El mandatario del municipio santandereano de Barrancabermeja, Darío Echeverri, tendrá que permanecer en su casa mientras avanzan las investigaciones en su contra por, supuestamente, haber interferido de forma irregular en el desarrollo de la consulta que se citó el 2 de julio del año pasado para revocarlo o mantenerlo en su cargo. El juzgado 46 de garantías tomó la decisión, este jueves, de otorgarle el beneficio de casa por cárcel. (Le puede interesar: Fotos del comprometedor encuentro entre el alcalde de Barrancabermeja y Carlos Castaño)
El ente investigador dijo que Echeverri hizo parte de una “organización criminal” encargada de realizar maniobras ilícitas que tenía como objetivo torpedear los comicios revocatorios. Pero la Fiscalía manifestó que la esposa del mandatario, Mary Luz Núñez, y tres personas más, identificadas como Diego Acosta Osorio, Christian Juliao Camacho y John Jairo Moros, también formaron parte de esa organización. A los tres últimos, el juez también les otorgó casa por cárcel, mientras que la esposa de Echeverry quedó en libertad. (Lea: Corrupción en Barrancabermeja: niños fantasmas para cumplir un contrato)
En las audiencias, que tardaron más de un semana en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía expresó que el mandatario emprendió acciones jurídicas para evitar el desarrollo de la jornada de revocatoria, sin embargo, como estas fueron negadas, él y sus secuaces emprendieron otro tipo de acciones aparentemente ilegales. El propósito, según el ente investigador, era dificultar la participación ciudadana para no alcanzar el umbral requerido. Luego de esos comicios, Echeverri ganó la contienda y se quedó en la Alcaldía. (En contexto: Las presuntas movidas del alcalde de Barrancabermeja para torpedear su revocatoria)
La Fiscalía, por ejemplo, precisó que funcionarios del municipio fueron amenazados con apartarlos de sus cargos si apoyaban la revocatoria. Otra de las maniobras, de acuerdo con las pruebas presentadas, era entregar mercados con la misma intención de rechazo. El día de la revocatoria, además, se habrían organizado partidos de fútbol, bazares y competencias de piques, entre otras actividades. Hechos que fueron negados en su totalidad por todos los investigados ante el juez de garantías.
"En sus investigaciones, la Fiscalía identificó diversas irregularidades que habrían atentado contra la libertad de los electores y el desarrollo de la misma revocatoria, como maniobras engañosas para evitar que los electores fueran a las urnas, pago de dinero en efectivo, intimidación a empleados y funcionarios, utilización de planes de gobierno y retención de cédulas", dijo, en su momento, el organismo investigativo. Luego de la decisión del juez, la Fiscalía presentó recurso de apelación.
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Por -Redacción Judicial
