Fue una decisión sorpresiva. La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosero Baquero, decidió enviar a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Una medida que tomó a más de uno fuera de lugar, porque lo que había pedido la Fiscalía era que los exfuncionarios de la Casa de Nariño sí fueran privados de su libertad, pero en su propia casa. No en una cárcel. La decisión se conoció hacia el mediodía del 18 de diciembre, así como la orden de captura inmediata en contra de las dos fichas de más alto rango del gobierno Petro en ir a prisión por este escándalo de corrupción.
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La magistrada Rosero Baquero arrancó su intervención con una aclaración crucial que marcó el resto de la audiencia. Antes de entrar en las minucias de las pruebas, las defensas de ambos procesados y sus consideraciones, la jurista dejó claro que la Fiscalía no había sustentado de manera correcta por qué los exministros debían ir a prisión domiciliaria y no a una cárcel. Aunque consideró que sí había suficientes evidencias para pedir su privación de la libertad, señaló que el ente investigador resolvió pedir el beneficio de cumplir la medida desde la casa sin ninguna justificación. Para la magistrada, la gravedad de las conductas por las que responderán Velasco y Bonilla es tal, que ambos deben estar en la cárcel mientras avance el proceso.
La Fiscalía ya les imputó a ambos los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la investigación en su contra, los dos exfuncionarios tuvieron un rol protagónico y decisivo en ese “plan criminal” para comprar congresistas a cambio de sus votos en proyectos legislativos y del interés del Ejecutivo, a través de contratos de la Ungrd y del Instituto Nacional de Vías (Invías). Informes de policía judicial, mensajes de WhatsApp, evidencias documentales, videos de cámaras de seguridad y las versiones de los testigos clave hacen parte de la batería de pruebas que presentó la Fiscalía y que fueron totalmente respaldadas por el Tribunal Superior de Bogotá para emitir su decisión.
Según la magistrada Rosero Baquero, las evidencias que entregó la Fiscalía durante la imputación de cargos permiten inferir que Velasco y Bonilla integraron y lideraron una organización criminal que utilizó el poder contractual y presupuestal del Estado para comprar apoyos políticos en el Congreso, afectando directamente la democracia y el interés público. Una actuación, para la togada, lo suficientemente grave y sistemática que no solo puso en riesgo la institucionalidad, sino que sus presuntos responsables siguen representando un peligro para esos principios si siguen en libertad o en prisión domiciliaria. Por eso, ordenó cárcel para ambos exfuncionarios.
Para llegar a esa decisión sorpresiva, la magistrada Rosero le dio plena credibilidad a los testimonios del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla y a la entonces asesora del exministro Bonilla, María Alejandra Benavides. Los tres fueron vinculados a la investigación penal y negociaron beneficios judiciales, a cambio de su colaboración con las pesquisas de la justicia. Las versiones de estos testigos estrella han servido para que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia avancen en las pesquisas, no solo contra los exministros, sino también en los casos de los congresistas y otros funcionarios públicos que participaron de este entramado criminal.
La magistrada Rosero fue más allá. Durante su intervención explicó que el ente investigador entregó pruebas que permitirían demostrar que en ese plan criminal que llevó al desfalco a la Ungrd existió una división funcional de tareas que llevaron a la dirección de contratos en el Invías y la Unidad y ofrecimientos indebidos a congresistas a cambio de votos para proyectos clave del Gobierno. De acuerdo con el Tribunal, no se trató de un esquema de hechos aislados ni de prácticas políticas normales, sino de una actuación criminal reiterada y organizada. E insistió en que hay pruebas suficientes para inferir que, en un grado de “probabilidad seria y objetiva”, Bonilla y Velasco “influyeron de manera decisiva y determinante” en ese plan criminal.
Los hechos por los que son investigados Velasco y Bonilla
El pasado 1 de diciembre, la Fiscalía le imputó cargos a ambos exministros. En esa diligencia reveló que fueron varios los episodios en los que Velasco y Bonilla habrían intervenido en el entramado criminal. Según el ente investigador, en 2023 empezaron las movidas ilegales. Por ejemplo, para mitad de 2023 ambos funcionarios habrían comprometido recursos del Estado que suman más de COP 612.000 millones, incluyendo 74 proyectos del Invías por más de COP 571.000 millones y cinco proyectos en la Ungrd por alrededor de COP 40.000 millones. Estas asignaciones habrían sido utilizadas como “cupos indicativos” para amarrar votos a favor de iniciativas del gobierno, entre ellas, las reformas al sistema de pensiones y al de salud.
Dentro de ese esquema, la Fiscalía le dio un lugar específico al caso del senador Julio Elías Chagüi (Partido de la U), a quien se señala de haber solicitado proyectos de inversión para el departamento de Córdoba. Según el ente investigador, esas solicitudes habrían sido tramitadas dentro del mismo circuito de presiones políticas y direccionamiento contractual que operó desde la Ungrd y el Invías. María Cristina Patiño, la fiscal que lleva la investigación, sostiene que los proyectos que le atribuyen a Chagüi no fueron una gestión institucional ordinaria, sino parte de un intercambio y presión política. En concreto, el expediente habla de tres proyectos que suman COP 15.700 millones.
El primero iba para el municipio de Lorica, por COP 8.500 millones. El segundo, para Los Córdobas, por COP 4.500 millones, y el tercero en Tierralta, por COP 2.700 millones. La Fiscalía asegura que tiene evidencia de que el propio Chagüi intervino en la consecución de esos proyectos y que lo hizo en nombre de ocho congresistas, cuyos nombres aún no se conocen, y que mediaría para asegurar la entrega de 15 cupos indicativos a cambio de sus votos. Además de este hecho, el ente investigador también documentó uno más relacionado con seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) que ya fueron vinculados a un proceso penal por la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, el exrepresentante Juan Diego Muñoz y los senadores Liliana Bittar y Juan Pablo Gallo. Luego de que entre junio y diciembre de 2023 la Comisión Interparlamentaria negara 17 créditos para la Nación, los exministros habrían buscado asegurar su apoyo y, en una reunión del 31 de octubre de ese año, se habría fraguado la asignación de tres convenios de la Ungrd para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), que sumaban COP 89.619 millones. El resultado de esa negociación, dijo la Fiscalía, fue claro: el 12 de diciembre la CICP aprobó cinco operaciones de crédito y el 15 de diciembre le dio luz verde a una más.
Todos los congresistas han negado cualquier participación en este esquema criminal. El nombre del senador Chagüi aparece de nuevo en la descripción que hizo la Fiscalía del tercer hecho de posible corrupción en el que habrían participado los exministros Velasco y Bonilla. Este caso tiene que ver con un contrato para la construcción de obras y canales de mitigación de inundaciones en el municipio de Sahagún (Córdoba), por COP 28.141 millones. La asignación del millonario convenio al senador Chagüi se habría fraguado durante una reunión del 23 de noviembre de 2023, en la que, además de los exministros, habrían participado la entonces asesora Benavides y Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Presidencia de la República.
Bonilla y Velasco han reiterado su inocencia en este proceso. En una declaración ante la Corte Suprema de Justicia revelada el pasado 19 de octubre, el exministro de Hacienda negó la existencia de cupos indicativos y sostuvo que su actuación se mantuvo dentro de los márgenes legales. Además, explicó que no intervino en la adjudicación de contratos ni dio instrucciones para direccionarlos. Lo mismo ha dicho Velasco, quien aseguró que nunca ofreció dádivas a cambio de votos en el Congreso y que no se ha robado un peso del Estado. Los abogados de ambos exministros presentaron recursos para que la Corte revise la medida de privación de la libertad que ordenó el Tribunal Superior de Bogotá.
¿Qué sigue en el proceso contra Bonilla y Velasco?
Con las apelaciones de las defensas de Velasco y Bonilla, así como de la Procuraduría, el caso ahora pasa a la Corte Suprema que solo podrá revisar la decisión de la magistrada Rosero de enviar a los exministros a la cárcel y no sobre la investigación de la Fiscalía. Esa decisión, por cuestión de términos, se conocerá después del 5 de enero, fecha en la que la Rama Judicial regresa de vacaciones. En el entre tanto, las autoridades tendrán que realizar la captura de ambos exfuncionarios. Velasco, que reside en Cali, aseguró que está listo para presentarse ante la entidad que lo requiera, mientras que Bonilla, al cierre de esta edición, seguía esperando en el Tribunal Superior de Bogotá su arresto.
Mientras se conoce la decisión de la Corte, la Fiscalía seguirá su trabajo, ahora para recopilar todas las pruebas para acusar a los exministros y llevarlos a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. En esa instancia es que Velasco y Bonilla aseguran que van a demostrar su inocencia. En todo caso, antes de que inicie esa etapa procesal, ambos pueden negociar con la Fiscalía beneficios en su sentencia, a cambio de confesar su culpabilidad o colaborar con la investigación. No obstante, ese camino está prácticamente cerrado en este caso en el que ambos juran ser inocentes.
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