El procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, informó que el ente de control radicó una demanda con el objetivo de anular el convenio suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, al advertir que este contrato “eludió un proceso competitivo, teniendo en cuenta que se debía adelantar una licitación pública”.
La acción judicial, interpuesta el pasado 16 de octubre ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y firmada por el procurador delegado, consta de 37 páginas en las que el Ministerio Público detalla las razones por las cuales considera necesario frenar el proceso. Además, solicita que los recursos ya invertidos regresen al país y que se busque otra alternativa para la impresión de los pasaportes.
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En entrevista con Caracol Radio, Marcio Melgosa aseguró que en dicho proceso no se tuvo en cuenta una licitación pública. “Es decir, un proceso que garantizara la pluralidad de oferentes. Eso no se hizo. Fue un atajo ilegal”, afirmó el procurador delegado, al señalar este como el principal vicio del contrato.
Asimismo, explicó que la normativa colombiana establece que, cuando se contrata con una entidad pública extranjera y su financiación es inferior al 50 % del valor total, el proceso debe regirse por las reglas del Estatuto General de Contratación colombiano. “En este caso, la financiación de la empresa extranjera apenas alcanza el 21 % del valor total del contrato; por lo tanto, era inaplazable un proceso competitivo”, explicó Marcio Melgosa.
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Por otro lado, el procurador delegado también aseguró que la junta directiva aprobó de manera irregular un contrato a diez años. “No existen actas, no se aprobaron debidamente las vigencias futuras”, afirmó, al cuestionar además los compromisos de pago pactados en euros, una práctica que el Banco de la República prohíbe.
Asimismo, la Procuraduría resaltó que no hubo una debida planeación, evidenciando una falta total de soporte técnico y financiero. “El proyecto se presentó a la junta directiva de manera improvisada y no se tiene claro cómo se pactó la estructura de pagos a lo largo de una década”, indicó el procurador Melagosa.
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Según la Procuraduría, el convenio celebrado el 18 de julio de 2025 deja claro en su cláusula número cinco que “no tiene recursos para su ejecución. Las entidades, si hay lugar a ello, para cada vigencia fiscal apropiarán los recursos que permitan suscribir los contratos derivados de la prestación del servicio”. Diez días después, el 28 de julio, se celebró el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, por COP 1,3 billones.
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