Desde el 5 de junio de 2025, una corte del distrito central de la Florida (Estados Unidos), con sede en Tampa, tiene todo listo para procesar penalmente a un oficial de la Armada de Colombia. Se trata del teniente retirado Julián David Mosquera Dussán, identificado por las autoridades como alias “Mosca”, y quien entre agosto de 2024 y febrero de 2025, habría hecho parte de una red de narcotráfico que enviaba cocaína a Estados Unidos, en buena parte, gracias a la filtración de información oficial que habría entregado a una organización criminal. Los detalles de su proceso ya están en manos de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que estudia si le da vía libre o no al pedido de extradición que hicieron las autoridades norteamericanas para judicializarlo.
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Buena parte de la información que está revisando el alto tribunal está en la imputación de cargos (indictment, en inglés) que realizó una corte de la Florida el pasado 5 de junio de 2025 en contra de Mosquera Dussán. Aunque el oficial retirado fue capturado el 20 de febrero de este año, solo hasta el pasado 21 de agosto se supo que es requerido en extradición. La Fiscalía, la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y agentes de contrainteligencia naval de la Armada de Colombia revelaron también detalles del presunto papel de alias “Mosca” en la red de narcotráfico. Según la acusación en su contra, conocida por este diario, el teniente (r) habría hecho parte de una Organización Criminal Transnacional, que no ha sido identificada públicamente, y habría vendido información reservada de la Armada.
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La investigación señala que los datos que habría entregado Mosquera Dussán, a cambio de dinero, habrían servido para que el grupo ilegal seleccionara una hora y un lugar de partida que les permitiera asegurar que sus embarcaciones cargadas de cocaína no fueran detectadas. De ese modo, podrían evitar que los identificaran los buques de misiones de control marítimo en operaciones de defensa y lucha contra el narcotráfico. Pese a los datos suministrados presuntamente por el oficial retirado, el 8 de agosto de 2024, una embarcación fue interceptada a unas 50 millas al noreste de Cartagena (Colombia) y, en ella, según las autoridades estadounidenses, hallaron aproximadamente 2.395 kilogramos de cocaína que iban rumbo a Estados Unidos.
Desde ese momento, agentes de contrainteligencia Naval, la Fiscalía y la DEA trabajaron de manera coordinada para desmantelar la organización criminal, que terminó siendo una red internacional de narcotráfico infiltrada en la Armada de Colombia. La imputación en contra de Mosquera Dussán señala que se trata de una estructura que transporta más de 1.000 toneladas de droga cada año, desde Colombia a Estados Unidos, a través del océano Pacífico y el mar Caribe. “Muchas de las embarcaciones marítimas utilizadas para transportar esta cocaína viajan hacia el norte a varios puntos de transbordo en México, Centroamérica y las islas del Caribe para su importación final en los Estados Unidos”, se lee en el documento.
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La imputación en contra del oficial retirado también incluye a otro ciudadano colombiano: Eduardo Martínez Barón, quien también habría hecho parte de este esquema ilegal para la compra y venta de información reservada de las Fuerzas Militares. Ambos fueron capturados en febrero pasado y la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Mientras que un juez ordenó contra Mosquera Dussán la medida de prisión domiciliaria, Martínez Barón fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso penal. Sus capturas fueron el inicio de una investigación en Colombia que destapó muchos otros eslabones en la cadena criminal. En total, las autoridades capturaron a 14 miembros activos y retirados de la Armada, por presuntamente hacer parte del mismo negocio ilegal.
El 15 de marzo pasado, la revista Semana reveló parte del expediente del caso, al que denominó como “El cartel de la Armada”. Según ese medio, la red criminal fue fundada por un exfuncionario de la institución naval llamado Juan Manuel Pérez, quien supuestamente recibía hasta $15 millones por información distribuida a narcotraficantes interesados en evadir los controles de la Armada. Pérez habría convencido a Mosquera Dussán de unírsele y ayudarle a buscar nuevos socios para fortalecer la red de narcotráfico. La investigación menciona que la organización, al parecer, operaba con información confidencial de la Armada, el apoyo de funcionarios y el control de rutas utilizadas para el zarpe de lanchas, semisumergibles y buques mercantes cargados con cocaína por el Caribe y el Pacífico colombianos.
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Otro documento de contrainteligencia muestra el que sería el organigrama de la red criminal, con personas a su servicio en el centro del país, los departamentos de Nariño (salida al océano Pacífico), Bolívar y La Guajira (cerca al mar Caribe). El Espectador consultó a la Armada de Colombia, para verificar la veracidad de ese informe, que muestra, además, que en el centro de la organización ilegal estaría un oficial activo de la Armada. Desde ese comando señalaron que, en efecto, ese documento hace parte de la investigación y fue divulgado por la Fiscalía. Pero esta no es la primera vez que la Armada detecta nexos entre funcionarios y Organizaciones Criminales Transnacionales. El 29 de noviembre de 2023, en el marco de una operación con el CTI de la Fiscalía y la DEA, fueron capturados cinco suboficiales de la institución naval que presuntamente filtraba información confidencial a organizaciones narcotraficantes.
El pasado 26 de junio, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) publicó su reporte actualizado sobre el consumo y tráfico mundial de estupefacientes. El informe señala que “la débil gobernanza marítima y la corrupción en los puertos ofrecen oportunidades a los grupos de narcotráfico para mover grandes volúmenes de drogas a través de rutas marítimas”. Agrega que fortalecer la aplicación de la ley marítima es clave para prevenir casos de infiltración de redes criminales dentro de instituciones oficiales. Justo como en el caso de alias “Mosca”, quien ahora solo espera que Colombia le dé luz verde a su extradición, para que comparezca ante un tribunal norteamericano, por defraudar a la institución a la que pertenecía.
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Por Ana Sofía Montes Peláez
