El país sigue rechazando el crimen de María Camila Potosí, la joven reportada como desaparecida el pasado 16 de julio en Cali (Valle del Cauca), luego de salir de una cita médica relacionada con su embarazo, y cuyo cuerpo sin vida fue hallado cuatro días después, entre sábanas, con signos de violencia y, según la denuncia de su familia, sin rastro del bebé que llevaba en su vientre.
Pero no se trata del único caso de violencia en contra de mujeres en el país. La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento exigiendo medidas urgentes por parte de las autoridades competentes para atender e investigar la ola de feminicidios que ha cobrado las vidas de al menos cuatro mujeres en los últimos días, en distintos sitios de Colombia.
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La entidad liderada por Iris Marín Ortiz se pronunció sobre las muertes violentas de María Camila Potosí, en Cali; María Alejandra Castaño, en Líbano (Tolima); Herianny Montilla, adolescente de 16 años, en Barranquilla (Atlántico); y Yasleidis Martínez, en Valledupar (Cesar). Señaló que estos casos son una “manifestación extrema” de la violencia contra las mujeres.
Sobre el caso de María Camila Potosí, quien tenía ocho meses de embarazo, desde la entidad exigieron que haya una investigación especial. “Su desaparición y posterior asesinato obligan a revisar la oportunidad, suficiencia y articulación de las acciones de búsqueda desplegadas desde el momento en que fue reportada como desaparecida”, indicó la Defensoría del Pueblo.
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“Frente a la información conocida públicamente según la cual la bebé que esperaba no habría sido encontrada en su cuerpo, las autoridades deben adelantar todas las acciones necesarias para establecer su paradero de inmediato, garantizar su protección y el esclarecimiento integral de los hechos, sin descartar ninguna hipótesis investigativa y preservando los derechos de su familia”, agrega el pronunciamiento de la entidad.
En cuanto al asesinato de la menor Herianny Montilla, de 16 años, la Defensoría pidió investigar, juzgar y condenar a los responsables. “En el esclarecimiento se recomienda reconstruir, no solo el momento de la muerte, sino también los contextos, relaciones, antecedentes de violencia y factores de riesgo que pudieron precederla”, expresaron desde la institución.
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La Defensoría de Iris Marín Ortiz señaló que la violencia contra las mujeres no es un asunto fortuito, sino anticipable y prevenible. “Suele estar precedida por patrones de control, amenazas, agresiones, aislamiento y otras formas de violencia que restringen progresivamente la autonomía de las mujeres. Prevenir estas violencias exige identificar e interrumpir esas violencias antes de que produzcan daños irreparables”, señala el pronunciamiento.
Agregaron que, en los casos de las mujeres reportadas como desaparecidas, como María Camila Potosí, es exigible que se activen de forma oportuna los mecanismos de búsqueda e investigación que pueden impedir que se materialicen los feminicidios, violencias sexuales, trata de personas y otras formas de violencia basada en género.
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“La gravedad y las características de varios de los casos conocidos hacen indispensable establecer si existen conexiones con otras actividades delictivas, actores, redes o dinámicas criminales, y examinar las condiciones que hicieron posible la violencia. Ello implica evitar interpretaciones que reduzcan estas violencias a hechos de ‘intolerancia’, conflictos de pareja o situaciones aisladas y, cuando las características de los hechos así lo indiquen, profundizar el análisis de patrones y de posibles expresiones de macrocriminalidad”, señalaron.
El pronunciamiento concluye con un llamado urgente a las autoridades competentes para tomar las medidas del caso. A la Fiscalía, para que las investigaciones de cada uno de estos crímenes avancen “de manera pronta, exhaustiva e imparcial, permitan establecer las responsabilidades individuales, los contextos y factores de riesgo que rodearon estos hechos y fortalezcan las capacidades institucionales para prevenir nuevas violencias contra las mujeres”.
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Se refirió de manera puntual al caso de María Camila Potosí, cuya familia pide razones claras sobre el paradero del bebé que llevaba en su vientre cuando fue asesinada. La Defensoría también pidió revisar los mecanismos de prevención de violencias y avanzar en la “protección y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, garantizando respuestas oportunas, coordinadas y libres de estereotipos de género”.
“Expresamos nuestra solidaridad a las familias de María Camila, María Alejandra, Herianny y Yasleidis. Sus vidas no pueden reducirse a las circunstancias violentas de sus muertes. Ninguna mujer debería ser asesinada por el hecho de ser mujer. Prevenir las violencias basadas en género exige actuar frente a las primeras señales de riesgo y garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencias”, concluyó la entidad.
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