En la tarde de este miércoles 24 de junio, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá prorrogó la medida de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y señalado de hacer parte del cerebro detrás del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión fue tomada luego de que el pasado 10 de junio la Fiscalía sustentara en audiencia la necesidad de mantener la medida de aseguramiento en contra del exfuncionario, prófugo en Managua (Nicaragua), que estaba a punto de vencerse. La orden de captura en contra de Carlos Ramón González nunca se ha hecho efectiva porque salió de Colombia.
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Para la Fiscalía, es clave asegurar que Carlos Ramón González, quien recibió asilo en Nicaragua, comparezca ante la justicia en Colombia por su presunta participación en el entramado de corrupción. Las investigaciones apuntan a que desde su despacho habrían salido las órdenes de repartir coimas y contratos para comprar votos en el Congreso a favor de proyectos del Ejecutivo.
El ente investigador imputó y llamó a juicio a Carlos Ramón González por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. También tuvo circular roja de Interpol, activa desde septiembre de 2025. Sin embargo, en abril pasado ese organismo retiró la orden de captura internacional y no la renovó.
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En junio pasado, de cara al vencimiento de la medida de aseguramiento con la que Carlos Ramón González nunca ha cumplido por estar fuera de Colombia, la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá su ampliación. La fiscal María Cristina Patiño, quien lleva el expediente en contra del exdirector del Dapre, argumentó que su captura es clave para que el proceso penal avance.
“La medida de aseguramiento no se ha podido materializar, puesto que el procesado González Merchán se encuentra prófugo de la justicia, amparado en una solicitud de asilo político que ha impedido su detención y su sometimiento para el cumplimiento de la decisión judicial”, dijo la funcionaria del búnker ante el despacho del magistrado Fabio Bernal.
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Durante la diligencia, agregó que las afirmaciones de Carlos Ramón González sobre una supuesta persecución política y la existencia de un montaje judicial no tienen respaldo en las pruebas recopiladas por la Fiscalía. En ese sentido, cuestionó los argumentos de su asilo político y señaló que la investigación se originó a partir de las declaraciones y señalamientos sustentados.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le dio crédito a los argumentos de la fiscal María Cristina Patiño y prorrogó por un año más la medida de aseguramiento que estaba vigente, en principio, hasta el 2 de julio de 2026. Durante la audiencia, el magistrado Fabio Bernal argumentó que Carlos Ramón González “diseñó sus propios modos” para salir prófugo del país.
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El togado expresó que su decisión de buscar asilo político en Nicaragua es un “indicador” de una actuación que reprocha la Fiscalía. Agregó que “hacer el quite al cumplimiento de las decisiones judiciales, incluso con la solicitud de asilo” es “una habilidosa maniobra de quien pretende a su acomodo someter las normas del Estado democrático y de derecho”.
La defensa de Carlos Ramón González apeló la decisión argumentando que el magistrado Fabio Bernal no tenía los elementos necesarios para prorrogar la medida de aseguramiento en contra del exdirector del Dapre. Pero, además, justificando que si está fuera del país es porque, en concepto de sus abogados, corre riesgo de persecución política en Colombia.
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El propio exfuncionario decidió hablar durante la audiencia para defender su inocencia, como lo ha hecho desde que estalló el escándalo de la Ungrd. “Encuentro particularmente innecesaria la prórroga. Pero, más allá de eso, quiero decir que hoy, en la situación en la que me encuentro en calidad de asilado político, tengo que seguir insistiendo en mi inocencia”, expresó.
Dijo que nada de lo que ha recopilado la Fiscalía es real y que los señalamientos de Olmedo López en su contra son “una incriminación política”. Para la fiscal María Cristina Patiño, por su parte, no es coherente que Carlos Ramón González argumente persecución en un país en de cuyo gobierno hizo parte. Pero, además, defendió las pruebas y testimonios recopilados, que lo involucrarían con el escándalo de corrupción más grande de este Gobierno.
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