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Defensoría denuncia presiones de disidencias contra líderes sociales en Huila

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la posible instrumentalización de líderes sociales en La Plata, Huila, en medio de intimidaciones por parte de las disidencias de las Farc.

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22 de septiembre de 2025 - 02:58 p. m.
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La Defensoría solicitó al Gobierno Nacional “desplegar medidas de atención a las comunidades para que puedan tener respaldo en decisiones autónomas frente al grupo armado ilegal: que les permita superar la instrumentalización de la que son objeto y permitir el ejercicio de autoridad de las instituciones del Estado”.
La Defensoría solicitó al Gobierno Nacional “desplegar medidas de atención a las comunidades para que puedan tener respaldo en decisiones autónomas frente al grupo armado ilegal: que les permita superar la instrumentalización de la que son objeto y permitir el ejercicio de autoridad de las instituciones del Estado”.
Foto: Cortesía

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las amenazas e intimidaciones del Frente Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, contra líderes y lideresas en La Plata (Huila). Por medio de un comunicado, pidió evitar señalamientos y estigmatizaciones en su contra, pues, según advirtió, “no se encuentran en un escenario de libertad para la toma de sus decisiones”.

De acuerdo con la entidad, el grupo armado ilegal obligó a líderes sociales a convocar a la población para exigir la salida de integrantes del Ejército Nacional que se encontraban en la vereda La Aurora. Para evitar confrontaciones con la comunidad, los uniformados se retiraron del lugar.

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La Defensoría señaló que, como consecuencia, pobladores del corregimiento, incluidos niños, niñas y mujeres, se vieron forzados a abandonar sus hogares y permanecer toda la noche sobre la vía, cumpliendo las órdenes impartidas por el grupo armado para presionar la retirada de la tropa.

Asimismo, la situación habría tenido una grave repercusión en el comercio, además de restricciones a la movilidad en toda la zona, “dejando en grave riesgo de desabastecimiento de alimentos, bienes, servicios, y resultando vulnerados los derechos económicos y sociales de estas comunidades”.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la fuerza pública valorar los riesgos de confrontación que pueden presentarse en la zona y tomar las medidas que permitan garantizar que la vida y la integridad de la población civil no resulten afectadas.

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También señaló que la entidad acompañará a la comunidad y solicitó al Gobierno Nacional “desplegar medidas de atención a las comunidades para que puedan tener respaldo en decisiones autónomas frente al grupo armado ilegal: que les permita superar la instrumentalización de la que son objeto y permitir el ejercicio de autoridad de las instituciones del Estado”.

Este fue uno de los intentos de asonada reportados el fin de semana pasado en el país, por parte del Ministerio de Defensa. El otro hecho de este tipo ocurrió en el deparamento del Meta y con este ya son ocho los episodios de retención de uniformados que se registran en Colombia, en lo corrido del año.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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