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Una nueva estrategia de seguridad fronteriza que busca intensificar las operaciones conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la migración irregular fue aprobada por Colombia y Panamá. La decisión fue adoptada en el marco de la XXVII Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), instalada en Cartagena (Bolívar), donde altos mandos militares de ambos países definieron una hoja de ruta para escalar la cooperación hacia operaciones combinadas en terreno.
El encuentro contó con la participación del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, acompañado de la cúpula militar, y de Larry Solís Velázquez, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront).
También asistieron el subcomisionado Jonathan Alí, representante del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y otros oficiales de las fuerzas militares y de policía panameñas. Tras varias sesiones de trabajo, las delegaciones coincidieron en la necesidad de incrementar el impacto contra las organizaciones armadas ilegales que operan en la zona limítrofe.
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Como parte del acuerdo se definieron Áreas Nombradas de Interés en las que se desplegarán patrullajes conjuntos, controles aéreos y marítimos, misiones de vigilancia en selvas y pasos fluviales, así como operaciones de inteligencia contra campamentos ilegales y rutas migratorias irregulares.
En Colombia, la prioridad será desmantelar al Clan del Golfo, organización señalada como el principal responsable de las actividades de narcotráfico y violencia en la región. En Panamá, los esfuerzos se concentrarán en los grupos conocidos como Manzana Cero y Mafias Filipinas, dedicados a contrabando y delitos asociados.
La ofensiva también apunta a frenar economías ilegales como la tala indiscriminada, la explotación ilícita de minerales y la siembra de cultivos ilícitos. Para ello se implementarán tecnologías de punta, entre ellas drones, sensores y monitoreo satelital, con el fin de cubrir los corredores más críticos.
Según los voceros de las delegaciones, las operaciones estarán enmarcadas en el respeto a los Derechos Humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, una exigencia que busca garantizar legitimidad frente a las comunidades que habitan en estas zonas de alta vulnerabilidad.
Los resultados recientes de esta cooperación han generado más de 27 toneladas de cocaína incautadas, cerca de 50 personas capturadas por minería ilegal, además de la confiscación de motobombas, escopetas y equipos de comunicación empleados por las redes criminales. Las autoridades insisten en que los golpes más relevantes son los que logran debilitar las finanzas del crimen organizado, reduciendo su capacidad de expansión hacia territorios rurales y urbanos.
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La situación migratoria en la frontera fue otro de los temas centrales. De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, el tránsito de personas por el Darién se redujo en un 94 % en comparación con enero de 2024, gracias a los controles implementados, el cierre de rutas ilegales y la habilitación de un corredor humanitario. En Necoclí (Antioquia), uno de los principales puntos de partida hacia Centroamérica, el flujo diario pasó de 500 a 20 migrantes en lo corrido de este año.
Desde 2001, Colombia y Panamá han mantenido mecanismos de coordinación en materia de seguridad fronteriza. Sin embargo, los delegados resaltaron que la actual estrategia marca un punto de inflexión, pues por primera vez se establece un esquema de operaciones simultáneas y coordinadas en territorio de ambos países.
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