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La Fiscalía General de la Nación, a través de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, radicó este miércoles 26 de noviembre ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves.
Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd).
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Por su presunta participación en el escándalo, la Fiscalía ya le imputó cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); a Sandra Ortiz Nova, exalta consejera de la Presidencia para las regiones; y a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Según documentos y testimonios en poder de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Velasco sería uno de los protagonistas de presuntos acuerdos ilícitos que habría tramitado el Gobierno con varios congresistas. Sin embargo, él ha insistido en que nada tuvo que ver en ese entramado.
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Aun así, registros de llamadas, chats, testimonios y videos de cámaras de seguridad lo ubican en momentos precisos en los que al Ejecutivo le urgía que se aprobaran asuntos claves en el Congreso y, por eso, el ente investigador señala que él habría ayudado a concretar dádivas para “comprar” a senadores y representantes a la Cámara.
En concreto, la Corte Suprema de Justicia tiene pruebas que apuntan a que Velasco habría dado la orden de entregar contratos a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), a cambio de votos a favor de créditos internacionales en 2023.
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Los congresistas son: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. Según la investigación, los proyectos estaban localizados en Bolívar, Arauca y Córdoba y sumaban más de COP 92.000 millones.
Por su parte, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido mencionado dentro del escándalo en varias oportunidades y por varios de sus protagonistas. Incluso, el nombre de Bonilla ha estado en boca de Olmedo López.
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El exdirector de la Ungrd, le aseguró al ente investigador que el exministro pactó con él que los convenios, que sumaban cerca de COP 92.000 millones, pero que nunca se firmaron, salieran de la Unidad para atender desastres y que fueran directamente a los congresistas cuyos votos eran determinantes para aprobar los créditos urgentes.
Asimismo, Sneyder Pinilla, exdsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, dijo que el exministro sabía sobre los manejos irregulares dentro del organismo y que tuvo contacto con él para cuadrar los contratos que iban a beneficiar a los legisladores.
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Estos convenios, según Pinilla, iban dirigidos a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en donde, al parecer, se reportaron falsas emergencias para firmar los contratos.
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