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Las recientes investigaciones que ha dado a conocer al Fiscalía sobre los pormenores de una cadena productiva, al parecer criminal, en la explotación y comercialización de oro en Colombia han ocupado titulares de prensa desde la semana pasada.
No solo por las afectaciones al medio ambiente, sino también por la ilegalidad en la manera en que se está extrayendo del subsuelo colombiano y de las irregularidades que habría cometido una empresa en su venta en el resto del país y en mercados internacionales. Para el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, la lucha en contra de estos mercados debe ser una en el que todo el Estado una esfuerzos para combatirla.
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Así se lo hizo saber el jefe del ente investigador a Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. En una carta con fecha del pasado 11 de abril, Martínez Neira detalló los puntos principales de las investigaciones de su entidad, al tiempo que le pidió al funcionario del gobierno que se una a sus esfuerzos para frenar las ilegalidades en la comercialización del oro.
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Como propuesta para unir fuerzas, el fiscal Martínez le recordó al ministro Carrasquilla la propuesta que desde hace dos semanas ha defendido como solución: que el Banco de la República recupere el monopolio de la compra de oro en el país, una facultad que tuvo la entidad bancaria hasta 1991.
La propuesta requeriría un trámite legislativo para modificar las leyes y por eso el fiscal está buscando apoyo en ministerios. Según sus declaraciones pasadas, ya cuenta co el apoyo del Ministerio de Defensa, en cabeza de Guillermo Botero, quien celebró la idea y aseguró que, de ser así, “el Estado podría concentrarse en perseguir a quienes tienen un mercado informal con propósitos de consolidar las estructuras criminales”
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Las investigaciones más recientes
La Fiscalía le imputó cargos a 11 personas que estarían vinculadas con las actividades ilegales de la comercializadora CIJ Gutiérrez. Los vinculados a la investigación deberán responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.Según el ente investigador, la empresa exportaba oro colombiano extraído de manera ilegal en regiones como bajo Cauca, Córdoba y Chocó y, por esta actividad, habría obtenido utilidades de casi $2 billones de pesos.
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El esquema que asegura haber descubierto la Fiscalía consistía en “hacerse del oro extraído ilegalmente en diferentes partes del país y ponerlo en el mercado internacional”. Para regresar sus recursos al país, además, habrían utilizado el sistema bancario lícito.
Por esto, Martínez Neira aseguró que el fenómeno de la minería ilegal en Colombia no vería su fin en tanto las diversas entidades del Estado no tomaran acciones en conjunto para combatirlo.
Entre los capturados están el representante legal de CIJ Gutiérrez, Andrés Viera Gutiérrez; la exgerente de la Comercializadora, Margarita Rosa Escobar; el exrevisor fiscal de la sociedad, Juan Roberto Muñoz; el contador Guillermo Antonio Rojas, y seis proveedores -de una decena que están en lista para ser arrestados-, quienes a través de un carrusel de empresas fachadas realizaron operaciones ficticias e irregulares de compraventa de oro.
Hasta el momento la Fiscalía ha estimado que se lavaron activos por $2,4 billones, dinero que, según el expediente, se legalizó con exportaciones y pagos en efectivo con cheques cobrados en Bancolombia.
Además, a comienzos de abril, el ente investigador dio detalles de otra investigación en contra de la empresa CI Metales que, al parecer, exportaba oro colombiano extraído de manera ilegal en regiones como bajo Cauca, Córdoba y Chocó y, por esta actividad, habría obtenido utilidades de casi 2 billones de pesos. En esta línea, la Fiscalía ya le imputó cargos a 12 personas.
La empresa comercializaba oro de las minas ilegales que ya han sido denunciadas en Chocó, el bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, según la investigación. El material, entonces, lo registraban ante las autoridades como si se lo hubieran comprado a terceros, con todo el papeleo del caso. Sin embargo, tras las indagaciones se habría constatado que los supuestos proveedores “no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas”.