Fueron vinculadas formalmente a la investigación Las nueve personas que fueron capturadas por presuntamente hacer parte de una red de corrupción que operaría desde la oficina del senador del Partido Liberal Mario Castaño. Según imputó la Fiscalía, los hechos ocurrieron en Manizales y Bogotá, desde donde se direccionarían irregularmente decenas de contratos públicos. Aparte, al parecer se presionaba a los adjudicatarios para que dieran una utilidad sobre las ganancias de los proyectos. El ente investigador aseguró tener pruebas de que el líder de todo este grupo criminal sería el senador Castaño.
Todas estas personas fueron imputadas por el delito de concierto para delinquir por su supuesta participación en una red criminal que se dedicaba, según la Fiscalía, a la adjudicación de contratos públicos, sobre los cuales pedirían el 10% sobre las utilidades de los mismos. Durante la audiencia que se llevó a cabo ante el Juzgado 55 Penal Municipal de Bogotá, el ente investigador dijo que estas personas estarían bajo las órdenes del legislador, quien sería la persona que daba las órdenes desde su oficina y quien este fin de semana se juega su permanencia en el Congreso.
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Daniela Ospina, Lorena Cañón, Santiago Castaño (no es familiar de político), Marcela Castaño, Juan Carlos Martínez y Alejandro Noreña, entre otros, fueron vinculados formalmente a la investigación que salpica al senador liberal. Mario Castaño, quien está en el ojo del huracán, el fin de semana pasado le manifestó a El Espectador que tras este escándalo hay intereses “perversos”, que buscan que regiones “se queden sin voz” y que responderá ante la justicia.
Durante su intervención, la Fiscalía manifestó que los imputados también incurrieron en el delito de extorsión, ya que, según el ente investigador, durante enero y marzo de 2021 “constriñeron a varias personas para que les entregaran una utilidad ilícita, es decir, una suma equivalente al mes de salario o de honorarios a cambio de lograr la vinculación como funcionarios o contratistas en varias entidades”. Las entidades donde se habrían feriado los contratos, dice la Fiscalía, fueron el SENA Caldas, Procuraduría, Contraloría, Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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En su exposición, el ente investigador asegura tener las pruebas de que en los tres primeros meses del 2021 se hicieron varias llamadas en las que constaría la forma de trabajar de la red de corrupción, donde se negociaban los contratos de las distintas instituciones. Según manifestó la Fiscalía, estas personas aprovecharon una situación privilegiada de poder que era derivada de la cercanía con el senador Castaño, para pedir dádivas por la entrega de los contratos.
En este audio se escucha a Juan Carlos Martínez hablando con un socio sobre la adjudicación de distintos contratos:
Dentro de la audiencia, el ente acusador puso de presente que todos los imputados conocían que el senador Mario Castaño era el líder de este grupo delincuencial organizado. Incluso, en uno de los audios, Juan Carlos Martínez dice que “Mario” está muy feliz con su desempeño y que es una ficha clave en la región. También el fiscal del caso sostuvo que están investigando algunos hechos delictivos que habrían tenido lugar en 2022, dentro de los que estaría pedir favores sexuales para la entrega de contratos.
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Para la Fiscalía, en específico Juan Carlos Martínez y Daniela Ospina habrían además incurrido en estafa agravada, ya que presuntamente tuvieron contratos con el Senado por funciones que nunca realizaron. Ospina, por su parte, habría recibido un contrato de prestación de servicios por $20 millones “induciendo en error mediante engaño al supervisor de los contratos”, manifestó la Fiscalía.
El senador Castaño quedó mencionado como “lobista” de un grupo de personas, contra quienes inició un proceso penal por corrupción en contratos. “En un trabajo realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina de un senador de la República (Castaño), supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno”, explicó el ente investigador. La red tendría injerencia en Cauca, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.
Desde el fin de semana pasado se mueve la hipótesis de la Fiscalía de que empresarios y contratistas visitarían a Castaño constantemente para resultar beneficiados con contratos en entidades públicas como el Ministerio del Deporte o la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Funcionarios públicos, se comprometió a imputar la Fiscalía, al parecer ajustaban los pliegos de condiciones de las licitaciones para que quedaran en manos de los oferentes propuestos por Castaño. Las personas fueron capturadas en Cali, Popayán, Ibagué y Pereira, y ahora quedaron fichados en un proceso penal por supuesta corrupción.
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