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En una contundente carta que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le mandó al Comisionado de Paz, Otty Patiño, negó que su entidad tenga algo que ver con la solicitud de las órdenes de captura con fines de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, jefe del grupo armado Clan del Golfo, y otros cuatro jefes criminales más.
La fiscal le dejó claro al comisionado que, según la ley de Paz Total del gobierno, quien sí tiene facultades para suspender esas órdenes de captura es el propio gobierno, no la Fiscalía, como así se lo hizo saber Otty Patiño a Camargo.
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Este cruce de cartas se conoce luego de que Patiño le pidiera a la Fiscalía que brindara “seguridad humana y jurídica” y que esto, para el gobierno, se traduciría en “suspender las órdenes de captura que tuvieren vigentes, aún las expedidas con fines de extradición”.
La fiscal Camargo fue contundente: “La Fiscalía no tiene capacidad ni funciones de garantizar la seguridad personal de los integrantes de los grupos armados que se dirigen o permanezcan en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)”. Según la ley, esas tareas corresponden al gobierno.
Además de recordarle a Patiño los términos de su propia ley de Paz Total, Camargo dejó constancia de otra particularidad del comisionado de paz. “Sorprende que el listado remitido esté integrado apenas por cinco personas que ocuparían las tres ZUT, cuando quiera que estas zonas están destinadas a albergar a los integrantes de los grupos armados”.
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Camargo le dejó claro a Patiño que, de acuerdo con una directiva de la Fiscalía de julio del año pasado, ni la puesta en marcha de la ZUT, ni la suspensión de las órdenes de captura que pueda ordenar el gobierno “afectan el ejercicio de la acción penal, la cual se sigue haciendo”. Y de paso le recordó que esas zonas de ubicación están condicionadas a la participación “genuina y comprometida” con el proceso de paz que se adelanta con ese grupo criminal y a no cometer delitos.
Un problema de comunicación
La discusión sobre la negociación de paz del gobierno con el Clan del Golfo y las suspensiones de las órdenes de captura para sus integrantes en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que se activarán desde el 1 de marzo en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), alcanzó su punto de tensión en medio de la visita del gobierno colombiano a Estados Unidos.
Desde Washington, en la tarde del 4 de febrero, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, le dijo a El Espectador que las órdenes de captura en contra de integrantes del Clan del Golfo como Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, no están suspendidas. Por el contrario, anunció que uno de los resultados de su visita a Estados Unidos fue lograr el apoyo del gobierno norteamericano para capturar a los jefes de estructuras ilegales.
“Hablamos de que se perseguirá a los capos del narcotráfico sin distinción y hay capos que son los financieros, que viven algunos en otros países, y otros capos criminales, armados, como los cabecillas principales de los grupos que delinquen en Colombia, entre los que están ‘Chiquito Malo’, alias ‘Pablito’, alias ‘Mordisco’ y demás cabecillas. La Constitución dice claramente que hay que actuar contra lo ilegal y eso hacemos”, expresó el ministro de Defensa.
Luego, en la mañana del 5 de febrero, desde la Consejería Comisionada de Paz de Colombia, liderada por Otty Patiño, se emitió un comunicado en el que se refirieron a las zonas de ubicación temporal y a la suspensión de las órdenes de captura, incluidas aquellas en contra de personas pedidas en extradición. Una medida que fue adoptada por medio de una resolución de la Presidencia de la República expedida en diciembre de 2025, tras la finalización del segundo ciclo de negociaciones con el Clan del Golfo en Doha (Catar).
“Desde el pasado diciembre, se encuentra suspendida la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, señalaron desde el despacho de Otty Patiño.
La medida acogía, en principio, a cinco integrantes del Clan del Golfo: alias “Chiquito Malo”, Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y José Gonzalo Sánchez, conocido como alias “Gonzalito” y quien falleció el pasado 1 de febrero. Pero la carta con la que la Fiscalía le respondió a la oficina de Otty Patiño señalaba lo contrario: que las órdenes de captura no estaban suspendidas, porque hacerlo es una facultad exclusiva del gobierno, y que el ente investigador sigue haciendo su trabajo en contra de los jefes del Clan del Golfo.
El Espectador se comunicó directamente con el comisionado Patiño para consultarle sobre las versiones encontradas entre su despacho, el del ministro de Defensa y el de la fiscal general de la Nación, relacionadas con la suspensión de las órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo. El consejero comisionado de paz dijo que todo se trata de “un malentendido” por “problemas de comunicación” entre las tres oficinas que deben coordinar lo relacionado con el funcionamiento de las ZUT y las órdenes de captura.
Patiño narró que el 24 de diciembre de 2025 desde su oficina le pidieron a la Fiscalía que, por favor, les confirmara si, para la suspensión de las órdenes de captura, era necesario un pronunciamiento formal por parte del ente investigador. Según Patiño, desde la Fiscalía les indicaron que no era necesario y que la suspensión regía desde el momento en el que los integrantes del Clan del Golfo empiezan su tránsito por rutas definidas previamente hacia las ZUT y durante su estadía en esos espacios especiales.
Sobre el reparo de la Fiscalía a que la medida acoge inicialmente a solo cinco jefes del Clan del Golfo, el comisionado Patiño explicó que hubo una interpretación errada y que lo pactado en las negociaciones con el Clan del Golfo en Catar era que estas cinco personas llegarían primero a las ZUT para alistar el ingreso de los demás integrantes de ese grupo ilegal a esos espacios. “Desde luego, no tenía tal objeto. La idea es que llegaran primero los mandos para que organizaran desde la zona el desplazamiento de los otros miembros de esa organización y organizaran la estadía en esa zona”, dijo Patiño.
Sobre el pronunciamiento del ministro de Defensa, el comisionado Patiño indicó que, en efecto, la suspensión de las órdenes de captura solo aplica en las ZUT y en los polígonos y rutas definidas para el tránsito de los integrantes del Clan del Golfo hacia esos espacios. Por fuera de allí, las autoridades podrán adelantar operativos y capturar a los jefes de ese grupo ilegal, así como a los demás integrantes de esa organización amparados por la resolución que creó las ZUT y que suspendió las órdenes de captura.
Patiño señaló también que, en medio de toda esa discusión, pudo conversar por teléfono con el ministor de Defensa y acordaron que harán una reunión quincenal para hacerle seguimiento a la mesa de negociación y al funcionamiento de las ZUT, con el objetivo de evitar malentendidos por una copmunicación rota entre la Fiscalía y las dependencias del gobierno. En cuanto a la comunicación con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, concluyó que la próxima semana se reunirán para evitar confusiones sobre los “temas grises” de la negociación con el Clan del Golfo.
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