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El escándalo por presuntas irregularidades en los millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sumó un nuevo capítulo. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exdirectores de la entidad, Olmedo de Jesús López Martínez, quien estuvo al frente entre 2022 y 2023, y Eduardo José González Angulo, quien dirigió la entidad entre 2018 y 2022.
El órgano de control justificó la acción en las presuntas irregularidades en la “planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa (Putumayo), las cuales fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un poco más de COP 185.093 millones”.
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Según la Procuraduría, al parecer, Olmedo López y Eduardo González no gestionaron de manera oportuna el proyecto de inversión ni solucionaron los inconvenientes que surgieron durante el desarrollo de las obras, lo que impidió su adecuada ejecución y finalización.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR también investiga posibles deficiencias en la planeación del proyecto, las cuales, según señaló, “afectaron de manera directa su ejecución y generaron retrasos significativos en el desarrollo de las obras de mitigación del riesgo, sin aparente justificación, entre otras presuntas irregularidades”.
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La situación habría impedido que los contratos para la reconstrucción de Mocoa se ejecutaran según lo previsto, provocando la suspensión de algunos y el no inicio de otros. La Procuraduría señaló que, incluso para este 7 de noviembre de 2025, el proyecto sigue sin concluir.
“En total, el proyecto incluía la ejecución de 17 contratos de obra y otros 11 de interventoría, que tenían como finalidad realizar 56 obras de mitigación del riesgo luego de las inundaciones registradas en 2017 y 2018, que ocasionaron graves daños a la infraestructura del municipio”, señaló el Ministerio Público.
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La Procuraduría concluyó que, la aparente conducta de Olmedo López habría significado una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Por su parte, Eduardo González habría incurrido en una falta gravísima a título de culpa grave.
El llamado a juicio disciplinario se produjo tras las investigaciones que el Ministerio Público inició el 24 de junio de 2024. Estas pesquisas se originaron en un paquete de 18 contratos incluidos en el Plan de Acción Específico presentado por la Alcaldía de Mocoa mediante un decreto de calamidad pública de 2021, con el propósito de agilizar las obras y prevenir una nueva tragedia.
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