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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura inmediata de dos congresistas reelectos este domingo señalados de estar involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Se trata de los congresitas Wadith Manzur del Partido Conservador y Karen Manrique de las curules de paz.
El alto tribunal decidió, además, llamarlos a juicio por el delito de cohecho impropio por, supuestamente, aprobar créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el Congreso a cambio de proyectos de la unidad. Además de ellos dos, el alto tribunal decidió llamar a juicio por el mismo delito y los mismos hechos a otros cuatro parlamentarios.
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Se trata de: Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).
La decisión fue tomada tras la revisión que hizo la Sala de Instrucción de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, en la que pidió enviar a prisión a los políticos por considerar que hay indicios suficientes sobre su participación en el entramado de corrupción.
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La ponencia del magistrado Rodríguez sostenía que la Corte tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, dentro de otras pruebas, que apuntan a la posible responsabilidad de estos seis políticos en el escándalo. Esas pruebas que enlistó el ponente del caso darían cuenta de que los congresistas le dieron el visto bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.
Esos ofrecimientos habrían llegado a los congresistas por órdenes, al parecer, de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos ya fueron imputados por este caso y están en privados de su libertad desde diciembre del año pasado a la espera de que la Fiscalía avance en la investigación y los llame a juicio.
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Lo que la investigación ha logrado esclarecer es que los proyectos que les habría ofrecido el Gobierno a cambio de su apoyo en la CICP sumaban cerca de COP 92 mil millones y estaban distribuidos en los municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
De los seis investigados, dos fueron reelectos: los representantes a la Cámara Karen Manrique y Wadith Manzur (Partido Conservador). Ellos y los demás miembros de la CICP vinculados al caso se suman al grupo de congresistas o funcionarios públicos en la cárcel por este caso. Los primeros en caer fueron los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
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Luego, la Fiscalía pidió cárcel para la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y para el exdirector del Departamento Administrativo Presidencia de la República, Carlos Ramón González, quien permanece prófugo de la justicia. Los más recientes en ser enviados a la cárcel fueron los exministros Velasco y Bonilla.
En el caso de Name y Calle, la Corte pidió cárcel para ambos en medio de la investigación por los delitos de cohecho y peculado. En su momento, el alto tribunal consideró que era la medida adecuada en medio del polémico caso, porque “su libertad representa un riesgo de peligro para la comunidad”. Dentro de lo definido, se supo que “las demás medidas de aseguramiento que se podían adoptar resultaban insuficientes y la que se tomó era necesaria y proporcional”.
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Los casos de Manzur, Bitar, Peinado, Gallo, Manrique, y el excongresista Muñoz ahora pasan a manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte. Solo queda esperar a que el expediente sea repartido y se conozca quién será el ponente que adelantará el juicio en contra de estos políticos. Todos aseguran ser inocentes y ajenos al escándalo de corrupción.
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