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La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a seis generales en retiro del Ejército involucrados en varios casos de ‘Falsos Positivos’ en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, ocurridos entre 2004 a 2008, como responsables de delitos de homicidio en persona protegida.
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Este llamado, según informó el ente acusador, se da en el marco de una investigación que adelantan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los exgenerales, quienes presuntamente mientras estuvieron a cargo de varias unidades en el norte del país, promovieron un plan de estímulos para que aumentaran las bajas en combate, lo que generó múltiples ejecuciones extrajudiciales.
“Quisiera señalar que hoy la Fiscalía, también en el marco de este trabajo, anuncia que han sido llamados a diligencia de indagatoria como responsables de delitos de homicidio en persona protegida, es decir, las ejecuciones extrajudiciales, los ‘Falsos Positivos’, seis generales de la República”, fueron las palabras del fiscal, Francisco Barbosa.
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De acuerdo con el ente acusador, cinco de los exgenerales presuntamente ejercieron actos de presión sobre sus subalternos y les indicaron insistentemente que los únicos resultados válidos serían las bajas. A cambio, ofrecieron felicitaciones, permisos, licencias y vacaciones. Por estas presiones fueron asesinados campesinos, indígenas y habitantes de barrios marginales. Las víctimas, en la mayoría de los casos, fueron engañadas con falsas ofertas laborales, trasladadas a sitios despoblados y apartados, entregadas a los uniformados y asesinadas con disparos de fusil a corta distancia.
Por estos hechos fueron llamados los generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos entre el 13 de julio de 2006 y el 31 de enero de 2008 que dejaron 95 víctimas; Hernán Giraldo Restrepo, por los eventos sucedidos entre el 24 de diciembre de 2004 y el 1 de julio de 2006, en los que se conocieron 33 víctimas; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por 15 víctimas; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, por dos hechos perpetrados en Manaure y Codazzi y (Cesar), en febrero y septiembre de 2006, en los que murieron siete hombres; y Luis Felipe Paredes Cadena por un evento que dejó una víctima en el corregimiento Mingueo, en Dibulla (La Guajira), el 18 de noviembre de 2006.
Por otro lado, la Fiscalía llamó a al brigadier general (r) Luis Fernando Rojas Espinosa, por la muerte de dos señalados integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 14 de marzo de 2004. El material probatorio indica que estas personas fueron llevadas mediante engaños a una zona boscosa del caserío Belén, en El Banco (Magdalena), puestas en estado de indefensión por unidades militares y asesinadas con disparos de fusil.
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Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2002 y 2008, se habrían registrado, por lo menos, 6.402 víctimas. Aunque la cifra es reveladora, las organizaciones sociales que han entregado bases datos al Tribunal de Paz aseguran que podría aumentar si se contemplan otros periodos del conflicto armado y si más militares sometidos cuentan otros crímenes.
Según la JEP, en ese lapso de seis años se habrían presentado 4.154 casos más que no tienen documentados ni la Fiscalía ni el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para lograr este consolidado de cifras, la Jurisdicción acudió a los informes, bases de datos, registros e información de diferentes organizaciones, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. A pesar de las discrepancias en los números, todas las entidades y organizaciones coinciden con que el periodo de 2002 y 2008 fue el más crítico para este fenómeno.
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