Preocupa profundamente la falta de transparencia: ONU al Gobierno tras medidas contra la JEP

Por medio de una carta enviada al presidente Abelardo de la Espriella, cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le siguen la pista al cumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia manifestaron su preocupación por las posibles reducciones al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los proyectos de reforma constitucional para modificar su tiempo de duración y el alcance de sus sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública. En la misiva, conocida por El Espectador, el organismo internacional le hace al gobierno siete requerimientos de información relacionada con la protección de la justicia transicional.

El documento de 11 páginas tiene fecha del 29 de septiembre y está firmado por Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grazyna Baranowska, presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

La carta de los relatores de la ONU hace referencia al proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que se discute por estos días en el Congreso de la República, así como al traslado de COP 170.000 millones de sus finanzas al funcionamiento de la Rama Judicial. También a las iniciativas de reforma constitucional radicadas por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y por el partido Centro Democrático. La primera para reducir a diez años el tiempo de vida de la JEP y la segunda para que las sentencias contra exuniformados tengan revisión del Tribunal Superior Militar y Policial.

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En primer lugar, los relatores resaltaron los esfuerzos que, tras la firma del Acuerdo de Paz hace diez años, ha hecho el país para su implementación y el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. "Estos esfuerzos reflejan un compromiso con la consolidación de la paz, la garantía de los derechos de las víctimas y el abordaje de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el contexto del conflicto armado", señala la carta.

A renglón seguido, formulan una serie de "observaciones y preocupaciones" sobre el momento actual de la JEP y su diálogo con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Los relatores señalan que es obligación de cualquier Estado garantizar que las personas a quienes sus derechos les hayan sido vulnerados sean defendidos y reivindicados. "Los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. No investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones", se lee en la misiva.

Los relatores de Naciones Unidas le recordaron al gobierno de De la Espriella que la independencia de la justicia es un asunto que no tiene discusión. "El Comité de Derechos Humanos ha señalado que el requisito de competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal es un derecho absoluto que no está sujeto a ninguna excepción", dice la carta. Y agrega que la independencia judicial debe ser garantizada por el Estado: "Las decisiones presupuestarias que afecten al poder judicial deben basarse en criterios objetivos y transparentes, tomar en cuenta la carga de trabajo y las necesidades operativas, y brindar al poder judicial una oportunidad efectiva para presentar su posición".

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Foto: Archivo Particular

La misiva agrega que las decisiones del Ejecutivo sobre el presupuesto no han sido lo suficientemente transparentes: "También nos preocupa profundamente la falta de consulta y de transparencia en torno a las decisiones de recortar la financiación y a su aplicación. Esta deficiencia procedimental puede dejar a las poblaciones vulnerables sin un apoyo previsible ni mecanismos de reparación. Esta falta de transparencia y claridad, la ausencia de consultas y unas medidas aparentemente arbitrarias y de gran alcance suponen un riesgo significativo de causar un daño al proceso de justicia transicional".

Los relatores ratifican, además, lo que el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, ha advertido desde que iniciaron las amenazas de recorte a las finanzas de la justicia transicional: que una eventual desfinanciación pondría en riesgo su independencia y su deber de cumplirles a las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Una responsabilidad que es, al mismo tiempo, del Estado. "Recalcamos que la adopción de tales medidas no puede estar sujeta a vaivenes políticos, ni ser sometida a regresiones, ya que comprometen la responsabilidad internacional del Estado", dice la carta.

En lo relacionado con la revisión automática de sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública por parte de la Justicia Penal Militar y Policial, el organismo internacional fue enfático en señalar que las competencias de este tipo de jurisdicciones son "excepcionales y restrictivas", en el sentido de que no pueden investigar, juzgar ni sancionar hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. "Resulta preocupante en la medida en que podría alterar sustancialmente el equilibrio institucional diseñado por el Sistema Integral para la Paz y generar tensiones con los estándares internacionales".

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Para los relatores de la ONU, aplicar un mecanismo de revisión automática a parte de las sentencias llevaría al Estado a correr el riesgo de "suplantar el procedimiento de apelación y revisión existentes" en una instancia que goza de plena autonomía, como lo es la JEP. "Esto representaría una amenaza significativa para la independencia judicial en Colombia", señala la carta. Agrega que, si bien todas las personas tienen derecho a que las condenas en su contra sean revisadas, la forma en la que lo propone el proyecto de reforma constitucional del Centro Democrático que está en manos del Congreso toma una vía incorrecta.

"La reforma, tal y como está propuesta, socavaría ese derecho al transferir selectivamente ciertos casos a tribunales militares, posiblemente con la intención de obtener un resultado más indulgente y, por lo tanto, con el riesgo de establecer un procedimiento que negaría el derecho a la revisión por parte de un tribunal independiente e imparcial o el derecho de apelación", dice la carta. Y enfatiza que estaría fuera de lo que puede hacer la jurisdicción militar: "La competencia de los tribunales militares debe limitarse a infracciones de carácter estrictamente militar cometidas por personal militar, con exclusión de las violaciones de los derechos humanos, las cuales deben permanecer bajo la competencia de tribunales ordinarios o, en su caso, de mecanismos judiciales especializados competentes para conocer de delitos graves conforme al derecho internacional".

Eso, sumado a que se podrían poner en desventaja a las víctimas y sus derechos en el marco del proceso de la justicia transicional y su paso por manos del Tribunal Superior Militar y Policial. "Nos preocupa que la revisión automática propuesta parezca establecer un mecanismo diferenciado aplicable exclusivamente a un grupo específico de comparecientes, a saber, miembros de la Fuerza Pública. De confirmarse, ello podría producir un efecto práctico consistente en ampliar las oportunidades de impugnación en favor de una de las partes del proceso sin establecer mecanismos equivalentes dirigidos a salvaguardar los derechos de las víctimas reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos", dice la carta.

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Foto: JEP

El último apartado de preocupaciones de los relatores de Naciones Unidas está relacionado con el proyecto del senador Enrique Gómez, que reduciría el tiempo de vida de la JEP a diez años, hasta 2028. En su concepto, podría dejar a mitad de camino el trabajo de la justicia transicional. "Deseamos recordar que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente a graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", señala el pronunciamiento.

La carta concluye con una lista de siete peticiones claras al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella relacionadas con el estado actual de los tres proyectos que tiene en sus manos el Congreso y que afectarían a la JEP, el estado actual de su trámite y los objetivos de cada uno de ellos. También le pidieron al mandatario detallar cuáles son los análisis que han hecho en el Gobierno Nacional sobre el eventual impacto de la reducción del presupuesto de la justicia transicional, si han hecho esas evaluaciones o no. Así como el plan del Estado para garantizar que la JEP pueda culminar su trabajo de investigar, juzgar y sancionar, incluso en un escenario de recorte de sus finanzas.

Sobre la revisión automática en el Tribunal Superior Militar y Policial, los relatores pidieron detallar cómo será el funcionamiento de ese mecanismo: "Sírvase indicar qué medidas prevé adoptar el Estado para garantizar que esta revisión no afecte los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ni genere obstáculos que comprometan la ejecución de las decisiones de la JEP o la efectividad del modelo de justicia transicional establecido en el marco del Acuerdo de Paz". Finalmente, le piden al gobierno de De la Espriella explicar cómo, incluso en medio de las drásticas modificaciones a la JEP y a su presupuesto, el Estado colombiano cumplirá con todas sus obligaciones internacionales.

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