Gobierno le responde a la ONU sobre su preocupación por presupuesto y medidas contra la JEP

El pronunciamiento de la Cancillería responde de forma escueta a los cuestionamientos planteados por Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grazyna Baranowska, presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

En la carta, conocida por El Espectador, la Cancillería señala que el Gobierno Nacional "actúa dentro de sus competencias constitucionales, respeta la autonomía e independencia de la JEP, la separación de las ramas del poder público y las competencias que la Constitución Política atribuye al Congreso de la República en el trámite del Presupuesto General de la Nación y en la reforma de la Constitución".

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El primer cuestionamiento de los relatores de la ONU que responde la misiva está relacionado con el estado actual de los tres proyectos que tiene el Congreso en sus manos y que podrían cambiar las reglas del juego para la JEP: la reducción de COP 170.000 millones de su presupuesto para 2027, la reducción de su mandato de 15 a 10 años y la revisión automática de las sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública por parte del Tribunal Superior Militar y Policial. La respuesta dice que están en discusión y solo pone el 20 de octubre como fecha máxima para el trámite del Presupuesto General de la Nación.

Los relatores de la ONU también le habían pedido al gobierno del presidente De la Espriella explicar si habían evaluado el posible impacto de una reducción del presupuesto de la JEP. La respuesta desde el ejecutivo fue que la discusión del proyecto de presupuesto es del resorte del Congreso de la República, pero que el Ministerio de Justicia "tiene conocimiento de ella por fuentes públicas de información y no es posible explicarla más allá de lo difundido". Y agrega que, como la decisión sobre las finanzas aún no ha sido tomada, no es posible hablar todavía de medidas de mitigación de sus posibles efectos.

En la misiva inicial, el organismo internacional había expuesto su preocupación por la posibilidad de que el trabajo de la JEP se quedara a mitad de camino por cuenta de una reducción de su presupuesto o de un recorte de su mandato a un lapso de diez años. En esa línea, pidieron explicar cómo se garantizará el trabajo de la JEP de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto armado, en un eventual escenario de recortes.

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La respuesta señala que "el Estado continuará cumpliendo las obligaciones constitucionales vigentes con respecto de la JEP" y agrega que la instancia creada con el Acuerdo de Paz mantendrá su autonomía e independencia judicial. También dicen que el Ministerio de Justicia, desde su Dirección de Justicia Transicional, está acompañando el cumplimiento de las dos primeras sanciones restaurativas en firme contra el último secretariado de las Farc por secuestros y contra 12 exmilitares por falsos positivos.

Sobre la terminación de las investigaciones y juicios, el gobierno del presidente De la Espriella prefirió no pronunciarse. "Respecto de los supuestos hipotéticos planteados en la pregunta, el Gobierno Nacional considera que no procede pronunciarse sobre los efectos de decisiones que no han sido adoptadas. La culminación de las investigaciones, juicios y demás actuaciones corresponde a los órganos de la JEP, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, y el Estado continuará cumpliendo las obligaciones constitucionales vigentes para que la jurisdicción cumpla su mandato", dice la carta.

El otro proyecto sobre el cual pidieron claridades los relatores de la JEP es el de revisión automática de sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública. Una vez más, el gobierno del presidente De la Espriella respondió que no se pronunciaría al respecto. "La iniciativa no es de origen gubernamental y se encuentra en una etapa inicial de trámite, sin un texto definitivo. Por esta razón no resulta procedente que el Gobierno Nacional se pronuncie sobre una iniciativa legislativa que aún no existe como producto final", dice la carta enviada al organismo internacional.

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Sobre la forma en la que funcionaría ese mecanismo de revisión automática, reitera la respuesta del gobierno: "No resulta procedente pronunciarse sobre el alcance, el procedimiento, los efectos jurídicos ni las garantías de un mecanismo que hace parte de una iniciativa legislativa de origen parlamentario, en trámite y sin texto definitivo". Y agrega que, por ahora, la JEP seguirá funcionando bajo las reglas definidas desde su creación y se mantiene en firme el cumplimiento de sus sentencias.

Sobre un posible incumplimiento de los compromisos internacionales por parte del Estado colombiano y que se queden a mitad de camino la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición demandadas por las víctimas, el Gobierno Nacional le pidió aclaraciones a Naciones Unidas: "No es clara la referencia a una ‘reducción anticipada del mandato de la JEP’. Sin perjuicio de que pudiera referirse a la propuesta de modificación del artículo transitorio 15, respetuosamente se solicita a los Procedimientos Especiales precisar su alcance y la iniciativa a la que se refieren, de modo que el Gobierno Nacional pueda responder con exactitud".

Finalmente, el Gobierno Nacional señala que no se han adoptado ni ideado medidas para enfrentar los posibles efectos de los proyectos relacionados con la JEP que están en el Congreso. "Ninguna de las iniciativas descritas ha sido adoptada como norma. El Gobierno Nacional mantiene en ejecución las medidas que garantizan los derechos de las víctimas en el marco vigente", concluye la carga. Pese a las respuestas por parte del ejecutivo, las decisiones están en manos del Congreso.

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