:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/jByTUDxEnE2zAPaogrlt9zS5qh8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/KHNFR7AP7RH6DDWZHVW5T5OVRY.jpeg)
La Sala Plena de la Corte Constitucional arrancó el 2022 con una decisión histórica: declaró el estado de cosas inconstitucional a un punto de la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc. Con una votación de cinco contra cuatro magistrados, la Corte les dio la razón a los excombatientes de todo el país que interpusieron ocho tutelas separadas en las que alegaban una falta de garantías de seguridad en los territorios, entre otros incumplimientos al Acuerdo por parte del Estado. Para tomar esta decisión, el alto tribunal estudió la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, revelada por este diario en agosto pasado, en la que aclaró que existe una violación masiva del Acuerdo de Paz, por cuanto los firmantes no tienen garantías de seguridad y están siendo asesinados sin que el Estado haga algo.
La decisión conocida este jueves 27 de enero, tras más de seis horas de Sala, da cuenta que se deben adoptar órdenes encaminadas a garantizar la ejecución de los programas de protección y seguridad de los excombatientes, los miembros del partido Comunes y sus familias y líderes. Estas órdenes fueron respaldadas, algunas por unanimidad y otras por amplia mayoría. La votación quedó así: a favor los magistrados, Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares, Cristina Pardo, Diana Fajardo y José Fernando Reyes; en contra los magistrados Gloria Ortiz, Paola Meneses, Alberto Rojas y Jorge Enrique Ibáñez, este último estuvo de acuerdo con todas las órdenes impartidas, salvo que se declarara el estado de cosas inconstitucional (ECI)
(Lea aquí: La ARN niega renta básica a los hijos de ex-Farc asesinados)
“Consideró la Corte que, en efecto, los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección y dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos. La Corte Constitucional, además, considerando el alto número de firmantes del Acuerdo final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados, también decidió declarar el estado de cosas inconstitucional y expedir órdenes estructurales generales para el cumplimiento de lo establecido en las normas del Acuerdo en lo relativo a las garantías de seguridad”, dijo la magistrada Pardo.
Entre las directrices del alto tribunal, que suman más de diez, se ordena a la Unidad Nacional de Protección que dentro de los próximos cuatro meses se reevalúe el riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y quiénes integran el partido Comunes, así como otras personas que se encuentren en situaciones similares. Igualmente, la entidad deberá reevaluar los riesgos de los esquemas de protección colectiva de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecerlos. La Corte también dijo que, de ser necesario, se implementen nuevos esquemas dentro de los próximos cuatro meses y en ese lapso se concluya la contratación y la formación de los agentes escoltas.
Igualmente, la Corte ordenó a la Procuraduría a que adopte un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Del mismo modo, a través de una Sala Especial de Seguimiento, se deberá realizar un estudio en el que se verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas por el alto tribunal. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicho seguimiento.
La magistrada Pardo aclaró que la providencia le ordena al Gobierno Nacional a que adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo de Paz, de modo que se facilite la reinserción, reincorporación efectiva y pronta en la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares entendiendo que esto contribuye a su seguridad personal. “En ese mismo sentido ordenar al gobierno que se inicie los trámites para disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que las personas firmantes del acuerdo ejercen actividades de liderazgo político o social y comparecen ante el sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de una repetición”, resaltó.
Lo que estudió la Corte
Un ECI significa una violación constante y masiva de derechos fundamentales y la ponencia de Pardo da cuenta de las irregularidades que han enfrentado los más de 13.000 excombatientes al reincorporarse a la vida civil. El documento de más de 250 páginas exponía el recrudecimiento del conflicto en sus regiones, la multiplicación de amenazas y riesgos para ellos y sus familias, y los precarios avances en las garantías de seguridad, integridad personal y condiciones dignas para vivir en paz. Esto, debido al accionar de grupos ilegales como el Eln, el Clan del Golfo y las mismas disidencias del proceso, pero sobre todo a la escasa presencia de la Fuerza Pública y de la institucionalidad en los territorios.
Para la magistrada Pardo, los crímenes que padecen las extintas Farc se convirtieron en una cotidianidad, al punto que las autoridades y entidades del Gobierno se limitan a escuetos anuncios que dan cabida a una serie de investigaciones e iniciativas que con el pasar de lo días quedan inconclusas. Con esa latente realidad, la magistrada plasmó en su ponencia el incumplimiento del Estado. “El asesinato de una sola de las personas que firmaron el Acuerdo tiene un efecto desproporcionado y exige la acción inmediata y coordinada de todo el Estado (…) debe tenerse en cuenta que a cambio de la desmovilización y del desarme que ya tuvo lugar y se cumplió a cabalidad por parte de las personas que se comprometieron a reincorporarse al tejido social, lo mínimo que ellas esperan es poder hacer ese significativo tránsito de manera confiable y segura para sus vidas e integridad personal”.
De acuerdo con la ponencia, es absolutamente grave para la democracia que 270 excombatientes y firmantes de un acuerdo de paz hayan sido asesinados tras un proceso que puso fin a medio siglo de guerra, pues esta cadena de crímenes socava la confianza de los reincorporados en el Estado, al que durante tantos años combatieron. Además, la magistrada Pardo sostuvo ante la Sala que le dio el espaldarazo que ha resultado muy desigual la respuesta al pacto de confianza que hicieron quienes dejaron las armas y el Estado que se comprometió a protegerlos y, citando un informe de la JEP, señaló que si la tendencia de asesinatos se mantiene es posible que para 2024 “lleguen a presentarse alrededor de 1.600 casos de homicidio a desmovilizados”, lo que equivaldría al “12 % del total de la población que firmó la paz”.
Lea también: Así quieren salvar la vida de los excombatientes de las Farc en Argelia)
Las cifras que resultan aterradoras no solo para la magistrada sino también para la justicia transicional y aún más para los excombatientes no escapa del escenario de inseguridad que padecen actualmente los exmilitantes por lo que hizo un fuerte llamado al Gobierno a dejar las omisiones en materia de seguridad. Expuso ante la Sala que esas acciones no se pueden seguir justificando en que la población firmante del acuerdo habita en zonas donde la situación de orden público es precaria. A juicio de la magistrada, la oleada de violencia en esas zonas supone el que Gobierno de turno asuma los compromisos que se adquirieron una vez se firmó el acuerdo en Cuba.
En pocas palabras, lo que Pardo llevó ante la Sala Plena que la respaldó es que al Gobierno se le acabaron las excusas de no velar por la seguridad de los firmantes del acuerdo y con ello la propuesta que llevó en su ponencia es una articulación completa de entidades que no pueden seguir pasándose el problema de lado a lado sin tener una solución de fondo. Entre otras cosas, llamó la atención en que el “componente de seguridad se analice y aplique tan solo en términos de medición de riesgo, acciones preventivas individuales, esquemas de seguridad con personas, armamentos y vehículos, y no en términos de estrategias para consolidar la integración al tejido social”.
Le puede interesar: JEP enciende alarmas por la grave condición de seguridad de excombatientes
Para Pardo, el Gobierno creó una institucionalidad paralela que hizo a un lado dos entidades pactadas en el Acuerdo de Paz que habrían resultado claves para atender estas situaciones de riesgo: la Instancia de Alto Nivel y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en donde tienen participación los firmantes del proceso. Esta circunstancia, a su juicio, generó una confusión institucional que cercenó el camino para que distintas autoridades no asumieran una responsabilidad completa en sus acciones.
Aunque el repertorio de irregularidades por el incumplimiento a los acuerdos no termina ahí, lo que está claro es que la Corte, una vez más le dio el espaldarazo a la búsqueda de la paz. Esta no es la primera muestra que el alto tribunal da para ese avance. Lo hizo cuando le dio piso jurídico a la JEP, o cuando catapultó lo pactado en Habana como un brazo más en la democracia y fortalecimiento de la paz.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.