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Por la muerte en una fallida operación de rescate del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el Consejo de Estado condenó a la Nación, en cabeza del Ejército y el Ministerio de Defensa. Gaviria, quien se encontraba secuestrado por la extinta guerrilla de las Farc, murió en el 2003 luego de que el Ejército realizara un fallido operativo de rescate, donde también fueron asesinados ocho militares con tiros de gracia.
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La decisión del Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que negaba las pretensiones de la familia de una de las víctimas para que la indemnizara por la muerte del cabo primero de la Armada Nacional, José Gregorio Peña Guarnizo, quien murió durante el operativo de rescate en mayo de 2003. El Tribunal aseguraba que no se había demostrado la equivocación en el procedimiento militar y táctico empleado por la Fuerza Pública en la operación militar “Monasterio”.
La muerte del exgobernador y de los ocho militares ocurrió el 5 de mayo del 2003 en el municipio de Urrao (Antioquia). Gaviria fue secuestrado por las extintas Farc el 21 de abril de 2002, mientras se encontraba en medio de una marcha por la paz que se dirigía al municipio de Caicedo, en el occidente de Antioquia. Un año después de su secuestro, las víctimas murieron en zona rural de Urrao, en medio de la selva que limita con el departamento del Chocó.
El Consejo de Estado rechazó la postura del Tribunal de Antioquia y afirmó que el Ejército “falló en la planeación del operativo porque tenía el conocimiento de la alta presencia de guerrilleros en la zona, desconocimiento de las reales condiciones en que se encontraban los rehenes, supusieron las órdenes que tenían las personas al margen de la ley y, aun así, decidieron desarrollar la operación”, por esto el alto tribunal condenó al Estado y al Ejército por haber creado un riesgo inminente.
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“La causa determinante de las muertes fue el operativo de rescate planeado y ejecutado por las fuerzas estatales. Efectivamente, las únicas personas que fueron testigos presenciales de los hechos coincidieron en afirmar que la acción de las personas al margen de la ley obedeció a la presencia de los helicópteros y militares en el lugar” afirmó el Consejo de Estado. El fallo se basó en los testimonios que entregaron sobrevivientes, quienes afirmaron que la orden de disparar de Aicardo de Jesús Agudelo, alias El Paisa, llegó cuando escuchó cerca a los miembros de la Fuerza Pública.
Además, el alto tribunal aseguró que hubo violaciones a las normas internacionales durante el operativo y que no se tuvieron en cuenta las garantías para preservar la vida de las víctimas, sino que se dio prioridad a mostrar un resultado operacional. “Se estableció que solo supieron que el objetivo era liberar a los secuestrados, unos minutos antes del desarrollo de la operación” afirmó el Consejo de Estado.
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La decisión ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército a ser responsables patrimonialmente por los prejuicios causados a las familias del exgobernador Guillermo Gaviria, secuestrado el 21 de abril de 2002 y hermano del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el soldado del Ejército Yercenio Navarrete, secuestrado el 15 de agosto de 1998, y el suboficial José Peña Guarnizo, secuestrado el 12 de diciembre de 1999.
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