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La Corte Constitucional aclaró las reglas de la vacancia judicial. A través de una sentencia, el alto tribunal estableció que, aunque los despachos judiciales estén en vacaciones colectivas entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, este receso no puede impedir que se revisen los decretos legislativos expedidos durante un estado de excepción.
La sentencia C-300 de 2026, con ponencia del conjuez Luis Hernando Parra Nieto, tiene origen en el estudio de una demanda contra apartes de la Ley 31 de 1971 y del Decreto 546 de 1971. Estas normas regulan el periodo de vacaciones colectivas de la Rama Judicial.
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Puntualmente, en la denuncia, el ciudadano Daniel Eduardo Romero Vitola señala: "La eliminación de la ‘vacancia judicial’ no implica la supresión del derecho de los funcionarios judiciales a disfrutar de vacaciones, sino que permite la implementación de un sistema de vacaciones colectivas por turnos o bloques, de una manera que no conlleve la afectación en la prestación del servicio, es decir, que garantice la continuidad del servicio mientras se respeta el descanso de los funcionarios".
Al estudiar el caso, la Corte concluyó que las normas sobre la vacancia judicial son constitucionales. Sin embargo, estableció que las vacaciones colectivas no pueden paralizar la revisión automática que debe realizar el alto tribunal de los decretos legislativos expedidos durante un estado de excepción, como ocurrió con la emergencia económica decretada en diciembre de 2025.
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En ese sentido, si el Gobierno decreta un estado de emergencia durante la vacancia judicial, la Corte Constitucional deberá mantener activo el examen de los decretos. La decisión fue adoptada por una Sala de Conjueces integrada por Antonio Felipe Barreto Rozo, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Diana Durán Smela, Álvaro Andrés Motta Navas y Luis Hernando Parra Nieto.
También participaron los conjueces Mauricio Alfredo Plazas Vega, Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Por su parte, los togados Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Jaime Orlando Santofimio Gamboa decidieron aclarar su voto.
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Este debate cobró relevancia con el decreto de emergencia económica expedido durante el gobierno de Gustavo Petro a finales de 2025, cuando la Corte ya se encontraba en vacaciones. El hecho generó una discusión sobre la posibilidad de que el alto tribunal ejerciera un control inmediato.
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