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1 Sep 2021 - 6:36 p. m.

Las consideraciones laborales de la Corte Constitucional para soldados con VIH

El alto tribunal advirtió que la pérdida de capacidad laboral de miembros de la Fuerza Pública con VIH implica deberes especiales para las instituciones.
Imagen de referencia de integrantes del Ejército. Archivo El Espectador.
Imagen de referencia de integrantes del Ejército. Archivo El Espectador.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional decidió proteger los derechos a la seguridad social y al debido proceso administrativo de un soldado profesional diagnosticado con VIH. El caso se dio porque el militar pidió un examen para determinar la perdida de su fuerza laboral, pero el dictamen entregado por el Ejército no estableció los criterios para esta determinación.

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En octubre de 2015, la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional (DISAN EJC) practicó una Junta Médico Laboral al soldado para evaluar la posible disminución de sus aptitudes psicofísicas. En ese dictamen, sostuvo la Sala, “no asignó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral ni estableció criterios para determinar el progreso de su infección o el eventual deterioro de sus condiciones clínicas”.

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Tres años después, en 2018, el militar solicitó a la institución que le realizara una nueva valoración para determinar la pérdida de su capacidad laboral, esto por considerar que su salud se había afectado desfavorablemente por enfermedades desprendidas de su diagnosticado VIH. En esta ocasión, al no obtener respuesta del Ejército, el soldado interpuso una acción de tutela para que se llevara a cabo otra Junta Médico Laboral, pero esta petición no tuvo resultado porque se consideró que el dictamen de 2015 aún tenía vigencia.

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En la reciente decisión de la Corte, la magistrada ponente Gloria Stella Ortiz recordó que las personas con VIH son titulares de una especial protección constitucional y es indispensable “garantizar la existencia de procedimientos que permitan la valoración de la pérdida de capacidad laboral de manera periódica, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas, catastróficas, progresivas, degenerativas o de una infección con las características del VIH”.

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La magistrada ordenó que se conformara una nueva Junta Médico Laboral para que evalúe la pérdida de capacidad laboral del soldado adecuadamente. Así mismo, dispuso que la DISAN EJC, “deberá establecer elementos como el origen y el porcentaje de la disminución psicofísica, así como otros criterios que permitan determinar si hay deterioro en sus condiciones de salud”.

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En su decisión, la magistrada le manifestó a la DISAN EJC, que tiene la obligación de responder oportunamente las solicitudes de este tipo de trámites, especialmente tratándose de miembros del Ejército en servicio activo. y que presentan condiciones similares a las del soldado tutelante. También así, la Corte afirmó que parte del tratamiento médico del soldado fue suspendido por un período de casi un año, lo cual, manifestó el alto tribunal, condujo a la vulneración de su derecho fundamental a la salud.

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