Parece que seguimos viviendo el mismo día con su misma noche desde siempre. Seguro ha habido momentos de tensa calma, pero las crisis humanitarias que volvieron a ser noticia en este país en lo que va corrido del año no son de ahora, solamente han vuelto a recrudecer.
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El Catatumbo, Chocó, Arauca, Cauca, Guaviare, entre otros departamentos han registrado enfrentamientos entre grupos armados en estos dos meses de 2025. Unos casos parecen ser “más críticos” que otros, y lo pongo entre comillas porque en la guerra hacer una medición de afectaciones y dolores no resulta lo más sensato ética y humanamente hablando.
En vista de cómo han crecido y se han mantenido las crisis humanitarias en el país, decidimos hacer esta entrega de El Espectador le explica sobre lo que ha sucedido en diversas regiones del territorio nacional y así entender a qué se debe este nuevo momento tan complicado para la nación.
Vayamos de lo general a lo particular: el pasado 21 de febrero, la sección judicial de El Espectador presentó una radiografía de la situación de orden público en Colombia, con cifras actualizadas de la Defensoría del Pueblo. Aquí les vamos a mostrar parte de este panorama, pero les sugerimos ingresar a la nota para ver el mapa interactivo que les permitirá entender la complejidad de cada región.
¿Quiénes son los causantes de esta serie de crisis humanitarias que han dejado masacres, desplazamientos forzados, paros armados, confinamientos y más? Concretamente tenemos que hablar del ELN, de las disidencias de Iván Mordisco y de Calarcá Córdoba, así como de El Clan del Golfo.
Lo sucedido en el Catatumbo registra más de 51.000 desplazamientos, cerca de 63 muertos y nueve firmantes desaparecidos. El reciente paro armado declarado en el Chocó por el ELN dejó más de 3.500 desplazados. En el departamento de Antioquia hay tres subregiones que están bajo alerta de entidades de derechos humanos por la presencia y acción de grupos armados. En el Bajo Cauca se han presentado enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la facción disidente de alias Calarcá. Allí, por ejemplo, se registraron 350 desplazados en el último mes.
En los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Amazonas, Meta, Guaviare, en el Sur de Bolívar, en el Magdalena Medio y otras regiones más también hay alertas por presencia y enfrentamientos entre grupos armados que, como en los otros territorios ya nombrados, se deben al control de la tierra y de las rutas del narcotráfico. Más adelante contaremos algo sobre esto.
Pero vayamos a los primeros días del año. Gustavo Montes Arias, periodista judicial de El Espectador, nos explicaba el 18 de enero lo que ocurría en el Catatumbo: “Calles vacías, locales comerciales cerrados y caravanas de motocicletas con personas huyendo. Esas son algunas de las imágenes actuales de la región del Catatumbo (Norte de Santander), donde el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostienen enfrentamientos permanentes desde hace dos días”.
Disidencias de las Farc e integrantes del ELN agudizaron una guerra por el dominio territorial en un enclave cocalero y por ser esta región una ruta estratégica para el crimen transfronterizo. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) aclaraba que el Catatumbo es el tercer enclave productivo de coca más grande del país, solo por debajo del Pacífico y de la región del Putumayo y Caquetá.
William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, le contaba por esos días a este diario que “52.000 hectáreas que hay sembradas de coca son un gran problema para la región y siempre que haya coca va a estar acompañada de muerte y desesperanza”.
Si la memoria no falla, recordarán que la violencia en el Catatumbo no es de ahora. Solo para recordar algunos hechos, en la zona tiene presencia el Frente 33 de las disidencias de las Farc, liderado por alias Jhon Mechas, señalado de ordenar acciones como el atentado al helicóptero en el que estaba el expresidente Iván Duque, la bomba a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y la explosión de un Cai en Bogotá en el que murieron dos niños y 34 personas resultaron heridas.
Esta disidencia hace parte del Estado Mayor Central (EMC), facción de las antiguas Farc que no firmó el acuerdo de paz de 2016 y que junto al Frente 10 consolidaron la presencia de este grupo armado en la frontera entre Colombia y Venezuela. “El Frente 33 y la Columna Móvil Arturo Ruiz tuvieron una estrecha relación con el narcotráfico, tanto en el control de los cultivos como en el comercio internacional a través de la frontera con Venezuela, además de incidencia sobre el contrabando y otras economías. El municipio de Tibú —donde tiene mayor incidencia el Frente 33— es el municipio con más hectáreas cultivadas con coca”, dijo la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe.
Tiempo atrás el ELN también quiso expandirse haciendo presencia en el Catatumbo y hubo una época de coexistencia con las disidencias de las Farc, pero precisamente por el flujo de dinero que se mueve debido al narcotráfico, esta región tenía “un alto riesgo de transformarse en una zona de disputa”, señalaba la FIP.
Allí opera el Frente de Guerra Oriental, que ha insistido en el uso de las armas y ha sido responsable de entorpecer también el intento del Gobierno Nacional por negociar la paz con esa guerrilla. Esta estructura la comanda Gustavo Anibal Giraldo, alias Pablito. Una investigación de Razón Pública mostraba que “Si bien es indudable que la capacidad militar y política del frente Oriental es hoy menor de lo que fuera en el pasado, el territorio que ocupa sigue siendo un escenario óptimo para cobrar extorsiones, principalmente a la industria petrolera, y un corredor que le permite hacer presencia en Venezuela”.
Jhordan Rodríguez y Gustavo Montes, periodistas judiciales, hablaron con algunas víctimas de la violencia en el Catatumbo. En el artículo publicado el 19 de enero, por ejemplo, una representante de un colectivo de madres les dijo: “Hay un dolor en el alma muy grande por la pérdida de más de 30 personas, hijos del Catatumbo. Hay personas que se encuentran en este momento secuestradas, otras saliendo por sus propios medios del territorio. Hay heridos que están atendiendo en el hospital, ha tocado sacarlos con ayuda de la Fuerza Aérea”.
En el mismo artículo, Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), afirmó: “Las tensiones empezaron con vetos territoriales de parte del ELN a las disidencias de las FARC en los territorios. Con las fiestas de fin de año se suponía que todo estaba calmado. Pero el enfrentamiento se empezó a desatar el 16 de enero, en las primeras horas de la mañana, en todos los municipios de la región del Catatumbo, generando una crisis que afecta a más de 300.000 personas”.
El lunes 20 de enero, el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior para esa zona del país con el fin de normalizar la situación en el Catatumbo y tomar el control de la zona fronteriza con Venezuela.
Rápidamente, ¿qué significa la conmoción interior en el país? El Estado de conmoción hace parte de los llamados “estados de excepción”, que solo pueden ser habilitados cuando se presentan situaciones anormales en el país ante las cuales la institucionalidad no puede responder eficazmente. La conmoción se puede declarar cuando se presenten graves perturbaciones al orden público que pongan en riesgo la estabilidad local o nacional, como ocurre en el Catatumbo (Estado de conmoción: ABC de la medida que tomó el gobierno Petro para el Catatumbo).
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Más allá del estado de conmoción y las polémicas que eso trajo, había una clave que seguro ustedes vieron y que es importante mencionar: el rol de Venezuela en esta crisis.
No es un secreto que esta zona fronteriza es un epicentro de la criminalidad con rentas ilegales y de narcotráfico. La historia nos remonta a la década de 1980 para hablar de la época en la que empezaron a presentarse registros de disputas entre grupos armados y de una retaguardia ideal para las guerrillas y así esquivar a las Fuerzas Armadas.
Sí, tampoco es nuevo este factor en la violencia que por décadas se ha presentado en esta región. Pero para no desviarnos tanto, el contexto actual muestra que lo sucedido específicamente con el ELN influye en Venezuela por dos razones: una, porque podría ser un foco de distracción para alejar las críticas por la posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero y lo que significaron las elecciones presidenciales del año pasado, y dos, porque el vecino país estaría sacando provecho de la presencia de esta guerrilla en su suelo.
“Sobre la evidencia que dice tener el gobierno colombiano del traslado de integrantes del ELN desde Arauca, por Venezuela, lo que mostraría es que para militares y políticos venezolanos es prioritaria y confiable la presencia del ELN en esta región fronteriza”, comentó María Victoria Llorente, directora de la FIP.
Expertos coinciden en que no es menor el carácter binacional del ELN, pues en Colombia funciona como guerrilla y en Venezuela estaría funcionando como grupo paramilitar. En esta vía, Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que: “el ELN funciona como escudo de protección del régimen y parte de ello implica que mejore su posición en el Catatumbo. En este caso, parece que ha habido anuencia para el desplazamiento de tropas por Venezuela”.
Montes explicaba también en el artículo sobre el rol de Venezuela que “Jorge Mantilla, investigador sobre conflicto y crimen organizado, agregó a la lista los negocios del contrabando de carne y quesos que involucran la ganadería extensiva en Venezuela y Arauca, y el contrabando de gasolina, que no solo se controla con el fin de llevarla al mercado venezolano, sino también para el procesamiento de la hoja de coca en el Catatumbo”.
Juan Pablo Contreras, periodista de Colombia+20, nos contaba el pasado 15 de febrero, cuando se cumplía un mes de la crisis humanitaria en el Catatumbo, que sumado a lo vivido, que ya era más que suficiente, había un nuevo terror para los campesinos de la zona: las minas antipersona: “Son los guerrilleros quienes están advirtiendo a los campesinos de Catatumbo que tengan cuidado al caminar por sus fincas porque el terreno tiene artefactos explosivos instalados. Los caminos de herradura, que hace más de cinco años parecían estar libres de esta amenaza, hoy siembran el terror entre los habitantes de esa región de Norte de Santander. Hace un mes exacto comenzó la crisis humanitaria que obligó a por lo menos 52.000 de ellos a desplazarse de sus viviendas. Huyeron por el miedo a quedar en medio de la confrontación armada entre la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC —conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF)-”, decía la nota.
Tampoco es una novedad: en las últimas décadas, el Catatumbo registró 971 víctimas de minas antipersona. “Para la comunidad eso genera zozobra porque ven cómo el ELN está instalando minas con la excusa de que son para detener al Estado y el accionar de las disidencias. Nosotros sabemos que en la guerra hay reglas, pero este grupo armado no las ha respetado y se ha dedicado a infringir el derecho internacional humanitario”, le dijo una de las fuentes consultadas a Contreras.
Mantilla, citado hace un momento, también habló sobre esta estrategia del ELN y aclaró que “está apegada a dos patrones de violencia que son muy dicientes sobre la estrategia del ELN para reconfigurar el Catatumbo. El primero de ellos son las dimensiones del desplazamiento y de confinamiento, y el segundo es el uso de campos minados, siguiendo la misma estrategia usada en Arauca para contener el avance de las Fuerzas Militares e impedir que las personas que se desplazaron regresen a sus viviendas”.
Del Catatumbo seguíamos hablando, pero como si se tratara de una epidemia, la violencia empezó a encender otros focos que hasta hoy parecen difíciles de controlar. Uno de los que se prendió también en enero fue el del Guaviare, que reportó el 19 de enero combates entre los bloques Amazonas y Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Calamar. Cinco mujeres y 15 hombres, todos combatientes, fallecieron en el hecho.
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Las alertas estaban encendidas desde el año pasado cuando se presentaron dos masacres en las que murieron siete personas: cuatro en San José del Guaviare y tres en Miraflores, municipio en el que también fue asesinado un líder social en abril de 2024. Asimismo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas señaló que 3.830 personas estaban bajo amenaza de confinamiento por los combates entre las disidencias.
También había lanzado una alerta la Defensoría del Pueblo cuando entregó el pasado 10 de diciembre su balance de protección de derechos humanos: “las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y ‘cercos humanitarios’, lo que expone a la población a riesgos constantes y limita la acción de la fuerza pública”.
Sobre las alertas, en la entrevista sugerida más arriba a Iris Marín, defensora del Pueblo, ella manifestó: “Las alertas tempranas en Colombia son muy sólidas. Siempre son mejorables, pero son una herramienta bien importante y acertada. Nosotros trabajamos las alertas con el Ministerio del Interior y con las autoridades. Con el ministro saliente, Juan Fernando Cristo, tuvimos una muy buena interlocución en torno a las alertas tempranas. Inclusive con él habíamos comentado muchas veces que la respuesta era formal, esa era una preocupación común. En este caso, era una alerta de inminencia, no una alerta estructural, y la respuesta también fue formal y terminó generando esta desatención. Había cuatro alertas estructurales sobre la región y una alerta de inminencia. Si todas se hubieran atendido, yo creo que tal vez no hubiera ocurrido”.
Este conflicto en el Guaviare, que completa cerca de 10 años tras la conformación de las disidencias de las Farc, también alimenta la degradación del medio ambiente. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), entre 2022 y 2023, solamente el municipio de Calamar, se talaron 4.932 hectáreas de selva para cultivos ilícitos y construcción de carreteras.
De un día para otro pasábamos de hablar del Catatumbo, para luego hablar de lo que estaba pasando en el Guaviare y ya luego tocó hablar de Chocó, que pasó a tener una nueva crisis de seguridad. A finales de enero, específicamente el 21 de ese mes, Gustavo Montes escribió otro artículo en el que hablaba de “la bomba de tiempo que podría estallar en el Chocó” también por la violencia, también auspiciada por el ELN.
Las autoridades hablaban de una escalada de violencia tras registrarse la muerte del soldado Willinton Mosquera y de dos más que resultaron heridos tras un enfrentamiento con el ELN en el municipio de Tadó (Chocó). Esto sucedió una semana después de que la gobernadora Nubia Carolina Córdoba fuera víctima de un ataque mientras se movilizaba en la vía que comunica a Quibdó con el departamento de Antioquia.
El pasado 18 de febrero, el ELN anunció un nuevo para armado. El último había sido el 7 de noviembre de 2024. El de ese entonces dejó confinadas a cerca de 50.000 personas de 85 comunidades en Sipí, Cajón y San Juan.
Y como si fuera poco el accionar del ELN contra la población civil, había que contar con las confrontaciones con el Clan del Golfo. Francisco Vidal, secretario de gobierno del Chocó, le dijo a El Espectador que: “El 100% del departamento tiene presencia de grupos al margen de la ley. Nosotros venimos sintiendo que el tratamiento de la situación en el Chocó requiere una mirada diferente, porque no es exactamente la mirada de conflicto que se observa a nivel nacional”.
¿Qué provoca también la presencia de grupos armados en el Chocó? Así como en la mayoría del país, los cultivos de coca son una razón suficiente, pero en esta región también se cuenta la minería ilegal como un motivo para disputarse el dominio territorial. La Undoc había señalado en 2023 que el Chocó era una de las zonas de expansión de cultivos de coda con 6.882 hectáreas sembradas.
Otro informe de la Undoc sobre la minería ilegal mostraba que entre 2017 y 2022 se habían extraído 37.9 toneladas de oro en la región. Y es que cerca del 70 % del oro que se produce allí es extraído por los grupos ilegales, según un informe que entregó también la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2022.
Al igual que en el Catatumbo, tanto el Clan del Golfo como el ELN han acudido a las minas antipersona para contener el avance de sus adversarios. La gobernadora Córdoba había denunciado que en 2023 hubo 160 incidentes con estos artefactos en 22 municipios del Chocó. “Le hemos solicitado a la Brigada 15 del Ejército Nacional amplificar las tareas de desminado para prevenir más muertes; aun así, esto no es suficiente, necesitamos que todas las instituciones vuelquen sus esfuerzos a mitigar un daño que se le está haciendo a todos los chocoanos y chocoanas”, denunció.
El paro armado que terminó el 21 de febrero -el décimo en los últimos dos años- dejó confinadas a 5.910 personas, a otras 3.600 desplazadas y más de 2.000 niños sin escuelas. Y como si fuera poco, en el consejo de seguridad que se realizó el pasado 22 de febrero, la gobernadora señaló que en Quibdó también se libra una disputa entre los grupos delincuenciales de Los Mexicanos y los Locos Yam. “Los dos grupos están financiando la guerra entre las bandas en Quibdó”, dijo la mandataria.
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En el consejo de seguridad, el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, informó que llegarían 186 nuevos soldados del Ejército para reforzar la seguridad, así como también serían enviados 17 botes nuevos de la Armada Nacional para mantener un 60 % del control fluvial en el departamento. Sin embargo, estas embarcaciones tardarán en llegar, pues aún están en construcción.
También se anunció la consolidación del proyecto de instalación de cámaras de seguridad en Quibdó, así como la firma del Pacto Territorial del Chocó con el Ministerio del Interior para facilitar la llegada de recursos.
Esto último es clave, pues la administración ha tenido que postergar proyectos para atender el conflicto, lo que desvía los recursos destinados para este año, que son de $1.1 billones. “No podemos invertir en desarrollo porque debemos responder a la crisis con ayuda humanitaria, albergue y alimentación para los desplazados”, afirmó Córdoba.
Hasta aquí hemos hablado de tres focos de violencia. Pues bueno, son tres de once que alertó hace dos semanas la Defensoría del Pueblo que estaban encendiéndose. Esta crisis ha dejado el desplazamiento forzado de 5.452 personas, el confinamiento de 11.896 y 27 homicidios. E insistimos: además del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc de alias Mordisco y alias Calarcá, aparecen otras organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos.
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La Defensora del Pueblo señaló que: “Este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos 5 años. El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos lo han hecho. Los grupos armados hoy tienen influencia en el 73% de los municipios del país: 809″. Sin embargo, hizo un llamado para evitar el fatalismo: “Esta situación es grave, pero no es irremediable. Lo peor que nos puede pasar es entrar en fatalismos. Por muy crudo y delicado que sea este panorama, nuestro país cuenta con las instituciones necesarias, con la capacidad suficiente para enfrentar el avance de los grupos armados y dar garantías a las comunidades y dar paso a la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”.
¿Será por eso que el presidente Gustavo Petro dijo que en el país no había una crisis de violencia? “El consejo Gremial empresarial les dijo una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia. Tenemos sí...focos regionales de violencia, pero que nadie olvide esto”, argumentó el mandatario, quien agregó desde su cuenta de X que “Si la violencia se mide por tasa de homicidios, entonces en los dos últimos años se ha reducido en Colombia, respecto a la que dejó Duque el último año”.
Como todo en la política, hay que coger esa información con pinzas. En cuanto al número homicidios, el presidente tiene algo de razón. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, en 2022, el total de homicidios en el país fue de 13.537. En 2023, la cifra llegó a 13.555 y en 2024 bajó a 13.341.
Sin embargo, negar que no hay una crisis de violencia tampoco es lo más acertado, pues subestimar la escalada de conflictos en diversas partes del país puede hacer que precisamente esto siga creciendo y sea cada vez más difícil controlar el orden público.
Dura tarea le corresponde al general Pedro Sánchez, que asumió la semana pasada como nuevo ministro de Defensa tras la salida de Iván Velásquez de esa cartera.
“Vamos a tener un nuevo ministro de Defensa (...), porque Iván Velásquez, que desarrolló una muy importante labor moralizadora, se retira. Lo que he pensado, y espero no equivocarme, es que el ministro de Defensa sea un general de la República y que tenga que ver muchísimo con la vida”, señaló el presidente Petro.
Además de buscar soluciones no solo urgentes sino también permanentes en las regiones donde ha crecido la violencia, Sánchez tendrá que ser eficiente para responder por los 146 pendientes de los 195 compromisos que adquirió el Ministerio de Defensa con el Gobierno Nacional.
Una explicación rápida de quién es el nuevo ministro de Defensa: El brigadier general tiene una importante formación académica y ha ocupado diversos cargos dentro de la Fuerza Aeroespacial. Pero su nombre se dio a conocer aún más tras haber liderado la Operación Esperanza, en la cual fueron rescatados los hermanos Mucutuy, quienes sufrieron un accidente aéreo en mayo de 2023 y estuvieron perdidos durante 40 días en la selva amazónica.
El nuevo ministro estudió Administración de Empresas en la Escuela de Administración de Negocios (Universidad EAN) y es especialista en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Además, tiene una maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, de la Universidad Externado de Colombia, y otra en Estudios Estratégicos de la Air University de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Entre las distinciones que ha recibido se destacan la Medalla al Valor, la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en categoría Comendador y la Orden del Mérito Militar “Antonio Nariño”.
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Al comienzo de este boletín les dijimos que mencionaríamos otros focos de violencia en el país, y no nos queremos ir sin señalarlos: en Arauca, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta el pasado 16 de febrero por la prolongación de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de Mordisco. El pasado 20 de febrero hubo un ataque con explosivos a una estación de policía en Saravena.
En el Valle del Cauca, específicamente en la región del Bajo Calima, hay disputas entre el ELN, el Clan del Golfo y una nueva disidencia conocida como estructura Wilson González. Cerca de 2.774 personas han resultado confinadas por estos enfrentamientos.
En Buenaventura la situación tampoco es nueva, pero el caso es que el pasado 5 de febrero finalizó la tregua de 19 meses entre las estructuras criminales de los Shottas y los Espartanos. Ambos grupos controlan seis comunidades en este territorio y tienen confinadas a cerca de 1.000 personas.
En Nariño la situación tampoco pinta bien: allí hay presencia de al menos seis grupos armados al margen de la ley: el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central (comandadas por alias Iván Mordisco), la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, los Comuneros del Sur (una facción disidente de la guerrilla del ELN) y las Autodefensas Unidas de Nariño.
“En una operación reciente, la Armada Nacional incautó una carga de más de dos toneladas de cocaína que eran transportadas en un submarino a más de 100 millas náuticas de Tumaco. Las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, y el grupo Comuneros del Sur, son los primeros actores en esa lucha del control de los negocios del narcotráfico y la minería ilegal. Ambas guerrillas han incrementado el uso de las minas antipersonal para mantener la retaguardia de los territorios que dominan; una situación que, sumada a los enfrentamientos armados, ha dejado más de 100 familias desplazadas y causó el confinamiento de 214 personas durante la primera semana de febrero, según la Defensoría del Pueblo”, nos contaba la sección judicial.
En el departamento del Huila, “los riesgos por disputas entre actores armados afectarían a las comunidades de Aipe, Neiva, Villavieja, Algeciras, Gigante, Garzón, El Agrado, El Pital, Guadalupe, Saladoblanco, Suaza, Acevedo, Pitalito, Palestina, Oporapa, La Argentina, La Plata, Paicol, San Agustín e Isnos. En esos territorios hacen presencia el ELN, las disidencias de Mordisco y de Calarcá. Al igual que en el Cauca, también están la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur”.
Por otra parte, el sur del departamento de Bolívar también cuenta con amplia presencia de grupos armados. En ese territorio, según la Defensoría, están presentes el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias del EMBF, al mando de alias Calarcá. En los últimos días también se han generado enfrentamientos entre el ELN y las disidencias, lo que ha afectado a la población civil dejando confinamientos y desplazamientos. Además, las comunidades alertaron que se han instalado cilindros bomba para evitar que la población abandone la zona rural del municipio de Morales. Según la Secretaría de Seguridad de Bolívar, las cuatro poblaciones que permanecen confinadas por el accionar de grupos armados en el sur de Bolívar son Minguillo y Mina Piojó, zona rural de Montecristo; Alto de las Brisas y El Tomate.
Son varias las regiones del país que han tenido en estos dos meses registros de distintos tipos de violencias. No podemos hablar solamente de homicidios, volviendo a lo que dijo el presidente Petro. Más allá de intereses, el gobierno no puede permitir que le siga cogiendo la noche en temas de seguridad, pues ya sabemos qué ha pasado cuando el país ha caído en manos de los grupos al margen de la ley.
Seguiremos atentos a las decisiones y acciones que tome el gobierno para contrarrestar los focos de violencia y retomar el control del orden público en todo el territorio nacional.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
