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Casi nueve años tardó en llegar la justicia para una familia de Sucre que defendió sus tierras. El 25 de enero de 2018, en el corregimiento de La Guaripa, tres hermanos, Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado, fueron asesinados cuando cercaban el predio El Trébol. En primera instancia, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos había absuelto a todos los procesados, pero, tras la apelación de las víctimas y la Fiscalía, el Tribunal Superior de Sincelejo tomó otra decisión. El pasado 22 de septiembre condenó a 27 años de prisión a William Martínez Santamaría, exdirector de Comfasucre.
El Tribunal concluyó que él fue quien dio la orden para que otros tres hombres cometieran la masacre y así apoderarse de las tierras de la familia Mercado. Pero la noticia que por fin trajo verdad a las víctimas hoy las tiene bajo amenaza. A ellas, y a la abogada y los defensores que las acompañaron en su lucha por la verdad. “El 18 de octubre, cuando yo veo mi WhatsApp, veo un mensaje de un número desconocido y, al abrirlo, me doy cuenta de que nos están amenazando de muerte y, sobre todo, que hacen referencia a que, si William llega a pisar un día de cárcel, pues que compremos los cajones”, relató a El Espectador la abogada Yessika Hoyos Morales, integrante del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar).
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Este mismo mensaje llegó al celular de Candelaria Barrios Acosta y mencionaba a otros dos integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Sucre: Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro. De acuerdo con Hoyos Morales, estos tres defensores fueron “quienes inicialmente se enteraron de la masacre en La Guaripa”, un caso en el que, señaló, hubo varios antecedentes violentos. “Los tres hermanos ya habían sufrido muchas amenazas. Incluso, es importante señalar que William Martínez había pasado frente a la casa de la mamá de las víctimas haciendo disparos al aire, de una forma completamente intimidatoria y todo por la disputa de las tierras”.
Precisamente, en esa disputa por establecer hasta dónde comenzaban y terminaban las tierras de cada quien, “por iniciativa de William Martínez, que pide una medición del terreno, es el CTI el que concluye que las tierras que él reclamaba como suyas no lo eran, de acuerdo con las escrituras. Después de esta medición, la familia es la que decide cercar el terreno y ahí es cuando los asesinan”, explicó la abogada Hoyos. A través de los defensores del capítulo Sucre del Movice, el Cajar llegó “a representar a la familia para que el caso no quedara en la impunidad”, pero no fue un proceso fácil, sostuvo Hoyos. Incluso, “durante el juicio hubo muchas amenazas y se intentó que los testigos no fueran a declarar”.
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Uno de esos testigos, sostuvo la abogada del Cajar, fue José Miguel Beltrán, cuñado de las víctimas y testigo directo de la masacre, “quien recibió en diferentes ocasiones muchas amenazas de muerte”. Otro fue el hijo de las víctimas, “que estaba en el lugar de los hechos y contó a quiénes vio disparando a su padre y a su tío. Fue muy triste, porque en su momento la defensa los trató de mentirosos”. Hoyos sostuvo que el valor de estas pruebas no fue reconocido por el Juzgado de San Marcos, “precisamente para absolver a Martínez Santamaría, pero el Tribunal Superior de Sincelejo sí nos dio la razón y reconoció todas estas pruebas”.
Sin embargo, este capítulo judicial todavía no está cerrado y falta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de impugnación especial presentado por la defensa del exdirector de Comfasucre, con el que busca tumbar la condena. Ante esto, el Cajar y el Movice están firmes en su oposición: “Vamos a presentar recurso como no impugnante, porque nosotros creemos que el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia no puede ser una burla y no se puede silenciar”, declaró la abogada Hoyos. Pero, en medio de este último round en los juzgados, llegó la amenaza de muerte contra ellos.
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“Creo que esta amenaza obedece a querernos callar y silenciar para que no sigamos actuando ante la Corte Suprema de Justicia. Seguramente busca que alguien muera”, afirmó Hoyos al otro lado de la línea. La abogada también enfatizó que estas palabras preocupan especialmente a las personas que viven en Sucre: “Por eso es importante señalar a los voceros del Movice capítulo Sucre, pero también a los familiares que viven en la finca donde mataron a sus hermanos. Al final, estas amenazas son un mensaje indirecto para ellas, y los únicos beneficiarios son los determinadores de estos hechos que terminaron condenados en segunda instancia”.
La Fiscalía ya tiene en sus manos la denuncia por estas amenazas contra la abogada del Cajar y los otros tres integrantes del Movice. Aunque señaló que el primer paso es que el ente investigador haga su trabajo y determine quién envió el mensaje, también exigió que el Gobierno nacional tome medidas. “Radicamos una solicitud al presidente y al ministro del Interior y de Justicia para que se pronuncien públicamente y rechacen estas amenazas. En un Estado democrático es importante esta labor, y los abogados y las abogadas, así como los integrantes del Movice, no podemos recibir amenazas por defender y acompañar a las víctimas en su derecho a la verdad y a la justicia”, concluyó Yessika Hoyos Morales, quien espera que la amenaza de muerte que llegó a su teléfono no se convierta en una realidad.
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