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El exgobernador de Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, fue imputado por la Fiscalía este jueves por, presuntamente, ser responsable del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Según el ente investigador, el exmandatario departamental estaría involucrado en irregularidades detectadas en un contrato suscrito el 16 de diciembre de 2015 por más de COP 7.838 millones, destinado a la intervención general del parque de Santander, en Mocoa (Putumayo).
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En un inicio, Díaz Burbano presentó el proyecto ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) para financiar las obras con recursos de regalías, aún “sin contar con la licencia de construcción y los permisos ambientales, en medio del rechazo generalizado de la comunidad, y desatendiendo los conceptos negativos de viabilidad emitidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Vivienda”.
A pesar de la falta de licencias, el contrato se ejecutó, lo que llevó a la demolición de 4.308 metros cuadrados de placas de piso y a la tala de varios árboles, afectando el hábitat de la fauna silvestre para la construcción de un parqueadero, vías y otras obras, según indicó el ente investigador.
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La Fiscalía señaló que estas acciones se habrían planteado y ejecutado sin los estudios de conveniencia y oportunidad, pues los componentes técnicos, jurídicos, ambientales y administrativos no estaban completos.
Además, durante las investigaciones se determinó que, para avanzar con la iniciativa, fue modificado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Mocoa, sin tener en cuenta que el parque era patrimonio cultural del municipio, por lo que “no podía ser objeto de cambios en el uso del suelo”.
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El 29 de septiembre de 2021, Díaz Burbano fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y receptación. En su momento se concluyó que, en 2015, el entonces mandatario de Putumayo llegó a un acuerdo para integrar una organización ilegal dedicada a la extracción y comercialización ilícita de minerales.
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