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Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, seguirá detenida en una sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía, en Bogotá, mientras avanza la indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. La congresista es una de las presuntas implicadas en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Por medio de su abogado, Henry Montes, Peralta había interpuesto un recurso de habeas corpus en contra de la orden de captura emitida en la noche del pasado 18 de junio desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo de esa orden era garantizar que la senadora asistiera a las indagatorias.
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Esa medida ordenaba la detención de Peralta mientras avanza la indagatoria y se define si es necesario o no ordenar una medida de aseguramiento preventiva. El recurso de habeas corpus con el que la senadora y su abogado buscaban tumbar la orden de la magistrada Lombana fue resuelto por la jueza de familia de Bogotá, Sandra Isabel Bernal, en la tarde de este sábado.
La orden dispone que se mantenga la detención de la senadora mientras se reanuda la diligencia de indagatoria el próximo 22 de junio. La jueza argumentó en su decisión que la orden de captura que buscaban tumbar por medio del habeas corpus fue decretada por la magistrada Lombana de forma legítima y en cumplimiento de los lineamientos que establece la ley.
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“Mientras exista una orden de captura expedida por autoridad judicial competente y no se evidencie una irregularidad manifiesta en la legalidad formal de la privación de la libertad o una prolongación ilícita de esta, este mecanismo no constituye la vía idónea para obtener la libertad pretendida”, se lee en la decisión en contra del habeas corpus de Marta Peralta.
El abogado Montes, representante de la senadora del Pacto Histórico, le confirmó a El Espectador que Peralta sigue en las instalaciones de la Dijín de la Policía. De paso, cuestionó la orden emitida por la magistrada Lombana. “En su contra pesa una orden de captura expedida con fines de indagatoria, cuando esta diligencia comenzó el día anterior y ella se presentó voluntariamente”, dijo el jurista.
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Agregó: “Es un contrasentido ordenar la captura para indagar de alguien que ya está rindiendo indagatoria. ¿Para qué la captura? Si ese es el propósito, la pregunta que surge es: ¿Resulta necesaria la privación de la libertad del procesado que voluntariamente comparece a rendir indagatoria?”, señaló el abogado Montes en su diálogo con este diario.
En la tarde del 17 de junio se conoció la noticia de que la senadora Peralta sería citada a indagatoria al día siguiente, el jueves 18. Ese mismo día, durante la diligencia, el despacho de la magistrada Lombana ordenó la captura de la congresista, según ella, para garantizar que siguiera compareciendo ante la justicia hasta que concluya la indagatoria.
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El viernes 19 de junio la senadora llegó a la sede de la Sala de Instrucción, acompañada de un fuerte esquema de seguridad, para continuar con la diligencia. “Yo siempre he dado la cara, he actuado con transparencia. He venido a aclarar los hechos y cualquier duda que tenga la Corte”, dijo. Sin embargo, ese día la orden fue que permaneciera bajo custodia de la Policía.
Desde que inició el proceso en contra de Peralta, ella ha defendido su inocencia. “Esto se trata de una persecución política y en medio de una campaña. Yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas y esto es porque pertenezco a un proyecto político”, dijo esta semana, antes de la indagatoria.
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Martha Peralta y el caso de la Ungrd
La senadora Martha Peralta ha sido señalada por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, de presuntamente haber hecho parte del entramado de corrupción de la Ungrd. Al parecer, la congresista habría participado en el direccionamiento de contratos relacionados con maquinaria amarilla para el departamento de La Guajira.
El alto tribunal adelanta pesquisas, dentro de otras cosas, por el interés que habría tenido la congresista en una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por un valor de COP 2.170 millones que se usó para la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas que servirían para obras de recuperación en el municipio de Riohacha (La Guajira).
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También ha sido señalada como la presunta “articuladora” del entramado al interior del Congreso para conseguir votos a favor de proyectos de Gobierno. Y fue mencionada durante la imputación en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, de presuntamente haber buscado apoyos con coimas para proyectos del Ejecutivo.
Puntualmente, estaría relacionada con el capítulo de los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, a quienes les habría prometido proyectos de la Ungrd a cambio de votos a favor de las reformas sociales y las operaciones de crédito público. Incluso, la Fiscalía asegura que en junio de 2023 se habría reunido con Olmedo López para tramitar proyectos para varios parlamentarios.
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