Tras una revisión realizada por la Contraloría General de la República, el órgano de control indicó que el proceso de adquisición de aeronaves Gripen con la empresa sueca Saab por parte del gobierno de Gustavo Petro “se ajustó y cumplió con las expectativas y necesidades estratégicas del país”.
La entidad señaló que, pese a que el contrato de COP 16,5 billones se encuentra clasificado, se accedió a la información física en las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), donde logró comprobar que, antes de que se celebrara el contrato, se recibieron ofertas de aeronaves fabricadas en Estados Unidos, Francia, España y Suecia.
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Asimismo, indicó que de las propuestas entregadas, solo las de las empresas Saab (Suecia) y Dassault (Francia) “contaban con la información suficiente para realizar un análisis comparativo de las características técnicas de las aeronaves, así como de las condiciones económicas de un eventual contrato”.
La Contraloría señaló que, al final, la compañía Saab presentó las condiciones más favorables para el país, comenzando por la propuesta más económica, lo que permitió que el contrato se suscribiera por un valor cercano a los COP 14 billones, respaldado por un techo presupuestal superior a los COP 16 billones.
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Además, según el órgano de control, la “propuesta seleccionada inició la entrega de forma más temprana, ajustándose así a las necesidades de reemplazo de las aeronaves Kfir”. También indicó que la propuesta de la empresa sueca incluyó 17 aeronaves nuevas, con entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico aeronáutico y armamento estratégico de última generación.
Por otro lado, señaló que la evaluación técnica realizada por la FAC incluyó nueve variables y 157 subvariables, a partir de las cuales se concluyó que el Gripen presenta un costo por hora de vuelo inferior al de su competidor más cercano.
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“A su vez, se adapta de forma sencilla a la infraestructura colombiana, al poder operar en pistas mucho más cortas e incluso en carreteras”, indicó la Contraloría, al señalar que, además, al tratarse de una aeronave monomotor, los costos de sostenimiento tienden a ser inferiores a los de una aeronave bimotor.
Otro de los puntos resaltados por la Contraloría es que el contrato “establece un pago anticipado del 40 % en seis cuotas entre 2026 y 2031, y el 60 % restante contra entrega entre 2028 y 2032. Las garantías incluyen cumplimiento, calidad y cláusulas penales. La ley aplicable al contrato es la ley colombiana”.
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Finalmente, la Contraloría indicó que, aunque considera que este contrato se ajustó y cumplió con las expectativas del país, continuará con la revisión de su ejecución y desarrollo mediante un seguimiento permanente durante el primer semestre de 2026, debido a la trascendencia económica de la compra.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció luego de la revisión de la Contraloría, e indicó que el órgano de control encontró dos aspectos: “El primero es que el proceso se ajustó a todos los procedimientos de transparencia, de acuerdo con la Constitución y la ley; y el segundo, que da respuesta a una necesidad estratégica de la nación”.
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