La Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín Ortiz, expresó su preocupación por la reciente propuesta del Gobierno de Gustavo Petro, que reconoce a 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en procesos de verdad, con una posible incidencia en las elecciones, según lo establecido en la Resolución 327 de 2025.
Iris Marín alertó: “Revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo, incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de usar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”.
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la designación como una apuesta del Gobierno Nacional para avanzar en la reparación de las víctimas del conflicto.
“Me imagino que la derecha se preocupará, se asustará y criticará el proceso porque le tiene miedo a la verdad. Quien critique esta resolución, lo acuso de tenerle miedo a la verdad o hasta de ser cómplice de todo lo que ha pasado en este desastre de país”, aseguró el ministro del Interior.
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Por su parte, la defensora señaló: “Cuando el ministro afirma que ‘es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato’, mezcla dos dimensiones distintas: la justicia y la política”.
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