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El Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá revocó la decisión que había declarado ilegales algunas de las pruebas recaudadas en el proceso contra los implicados en la investigación relacionada con la empresa de ropa interior Lili Pink. La determinación se produjo tras resolver una apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación.
El caso se remonta al pasado 11 de agosto, cuando el Juzgado 67 Penal Municipal de Bogotá se negó a avalar la extracción de información digital realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. La decisión estaba relacionada con cinco evidencias tecnológicas incautadas en el marco de las investigaciones contra la empresa.
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Sin embargo, el pasado jueves 15 de octubre, el juez Luis Alejandro Barreto Moreno revocó la decisión de primera instancia y declaró legal la extracción de información de los cinco dispositivos. Según determinó, las labores forenses, realizadas entre julio y agosto de 2026, produjeron “resultados completamente inéditos, que de ninguna manera habían sido previamente declarados ilegales”.
En su decisión, el juez también señaló que “al no existir elemento de convicción alguno que sugiera una contaminación probatoria o un uso indebido de los datos excluidos, deben rechazarse los ataques infundados vertidos contra la delegada fiscal”. Por otra parte, rechazó el argumento de la defensa según el cual las autoridades retuvieron los equipos tecnológicos durante un tiempo excesivo e injustificado.
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El 27 de abril, la Fiscalía adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde se comercializa la marca Lili Pink y realizó varias capturas. En su momento, el ente investigador detalló que presuntamente se habría estructurado un entramado empresarial compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel.
Según explicó la Fiscalía, a través de esta estructura ingresaban al país mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidas en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación delictiva.
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Además, la Fiscalía señaló que la presunta operación de Lili Pink incluía maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
Según el ente investigador, esta presunta estructura estaría relacionada con operaciones de lavado de activos por más de COP 730.000 millones, un presunto enriquecimiento ilícito superior a COP 430.000 millones y hechos de contrabando que superarían los COP 75.000 millones.
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