácil llegar a este punto. La ley 2272, la de Paz Total, decía que la labor de la Fiscalía se reducía, inicialmente, a tramitar la suspensión de órdenes que el presidente pedía, sin mayor margen de discusión.

Sin embargo, la Corte Constitucional moduló esto en una sentencia que solo conocimos en 2024, y allí indicó que nos corresponde una labor de fondo para verificar si esa voluntad de paz se mantiene. Antes de eso, la labor era casi notarial. Hemos acordado con el comisionado que las órdenes de captura no cobijen situaciones de flagrancia y delitos de lesa humanidad y estamos en ese trabajo.

Usted habla de una buena relación, pero recientemente ustedes emitieron un comunicado donde básicamente les decían que ellos no conocían su propia ley ni la sentencia de la Corte…

Esa ley no ha sido fácil de interpretar. Ellos pedían que suspendiéramos órdenes de captura con fines de extradición, pero la ley establece que estas no se suspenden en los ciclos de negociación, sino que quedarían suspendidas “de facto” en etapas avanzadas y cuando estén en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

En ese comunicado les explicamos justamente eso. Claro que hemos tenido diferencias. Por ejemplo, cuando se capturó a Giovanni Andrés Rojas, alias “Araña”, para hacer efectiva una circular roja de la Interpol, cuando estaban en negociaciones. Ellos lo vieron como un entrampamiento, pero una circular roja hay que ejecutarla.

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La orden de captura de alias “Calarcá” está suspendida. ¿Ha pensado pedirla de nuevo?

Hemos pedido al comisionado que evalúe el levantamiento debido a la actividad delictiva que alias “Calarcá” ha seguido desarrollando tras ser nombrado gestor. No han tomado una decisión sobre esta conversación que tenemos desde diciembre del año pasado. En una reciente reunión se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura. La revisión se hará periódicamente.

A propósito de este personaje, ¿en qué va la investigación tras los hallazgos en los dispositivos incautados en la caravana de Antioquia en 2024 y que a finales del año pasado se supiera que tendría vínculos con un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y un exgeneral del Ejército?

Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias “Calarcá” y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias “Calarcá”. Su caso es muy graves como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura.

Hay un proceso, en particular, que se adelanta en la Unidad Especial de Investigación por el homicidio de un líder social, donde habría chats con la orden y el reporte del asesinato al propio “Calarcá”. También solicitamos revocar las órdenes de cabecillas del frente 33 de las Farc en el Catatumbo que fueron imputados virtualmente y se logró hacerlo porque fueron citados y porque tienen suspendida la orden de captura. Creemos que esas órdenes también deben ser reactivadas.

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¿Cuándo habrá imputación en el caso de “Calarcá”? ¿Cuándo veremos resultados?

Hacemos imputaciones independientemente de que la persona no esté privada de la libertad. El hecho de que se suspendan órdenes de captura no significa que las investigaciones penales se detengan. Las cuentas con la justicia no se congelan por una mesa de diálogo. Vamos a ver resultados pronto.

Sobre el magnicidio de Miguel Uribe, ¿qué pruebas tienen para vincular a los jefes de la Segunda Marquetalia?

Tenemos información robusta, incluyendo la delación de un interviniente contactado para ejecutar el crimen. También hay información en celulares incautados, registros de localización por antenas y el rastreo del dinero pagado por el magnicidio, cuyo flujo fue seguido por las autoridades. Seguiremos con la judicialización y acusación con independencia de las capturas.

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En el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hay cabos sueltos como el de los asesores del Ministerio del Interior y de Hacienda, Jaime Ramírez Escobo y Andrea Ortiz. ¿En qué van esas investigaciones?

Esa línea de investigación existe y se viene trabajando desde el año pasado. Es un proceso enorme, con muchos involucrados, que demanda mucho trabajo de audiencias. Hemos ido cerrando capítulos, como los relacionados con contratistas y ministros. Apenas terminemos otros procesos, avanzaremos en esa línea.

Sobre el caso de las dos niñas asesinadas con talio y dos jóvenes más envenenados, usted hace dos semanas utilizó la descripción de “asesina serial” para referirse a Zulma Guzmán, señalada como autora de esta tragedia. ¿Por qué se utilizó ese término?

Aquí hallamos un patrón en el que, más allá de la intuición y la sospecha, hay al menos dos episodios que darían cuenta del mismo patrón de conducta observado en la muerte de las dos niñas: el mismo método de envenenamiento y el mismo procedimiento, a través de un alimento. Esto marca un patrón que corresponde a esa característica de asesina serial.

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Sobre Zulma Guzmán, ¿por qué no la imputan en contumacia (en ausencia)?

Queremos respetar el proceso con el Reino Unido y entregarles la información que solicitan para que concedan la extradición para poder hacer la imputación con la presencia de ella, para que pueda ejercer su defensa plena. Le hemos dado prioridad a ese proceso para respetar los tiempos del proceso.

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