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Explosivos y combates: algunos casos que ponen en riesgo la educación de niños en Colombia 

Una escuela en Cauca con explosivos, estudiantes resguardados durante combates y miles de niños sin clases por ataques con drones. En Colombia, el conflicto armado sigue poniendo en riesgo el derecho a la educación: en tres años, Unicef verificó 163 ataques y casos de uso militar de instituciones educativas que afectaron a cerca de 21.700 menores de edad.

Solo en los últimos tres años, la agencia verificó 163 casos relacionados con ataques y uso militar de escuelas en Colombia.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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En los últimos tres años, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) verificó 163 ataques y casos de uso militar de escuelas en Colombia, que afectaron a cerca de 21.700 menores de edad. A esta situación se suman al menos tres hechos registrados en los últimos meses, en los que el acceso a la educación y los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes fue afectado.

El hecho más reciente ocurrió en la madrugada del pasado 5 de octubre, cuando tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron dos artefactos explosivos instalados en la escuela de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega, en Cajibío (Cauca). Los explosivos fueron encontrados por un padre de familia, quien alertó a las autoridades.

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Según confirmó el Ejército, los explosivos habrían sido instalados por integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. De acuerdo con las autoridades, al menos 25 menores asisten diariamente a la escuela, donde reciben clases y utilizan las instalaciones para actividades académicas y de descanso.

Para las autoridades, la presencia de los explosivos representaba una grave amenaza para la vida y la integridad de los menores, así como de los docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. Por ello, rechazaron la instalación de artefactos explosivos en espacios destinados a la educación y protección de niños, niñas y adolescentes.

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Un segundo hecho ocurrió el pasado 23 de septiembre en zona rural de El Tambo (Cauca), donde los enfrentamientos entre tropas del Ejército y las disidencias de las Farc obligaron a estudiantes y familias a permanecer resguardados durante varias horas, mientras se desarrollaban los combates. La situación fue confirmada por el personero municipal, Luis Fernando Vergara.

“La población civil volvió a quedar en medio de las confrontaciones y los estudiantes tuvieron que permanecer resguardados hasta la tarde, que cesaron los combates”, aseguró el personero a medios de comunicación. Tras los enfrentamientos, las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y adoptar medidas frente a los riesgos que enfrenta la población en la zona rural.

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Finalmente, en mayo de este año, otra afectación se registró cuando fueron suspendidas las clases en 37 colegios del Valle del Cauca debido a más de 100 ataques con drones cargados con explosivos contra integrantes de la fuerza pública. En total, 3.400 alumnos tuvieron que suspender sus actividades académicas en Timba, Robles, Potrerito, San Antonio, Villa Colombia y La Liberia, en Jamundí (Valle del Cauca), debido al deterioro de la seguridad en la región.

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“Están atacando con drones en todo el territorio: en la iglesia, en el centro de salud, en la escuela, en el parque; no solamente en la estación de Policía”, señaló en su momento Luz Lozano, rectora de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de Potrerito.

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Asimismo, la rectora Luz Lozano advirtió: “Toda la población de esa zona está expuesta a que en algún momento le lancen una granada desde un dron. Es una población civil prisionera de los combates entre el Ejército y los grupos armados”.

Estas tres historias ponen en evidencia una problemática que Unicef y otras entidades vienen denunciando: los niños, niñas y adolescentes están cada vez más expuestos a las hostilidades de los grupos armados. Entre julio de 2023 y julio de este año, fueron verificados 70 ataques, que incluyeron daños en 31 escuelas, 24 amenazas contra maestros y 11 ataques contra docentes.

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Durante este periodo, los departamentos con más casos fueron Cauca, con 35; Arauca, con 27; y Norte de Santander, con 17. Les siguen Chocó, con 16 ataques; Antioquia, con 14; Nariño, con 11; Putumayo, con nueve; Meta y Valle del Cauca, con siete cada uno; Caquetá, con seis; Guaviare, con cinco; Huila, con tres; Bolívar, con dos; y Cesar, Córdoba, Risaralda y Vaupés, con uno cada uno.

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En cuanto al uso militar de escuelas, Unicef registró 92 hechos, concentrados principalmente en Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Según la entidad, estos espacios fueron utilizados como cuarteles, depósitos de armas y puestos de mando. También se emplearon para actividades de propaganda y reclutamiento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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