Durante la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional para el seguimiento de la jornada electoral del próximo 8 de marzo, las autoridades presentaron el panorama de seguridad previo a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas. Entre los puntos que destacó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, está la priorización de 47 sitios en el país que tienen alertas de riesgo electoral y requieren “un despliegue diferencial” de la fuerza pública.
Asimismo, la mayoría de estos lugares amenazados se encuentran en Antioquia, con 14 sitios, informó el ministro. En respuesta, esta mañana el Ministerio de Defensa y la cúpula militar y policial estuvieron reunidos en la capital antioqueña “revisando el problema de seguridad” que, según Sánchez, “radica principalmente en el nordeste antioqueño y en el Bajo Cauca, donde converge allí la lucha por las economías ilegales del narcotráfico y la minería ilegal de cuatro actores principales”: Clan del Golfo, Eln y las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”.
Lea: Mindefensa dice que hay riesgo de supuestos ataques del Eln durante las elecciones
En esa misma línea, el registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que “hay alerta por un panfleto que se ha visto en las redes sociales en las últimas horas en el departamento de Antioquia. El funcionario dijo que se trataría de un “supuesto paro armado” y, aunque por ahora se prevé que el domingo estén habilitados los 13.493 puestos de votación, el Gobierno está evaluando en el caso de Antioquia “qué consecuencias puede tener y si significa tomar decisiones frente a los puestos de esos municipios”. No obstante, el ministro de Defensa declaró que la presunta amenaza todavía no ha sido confirmada.
En el panfleto, atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, se anuncia que para las “fechas 6, 7 y 8 de marzo de 2026 por el tema electoral; se restringe la movilidad por caminos y carreteras en las horas de la noche en municipios como Guadalupe, Campamento, Angostura, Yarumal, Carolina del Principe, Santa Rosa y Gómez Plata (7 PM A 5 AM) por motivos de seguridad”.
Información de inteligencia, conocida por El Espectador, señala que desde ayer circulan un panfleto y cuatro audios a través de WhatsApp que serían atribuidos al frente 36 de las disidencias de alias “Calarcá”. En los audios, según las autoridades, se identifican dos personas, entre ellas alias “Duverney”, quienes serían integrantes de ese frente. La información señala que el 3 y 4 de marzo se habrían realizado reuniones con las juntas de acción comunal de Correa Roldán, donde se reiteraron las normas para controlar la movilidad de las personas.
Por su parte, Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), señaló a este diario que dichas amenazas, conocidas también a través de “audios que plantean que se van a presentar hechos violentos y demás”, no vendrían de grupos armados. “Pareciera ser una campaña de zozobra, de generar miedo y de generar un ambiente de que están en peligro muchas cosas, y eso pareciera que está ligado a que la gente no salga a votar”, agregó Quijano.
El líder social detalló que, desde el análisis de Corpades, “las estructuras armadas están quietas, las del Valle de Aburrá también. Grupos como Clan del Golfo, Eln y los hombres de alias ‘Calarcá’, para nosotros, están quietos y van a respetar” las jornadas electorales. “El ministro de Defensa y la Gobernación de Antioquia deberían estar más empeñados en garantizar la seguridad que en prestarle atención a ese tipo de mensajes”, concluyó.
En la instalación del PMU también estuvo presente la defensora del pueblo, Iris Marín, que destacó otras amenazas a las elecciones. Entre ellas mencionó la denuncia de la Gobernación de Caquetá, según la cual las disidencias de “Calarcá” estarían presionando a la población en Cartagena del Chairá para incidir en su voto.
“Hemos observado, a través del sistema de alertas tempranas, un riesgo particular en las zonas donde hay curules de paz. Lo revisamos en este PMU y ya el ministro de Defensa está al frente de esta situación”, señaló Marín. Asimismo, la funcionaria recordó las alertas por varios “incidentes en los últimos dos días” en Sucre, Arauca, Nariño y en Atlántico.
Uno de estos casos se registró en la noche del miércoles 4 de marzo, cuando hombres armados atacaron a tiros la camioneta en la que se movilizaba Gerardo Luis Ruiz, candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, avalado por la organización de víctimas Narrar para Vivir.
Frente a los posibles delitos de trashumancia electoral, en la alerta electoral que emitió la Defensoría en febrero de este año se registraron “inscripciones de cédulas de manera anormal en Tumaco, en un municipio del Catatumbo y en Cartagena del Chairá, entre otros”. La defensora Marín destacó que se “ha identificado una inscripción irregular de cédulas que supera los promedios poblacionales, así como los promedios históricos de cada uno de los municipios”.
La entidad solicitó al Consejo Nacional Electoral tomar medidas, y este a su vez remitió las denuncias a la Fiscalía. “En principio, el Consejo Nacional Electoral encontró que eso no implicaba necesariamente una irregularidad electoral. Es un tema, digamos, controversial, pero lo importante es que la Fiscalía lo está mirando”, declaró la defensora.
Mindefensa dice que no hubo alteración en incautación a escolta de secretario de la Cámara
Otro de los temas mencionados en la rueda de prensa del PMU electoral fueron las incautaciones de dinero que tendrían relación con la compra de votos en el país. En uno de estos casos estuvo involucrado un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hace parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.
El político ha señalado que el operativo, en el que se encontraron COP 145 millones en efectivo, presuntamente habría sido “un montaje de la Policía”. Sin embargo, el ministro de Defensa aseguró que “revisada la información de parte de nosotros, de primera mano, no hubo ninguna alteración frente a lo que se encontró allá”. Asimismo, aclaró que los uniformados que realizaron el operativo continúan al interior de la institución. “Si hay algo irregular, se abrirán las investigaciones pertinentes”, señaló.
Lea: Estas son las 14 incautaciones de dinero que tendrían relación con compra de votos en 2026
El pasado 3 de marzo, Luis Alfredo Acuña, escolta de Lacouture, fue capturado en vías de La Guajira con propaganda política y COP 145 millones en efectivo en varios sobres que, presuntamente, serían utilizados para comprar votos en esa zona. Un día después quedó en libertad y se le devolvió el dinero, porque su captura fue legalizada.
El secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, de acuerdo con declaraciones del director de la UNP, Augusto Rodríguez, dijo que todo se trataba de “un montaje de la Policía y que fue la Policía la que marcó los sobres” de dinero, en los que aparecían los nombres de Débora Barros (lideresa wayúu), ‘Beba’ Ramírez (cercana a una exconcejal de Maicao), Kevin Cantillo, Christian Bermúdez y Ghandy Romero (concejales de Riohacha), Rosa Pacheco (exdiputada de La Guajira) y Edwin Solano (exsecretario de Desarrollo de Maicao).
Finalmente, el Equipo Especial Contra Delitos Electorales (ECODE) de la Policía y la Fiscalía ha reportado, en lo que va de este año, 14 incautaciones de dinero que tendrían relación con la compra de votos. Estas operaciones llevaron a la captura de 20 personas, pero solo una está en la cárcel y cuatro esperan que se les dicte medida de aseguramiento. Las otras 15 fueron dejadas en libertad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
