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Esta semana, un juez de conocimiento de Bogotá ordenó cerrar la investigación que se adelantaba en contra del padre Francisco de Roux, el sacerdote jesuita y expresidente de la Comisión de la Verdad, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Darío Chavarriga contra los hermanos Luis Fernando, Sofía, Alba Constanza y Ana Rosa Llano Narváez.
La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara la preclusión de la investigación porque, al momento de los hechos, el padre De Roux actuó conforme al derecho canónico. "No se evidencia el incumplimiento de un deber funcional, religioso, institucional o que el mismo pueda transformarse en un comportamiento de tipo penal", señaló el juez.
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Agregó que el sacerdote sí tomó medidas y no intentó encubrir los abusos denunciados: "Para ello, inequívocamente, es indispensable demostrar, verificar y validar que la conducta reunía en el caso de Francisco; esa conclusión permite explicar por qué entonces sí activó los derechos canónicos, pero no se puede llegar a presumir que tenía una posición de garante de una persecución penal".
Pero la investigación no era solo en contra del expresidente de la Comisión de la Verdad. A otros dos sacerdotes también les precluyeron la investigación: los jesuitas Luis Javier Sarralde Delgado y Hans Zollner. El Espectador conoció los dos documentos con los que la Fiscalía le pidió al juez del caso que precluyera la investigación que adelantaba en contra de los religiosos.
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El caso estaba relacionado con su presunta responsabilidad en los delitos de favorecimiento y omisión de denuncia particular luego de que, en 2014, Luis Fernando Llano Narváez le contara al padre De Roux que él y sus hermanas habían sido abusados sexualmente por el sacerdote Chavarriaga, fallecido en 2015, cuando eran unos niños. Los hechos correspondían a los años 1976 a 1979.
Los tres religiosos investigados, según el documento de la Fiscalía, no reportaron el caso a las autoridades judiciales. Solo retiraron al padre Chavarriaga de sus funciones y lo enviaron a una casa para sacerdotes enfermos. De Roux era en ese momento el superior provincial de los jesuitas y, según la denuncia, se habría negado a poner la situación en conocimiento de las autoridades judiciales.
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El sacerdote Sarralde fue llamado por el padre De Roux para que integrara un equipo que se pusiera al frente del caso, por ser abogado y doctor en derecho canónico, en calidad de procurador. El religioso "concluyó que, por la aceptación o confesión de los hechos por parte del acusado, Dario Chavarriaga Jaramillo, estaba ante la comisión del delito canónico de abuso sexual de menor".
En esa línea, se ordenó el retiro inmediato del sacerdote implicado en los casos de abuso. La Fiscalía argumentó que en el caso del padre Serralde "no se logra evidenciar con su actuar que ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación por los delitos sexuales de los cuales fueron víctimas algunos de los hermanos Llano Narváez".
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Agrega que su forma de actuar dentro del equipo designado por el padre De Roux para investigar el caso "no lesionó ni puso en peligro el bien jurídico de la recta impartición de justicia y con su actuar no se configura el delito de favorecimiento". En ese sentido, la Fiscalía decretó el archivo de la investigación en contra del religioso que sancionó al sacerdote Chavarriaga.
En cuanto al sacerdote Hans Zollner, quien fue comisionado por el Papa Francisco para que fuera a distintos países a conocer sobre casos de abuso sexual por parte de religiosos, el documento de la Fiscalía señala que en 2017 Luis Fernando Llano, en una reunión en Bogotá, le puso su caso y el de sus hermanas en conocimiento para que se lo comunicara al sumo pontífice y tomaran medidas.
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"Con posterioridad a este encuentro, el señor Llano Narváez recibió en junio del año 2017 un correo por parte de Johanness Zollner, donde le indicó que se puso en contacto con la gente en Colombia, quienes le habían dicho que se había hecho todo lo que estaba previsto en la ley y el protocolo, y que la Compañía de Jesús había actuado en debida forma", dice el documento de la Fiscalía.
Y agrega: "En el año 2024, increpó al padre Johanness Zollner, a quien nuevamente le manifestó que era una víctima del padre Chavarriaga y que el padre De Roux tuvo conocimiento de dicha situación en el año 2014 y que no pasó nada, al igual que cuando le contó a él en el año 2017 de manera directa al indiciado, queriendo saber por qué los habían abandonado como víctimas".
En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que no hay prueba de que el sacerdote Zollner hubiera intentado obligar a los hermanos Llano a guardar silencio frente a las autoridades judiciales o que no hicieran públicas las violencias de las cuales fueron víctimas. Por esa razón, el ente investigador pidió el archivo del caso en su contra y los tres sacerdotes jesuitas quedaron por fuera de la investigación.
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BCongote(6iy15)•26 de octubre de 2026 – 12:48(2) Probablemente también, el SILENCIO CIUDADANO aquí desvelado, obedezca al MIEDO con el cual fuimos educados, artífice como ha sido de nuestras PROCLIVIDADES VIOLENTAS pues ellas son el único camino que sabe emprender el alma atemorizada, sobre todo cuando esos temores nacen de sus padres y "maestros" superiores (¿¿¿¡¡¡)
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BCongote(6iy15)•26 de octubre de 2026 – 12:44NO SORPRENDE que éste sea, hasta esta hora, el PRIMER (y único) comentario sobre esta noticia. Buena parte de los colombianos educados pública o privadamente, HEMOS SIDO VÍCTIMAS DEL MONOPOLIO ejercido por la Iglesia sobre la mal llamada "educación" que nos fue impartida. Uno de cuyos GRANDES MECANISMOS consistió en PROHIBIRNOS DESDE NIÑOS, siquiera hacer alguna pregunta que significara conocer algún detalle de la forma y fondo del aparato religioso político VATICANO-CATÓLICO