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El presidente Abelardo de la Espriella tiene todo listo para que el general (r) Jorge Andrés Zuluaga López sea su director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Su llegada a la entidad depende de un par de firmas de la Presidencia, que se decantó por este exalto oficial luego de un riguroso proceso de selección que tuvo en cuenta las hojas de vida y antecedentes de varios candidatos.
Entre esos documentos, la carpeta de Zuluaga López incluía una vasta documentación sobre su trayectoria en el Ejército, su formación en inteligencia militar y su destacada participación en la Operación Jaque, ejecutada en junio de 2008, que permitió la liberación de 15 personas secuestradas por las Farc, entre ellas, la entonces candidata presidencial, Ingrid Betancourt.
Pero la carpeta del hoy director de la DNI también tiene un archivo particular por su presunta participación en una ejecución extrajudicial perpetrada en 2004 por uniformados del Ejército que ya aceptaron su participación en el crimen y que lo vincularon directamente con ese hecho. Quien alertó a las autoridades de este caso fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Lo hizo en el marco de la investigación que adelanta para esclarecer los hechos de violencia que terminaron en el magnicidio de integrantes de la Unión Patriótica (UP). En septiembre de 2024, esa instancia de justicia transicional compulsó copias a la Fiscalía para que investigara al general retirado por su presunta participación en la ejecución extrajudicial del líder indígena José Rubiel Malambo.
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Según las pesquisas de la JEP, ese crimen ocurrió el 14 de abril de 2004 en el municipio de Ortega (Tolima), en el marco de una estrategia de violencia sistemática en contra de miembros de ese partido político. Para ese momento, Malambo era candidato al Concejo del municipio y fue asesinado por militares y luego presentado falsamente como una muerte en combate.
Lo que recogió la JEP en esa compulsa de copias, en la que también pidió investigar a otros altos oficiales, es que Zuluaga estuvo al frente de la Regional de Inteligencia Militar número 5 (RIME 5) entre marzo de 2004 y junio de 2005, periodo durante el cual fue asesinado Malambo. La jurisdicción detalló que la trayectoria militar de Zuluaga ha estado estrechamente vinculada con la inteligencia militar.
De acuerdo con la investigación de la JEP, el próximo director de la DNI pertenecía a esa especialidad desde 1984 y también había ocupado el cargo de segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano, unidad mencionada en diferentes investigaciones relacionadas con la persecución contra integrantes de la UP y vinculada a otros expedientes de graves violaciones de derechos humanos.
La investigación de la JEP encontró que organismos de inteligencia y unidades de la Sexta Brigada elaboraron documentos en los que sindicalistas, dirigentes sociales y miembros de la Unión Patriótica eran presentados como integrantes o colaboradores de las Farc. Algunos incluso fueron incorporados al denominado “orden de batalla” contra la guerrilla.
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Esos señalamientos habrían facilitado detenciones, persecuciones y asesinatos ejecutados, en varios casos, por paramilitares que recibieron listados con nombres de personas consideradas objetivos militares. Precisamente, uno de los casos examinados fue el asesinato de José Rubiel Malambo, cometido por integrantes del Batallón Caicedo.
Según las declaraciones recogidas por la JEP, el líder indígena fue sacado de su vivienda y fusilado en una colina cercana. Los militares lo presentaron falsamente como reclutador de menores de las Farc y colocaron junto a su cuerpo un bolso con documentos alusivos a esa guerrilla y explosivos que no le pertenecían. Sin embargo, el perfilamiento contra Malambo había comenzado antes de su asesinato.
En documentos producidos desde 2003 por la RIME 5, el dirigente fue señalado como supuesto jefe de milicias de las Farc y ubicado en la misma zona donde posteriormente fue asesinado. Para la JEP, esta información resulta relevante porque la regional de inteligencia dirigida después por Zuluaga habría tenido un papel en la planeación o el suministro de información para el operativo.
Dos soldados que reconocieron su participación en el crimen, Ricardo Rubio y Freydman Clavijo, mencionaron ante la JEP a Zuluaga y a otros oficiales de inteligencia como personas que presuntamente conocieron o intervinieron en la operación. También declararon que, horas antes del asesinato, se realizó una reunión con integrantes de la RIME 5 en la que se impartieron instrucciones para ubicar a Malambo y a su acompañante, Cristóbal Leyton.
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La jurisdicción pidió establecer cuál fue concretamente la intervención del entonces comandante de esa regional y si tuvo conocimiento de la preparación y ejecución del falso positivo. La compulsa de copias de la JEP también recogió declaraciones de antiguos comandantes del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Los exparamilitares aseguraron que recibieron de la RIME 5 listados con nombres de personas que debían ser asesinadas. Por esa razón, la JEP solicitó investigar si Zuluaga, como comandante de la unidad, tuvo alguna responsabilidad en la elaboración o entrega de esa información y en la estigmatización que puso en riesgo a militantes de la Unión Patriótica.
Consultado sobre estos señalamientos por Caracol Radio en 2024, el general retirado ha dicho que dirigió la RIME 5 entre marzo de 2004 y junio de 2005, pero que durante su carrera siempre actuó de acuerdo con la ley y las normas. Asimismo, manifestó que tiene la conciencia tranquila y afirmó que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades.
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Otros datos de la hoja de vida del general (r) Zuluaga
Jorge Andrés Zuluaga López fue un peso pesado en el Ejército por un largo tiempo. En su vida militar fue segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano, comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec). Asimismo, fue asesor militar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos y recibió formación en inteligencia militar en ese país.
Uno de sus logros más recordados fue la Operación Jaque en junio de 2008, la maniobra militar reconocida por la milimétrica ejecución y el resultado obtenido: 15 personas liberadas que estaban en poder de la ahora extinta guerrilla de las Farc.
Sin embargo, la caída de Zuluaga se dio en 2014, cuando estaba en el Citec, en el marco del escándalo por la denominada “Operación Andrómeda”, una central de inteligencia del Ejército instalada bajo la fachada de un restaurante y un establecimiento de servicios informáticos en el barrio Galerías de Bogotá.
En ese momento, Zuluaga dirigía la Citec, mientras el general Mauricio Ricardo Zúñiga estaba al frente de la Jefatura de Inteligencia del Ejército. Ambos fueron relevados de sus cargos mientras la Fiscalía y la Inspección General del Ejército investigaban las actividades desarrolladas desde ese lugar.
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De acuerdo con la información revelada entonces, en “Andrómeda” trabajaban militares activos y civiles con conocimientos informáticos, reclutados en ferias de tecnología y organizados bajo un esquema de compartimentación. Un sargento primero que aseguró haber pertenecido a la central sostuvo que no se interceptaban llamadas, sino datos, correos electrónicos y conversaciones de chat.
Entre los presuntos objetivos figuraban organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes de oposición y funcionarios que participaban en las negociaciones de paz con las Farc en La Habana. La investigación buscaba establecer si se habían sobrepasado las facultades legales de la inteligencia militar y quiénes ordenaban la recolección de la información.
El episodio adquirió mayor gravedad porque, según la información conocida, integrantes de la Citec habrían advertido en octubre de 2013 que la Fiscalía preparaba un allanamiento. Tras una reunión de coordinación, se habría ordenado borrar de manera segura la información recopilada y desmontar los equipos. Cuando los investigadores ingresaron al inmueble, tres meses después, encontraron 26 computadores, diez de ellos ocultos detrás de una puerta falsa.
El contenido de los discos duros quedó bajo análisis para determinar qué datos habían sido obtenidos, si existían autorizaciones judiciales y cuáles dependencias u oficiales conocían la operación. El relevo de Zuluaga ocurrió en medio de esos interrogantes, pero no constituyó por sí mismo una declaración de responsabilidad. La información disponible señalaba que fue apartado de la dirección de la Citec mientras avanzaban las investigaciones disciplinarias y penales.
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El caso también tenía como antecedente las irregularidades detectadas en la denominada “Sala Gris”, otro centro de interceptaciones del Ejército vinculado al sistema Esperanza de la Fiscalía. El propósito de las pesquisas era establecer quién había autorizado las actividades de “Andrómeda”, quiénes recibían sus reportes y cuál había sido el papel de los responsables de las estructuras de inteligencia militar.
Sin embargo, más de 10 años después de los hechos, la justicia sigue sin resolver esas preguntas. El único avance en este expediente fue la judicialización de Andrés Sepúlveda, un hacker capturado y condenado en 2015 por haber interceptado ilegalmente las comunicaciones de los negociadores de paz del proceso de La Habana y otros blancos políticos.
El general (r) Zuluaga siempre negó cualquier señalamiento en su contra e insistió en que todo lo que sucedió en “Andrómeda” fue legal.
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